Por la frecuencia con que se registran en el país, el tema de los accidentes de tránsito, con sus fatales consecuencias en términos de vidas perdidas; de personas discapacitadas total o parcialmente y de cuantiosos daños materiales ha sido una constante en términos mediáticos.
Lo ha sido también de temprana preocupación en nuestro accionar periodístico, que hace ya más de cuatro décadas, siendo director del noticiario Radio Reporte, de La Voz del Trópico, nos llevó a organizar, preocupación compartida y propósito mancomunado con Rafael Molina Morillo y el vespertino El Nacional, del cual era propietario y director, el I Seminario sobre Tránsito en la República Dominicana. Fue un evento de gran participación, del cual surgieron propuestas muy atinadas que, por desgracia, quedaron reducidos a la categoría de simples buenos deseos, de medidas que pudieron y debieron adoptarse pero nunca se tomaron ni pusieron en práctica.
El número de vehículos por entonces era muy inferior al presente. El motoconchismo no se conocía. De hecho, apenas circulaban motocicletas. Y el concho como tal, era servido por UNACHOSIN en vehículo limpios, confortables y bien mantenidos, donde en el frente colgaba la tablilla con la fotografía y la identificación del chofer. El trato era gentil y cordial la relación con los pasajeros. El hecho de ser un sindicato oposicionista, introdujo el factor político en el transporte urbano con el surgimiento de otros sindicatos progobiernistas, lo que trajo como consecuencia el deterioro progresivo del servicio.
Fue una situación que el gobierno de Antonio Guzmán trató de resolver adquiriendo y retirando de las calles los carros del concho y pagando un sueldo a los choferes mientras de promovía el transporte colectivo, con la creación de ONATRATE, que en manos de Milcíades Pérez Polanco, comenzó a ofrecer un excelente servicio a base de minibuses. Fue un promisorio empeño que terminó por frustrarse posteriormente, tal como ocurrió con la CDA que por un tiempo llegó a controlar la mayor parte de las atractivas rutas de Miami y Puerto Rico. De entonces acá, ha llovido mucho. La línea-bandera desapareció a la espera de volver a mostrarse en nuestro cielo, mientras la situación del tránsito vehicular se ha ido complicando cada vez más y aumentando de manera casi catastrófica la cantidad y gravedad de los accidentes.
Ahora, después de larga espera y cansona insistencia, disponemos al fin de una nueva ley de tránsito y un novedoso organismo regulador del mismo, bajo la modalidad de un Instituto, que es de esperar sustituya y deje sin efecto la multiplicidad de organismos creados en el tiempo que, cada uno por cuenta, sin real concierto, estaban supuestos a intervenir en la regulación del transporte, tanto público como de carga, lo que nunca consiguieron a derechas, salvo que se mantengan como fuentes de empleo clientelista como ocurre con la abultada nómina del cada vez más empobrecido CEA.
Toda persona sensata está de acuerdo en que el país requiere de una ley actualizada que regule el tránsito tanto público como privado, de pasajeros y de carga. Que es necesario elevar el monto de las multas y las penalidades a los conductores desaprensivos que quieren seguir violando las normas con la misma impunidad que hasta ahora. Y que permita, sobre todo, reducir el número de accidentes y la elevada cantidad de personas que pierden la vida, o quedan discapacitados total o parcialmente por esa razón. Pero algunas disposiciones de la nueva ley provocaran cambios profundos no solo en lo tocante a la regulación del tránsito, generando situaciones paralelas que es preciso tomar en cuenta.
Una de ellas: que con la prohibición de que personas de más de 65 años presten servicio en el transporte público y de carga, se estima que más de 33 mil choferes quedarán sin trabajo, lo cual originará un grave problema socio-económico al cual no podemos darle la espalda.
Otra, que al limitar el número de pasajeros en los carros de concho y los ómnibus, choferes del concho y empresas de transporte presionarán por un aumento en el precio de los pasajes, lo que mermará aún más el presupuesto de cientos de miles de personas que no disponen de vehículo propio y las cuales, al presente, tienen que destinar una buena cantidad de sus ingresos para pagar los elevados costos de transportación a sus lugares de trabajo y distintas diligencias.
Y la tercera, que el monto de las multas, si bien debe ser suficientemente elevado para que el transgresor lo piense dos veces antes de violar las normas, tal como ha ocurrido en otros países con positivos resultados, en caso de ser demasiado exagerado tenderá a generar fuertes protestas en un sector tan agresivo como el choferil, y posiblemente contribuya a estimular la evasión. De paso, hay que facilitar el mecanismo de pago de las multas que al presente está sometido a un molestoso y dilatado calvario burocrático que no se justifica teniendo a mano los eficientes medios que provee la moderna tecnología.
Por lo demás, a reserva de cualesquiera otros ajustes, vale saludar la ley como reflejo de esta nueva actitud y saludable interés en regular nuestro desordenado y caótico sistema de tránsito, preñado de violencia callejera, a fin de poner freno a la interminable sangría de los accidentes vehiculares, que por mucho constituyen la principal causa de muertes violentas en el país.