En más de una ocasión, el presidente Luís Abinader ha sido criticado porque, supuestamente, se deja influenciar por las redes y la opinión pública. Sin embargo, él mismo ha dicho que tiene interés de escuchar, de aprender de las opiniones de los otros y, hay que reconocer que, hasta este momento, ha practicado un necesario ejercicio de descentralización del poder político.
Quizás los ejemplos más reciente de la voluntad deliberativa del ejecutivo son; la postergación de la propuesta de la reforma fiscal debido al rechazo generalizado de varios sectores de la sociedad y, la convocatoria presidencial de diálogo por las 16 reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del estado. Un esfuerzo del gobierno, los partidos, los empresarios y la sociedad civil para consensuar las reformas económicas, políticas y sociales a través del consejo económico y social (CES), (https://ces.gob.do/index.php/noticias).
Sin dejar de reconocer la importancia de la disposición e, intencionalidad del liderazgo político del ejecutivo, hay que destacar también que, desde hace varias décadas, se ha estado produciendo una nueva cartografía de las relaciones de poder en el campo político dominicano, que plantea la necesidad de consensuar y deliberar las decisiones públicas.
Por un lado, con la creciente influencia de los organismos financieros internacionales y el desarrollo de nuevos grupos empresariales, se ha reducido la capacidad estatal de intervenir y regular el mercado. Por otro lado, el auge de los medios de comunicación, las redes sociales, la aparición de nuevas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, ha hecho posible el fortalecimiento de la capacidad de comunicación, organización y movilización de nuevos actores sociales. En ese sentido, el Estado dominicano ha perdido el monopolio del poder de la información y la comunicación, porque debe competir con nuevos actores empresariales y de la sociedad civil.
Como dirían por ahí, los partidos y los políticos profesionales no están solo en la cancha política y, el poder político, entendido como la autoridad legal-legitima de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia, ya no descansa exclusivamente en los congresistas de los partidos, sino en una heterogeneidad de grupos, actores e instituciones sociales que participan de la construcción de lo público.
Tradicionalmente, el poder político se ha comprendido como una fuerza coercitiva, como la capacidad de las instituciones políticas tradicionales, de imponer sus intereses, voluntad e ideología a los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, en el marco del proceso de democratización y, el aumento de la influencia de la sociedad civil, la opinión pública y los movimientos sociales: feministas, ecológicos, juveniles, homosexuales, el poder o contrapoder (para algunos), se ha convertido es un medio legítimo de para garantizar los derechos civiles y culturales de los ciudadanos y, luchar en contra las coacciones e imposiciones del Estado y los partidos políticos.
Hay que estar de acuerdo que, el presidente Luís Abinader, hasta prueba contraria, ha mostrado una intencionalidad de deliberar y consensuar las decisiones públicas, que se ha expresado en la independencia de la procuraduría, la elección de los miembros de la junta central electoral, cámara de cuentas y otros organismos autónomos del Estado.
En ese sentido, en la actual coyuntura, el mapa político dominicano se caracteriza por; primero, las disposiciones del ejecutivo por dialogar y consensuar. Segundo, la persistencia de centralización y monopolización del poder de los congresistas de los partidos y, tercero, por el reclamo de la sociedad civil y los nuevos actores sociales por participar y democratizar el debate de los asuntos públicos.
Estamos ante una compleja coyuntura de crisis económica, social y de salud pública que cuestiona la política de centralización del poder de los congresistas y su incapacidad para funcionar en un contexto caracterizado por la globalización de los mercados, aumento de la pobreza, la desigualdad social y las luchas por la igualdad y los derechos humanos de los dominicanos(as).
En estos tiempos convulsos que vive la sociedad dominicana, los políticos profesionales deben generar confianza, solidaridad y entender que la gobernabilidad no descansa exclusivamente en la representación electoral, sino en principios de legitimación éticos y morales que se fundan en la capacidad de diálogo, comunicación y, el reconocimiento del otro como un interlocutor válido.