El vía crucis de la provincia Pedernales con el megarrobo de toda la parcela donde está la paradisíaca playa Bahía de las Águilas, parece que ha terminado. Después de varias batallas judiciales contra los timadores, durante dos décadas, el Gobierno acaba de ganar la guerra.
Este miércoles 19 de septiembre de 2018, la Suprema Corte ha confirmado la sentencia de nulidad de todos los títulos emitidos con mala fe a favor de particulares para “producir alimentos” donde solo hay rocas filosas. Los jueces de la Tercera Sala Penal han rechazado 25 recursos de casación interpuestos por “adquirientes”, y han confirmado la sentencia del Tribunal de Tierras (24-2-2016) sobre la parcela 215-A, del Distrito Catastral 3, del municipio Enriquillo.
Liberar aquella área de conflictos jurídicos –decían– era condición imprescindible para posesionar inversionistas turísticos nacionales y extranjeros. Y es cierto. Ningún empresario, ni loco que sea, arriesgaría una millonada de dólares en el desarrollo de proyectos sin contar con garantía legal.
El camino ha sido liberado de escollos de ese tipo. Y, si esa era la excusa para hacer nada por esa empobrecida comunidad del suroeste fronterizo, se supone que, desde ya, comenzará la construcción de las “cuchumil” habitaciones requeprometidas por el ministro de Turismo, Francisco Javier García. Y en Pedernales habrá empleos para darle al resto del país.
Vale decir, sin embargo, que al Gobierno le cogió la noche sin ejecutar infraestructuras fundamentales, previo al desarrollo de la llamada “industria sin chimenea”. La carretera que conecta las provincias Barahona y Pedernales es un desastre; no apta para cardíacos. Requiere una variación costosa que permitiría la circulación de autobuses y demás vehículos con la seguridad necesaria, pero la sensibilidad de Obras Públicas solo llega hasta la primera provincia, la suya. El servicio de agua es escaso y malo. La modernización del alumbrado se ha quedado en promesas. El muelle ha sido abandonado. Dañaron parte del entorno de Bahía y Cabo Rojo con el minado de las montañas para producir cemento. Y, para colmo, ante el silencio irresponsable de mucha gente, incluyendo ambientalistas, han vuelto a exprimir la bauxita cercana al Parque Baoruco bajo justificaciones aparentemente estúpidas.
Sin dudas que los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, desde 1996, en general, han sido coherentes con la decisión de no negociar con ladrones directos e indirectos de las tierras de Bahía de las Águilas. Excelente. Aplausos.
Eso no significa, sin embargo, que dentro de la misma estructura del Estado (Ejecutivo, Congreso, Justicia) no haya funcionarios altos y medios metidos hasta el tuétano en aquel latrocinio. Pero hay también opositores, pregoneros mediáticos de ética, que, a través de testaferros, se habían apropiado de muchas hectáreas allí, o actuaron como asesores de pillos.
Y a esas personas hay que desenmascararlas. O, en su defecto, aislarlas. Porque, “perro huevero, aunque le quemen el hocico”. Es fácil ubicarlas; así que no valen las excusas. Basta con mirar hacia el pasado y hurgar en sus posiciones desde aquellos días del balaguerato en que se concretó la maña del siglo en República Dominicana. Desde entonces han sido escurridizas, tibias, protectoras del delito, aunque ahora, aprovechándose del olvido rápido del dominicano, se presenten como mesías.
Ojalá que después de la sentencia de la Suprema, finiquitando la noche larga de Bahía de las Águilas, no aparezcan nuevos dueños, ni obstáculos para comenzar proyectos con el menor impacto posible al ambiente. Ojalá que lleguen inversionistas de todas partes, y no obstaculicen a los chinos. Y ojalá aprendamos de las malas experiencias de otros polos con la promiscuidad, la explotación sexual de menores, las drogas y el descontrol con delincuentes internacionales.