Agenda insular

La necesidad de la reanudación del diálogo Haití-RD

Por Edwin Paraison

Si algo estaba claro desde el principio, en la República Dominicana, era que  la sentencia del Tribunal Constitucional (TC-168/13), traería consecuencias internacionales. Estas fueron señaladas por las juezas disidentes y por un sin número de destacadas personalidades dominicanas antes de las intervenciones de las autoridades haitianas.

En el oeste, casi dos meses después de la sentencia, la oposición local y la diáspora haitiana criticaban a los altos mandos ejecutivos, Primer Ministro y Jefe de Estado, el no haber intervenido ante un problema que afecta miles de dominicanos de origen  haitiano en momentos que suscitaba reacciones de varios organismos y personalidades internacionales.

El primer round internacional fue en el Consejo Permanente de la Organización Estados Americanos (OEA) a instancias del gobierno de San Vicente y las Granadinas.  Es por esa razón que la Comisión Interamericana  de los Derechos Humanos (CIDH) inicia este lunes, 2 de diciembre, una visita "in loco" a República Dominicana.

Venezuela, que no deja de reconocer una deuda histórica con Haití por la ayuda de Petion a Bolívar, pero que también tiene una relación cercana con República Dominicana por haber sido tierra de exilio de su fundador Juan Pablo Duarte, quiso mediar en el asunto alentando un dialogo bilateral.

Se firmó una declaración conjunta en Santo Domingo en la cual los dos gobiernos (de Haití y RD) se comprometían a priorizar el dialogo para manejar la situación.

No obstante, la situación en Neiba, por tener antecedentes desde 2005 en su mayoría impunes, de linchamiento de un ciudadano haitiano y al no recibir,  hasta ahora, una condena oficial dominicana, fue considerada por Puerto Príncipe como un atropello a la manifestación de buena voluntad expresada.

En esas circunstancias cerca de 1000 personas han sido recibidas en Haiti. Muchas por voluntad propia para salvar sus vidas ante los actos de venganza colectiva desatados en Neiba por la muerte violenta de una pareja dominicana supuestamente por dos haitianos. Otras, de acuerdo a sus testimonios a las autoridades haitianas, fueron repatriadas "manu miltari", incluso casos comprobados de por lo menos 5 dominicanos de origen haitiano, según del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR).

Dichos operativos al efectuarse sin  coordinación con las autoridades haitianas, ni siquiera el consulado mas próximo de Barahona,  en principio, en horas de la noche,  fueran vistas por los actores sociales  como repatriaciones forzosas.

Es hasta cierto punto comprensible que en el contexto de contestación de la sentencia estos nuevos hechos violentos provocaran una indignación  generalizada en Haití, la cual motivó en parte el discurso enérgico del presidente Michel Martelly en la Caricom, el mismo escenario en el cual ese bloque tomó la decisión de suspender la solicitud dominicana de ser miembra de esa entidad.

Es oportuno señalar que el tema de la sentencia estaba ya en la agenda de esa reunión antes de la firma entre las dos partes de la declaración de buena voluntad.

Por igual, que la presencia del presidente haitiano era obligatoria para entregar la presidencia de la Caricom al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonzalves.

La reacción en República Dominicana fue la ruptura unilateral del dialogo, acusando a Haití de haber violado los términos de la declaración Casimir/Montalvo.

Es evidente que hay lecturas diferentes y quizás erróneas de parte y parte de los últimos acontecimientos al tener recíprocamente, de acuerdo a sus criterios, motivos para acusar a la otra.

Es importante señalar que siendo la sentencia del TC una cuestión esencialmente de derechos humanos, el dossier seguirá su curso en los organismos competentes independientemente de lo que los gobiernos haitiano y dominicano pudieran acordar. Tomando en cuenta que  la participación haitiana pese a ser institucionalmente justificada por existir en el vecino país un Ministerio de la diaspora, no goza de aceptación unánime, entre los interesados, en el contexto dominicano.

Hay que evitar profundizar la abierta crisis diplomática entre dos países hermanos por una equivocada decisión judicial.

Más voces se suman a animar a las partes a reanudar el diálogo. La Fundación Zile lo planteó en sus recomendaciones al Consejo Nacional de Migración sobre el Plan de Regularización por ser imprescindible un acuerdo de cooperación sobre este tema.

La sugerencia del nuevo nuncio apostólico del Papa Francisco, Jude Thaddeus Okolo, sobre  la reanudación  diálogo y la alternativa humanitaria propuesta en principio por el presidente Medina son aspectos que deberían ser considerados por las autoridades de los dos países.

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