Como todos han tenido constancia, el 28 de noviembre del 2014, el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, en virtud del Artículo 102 de la Constitución de la República Dominicana, devolvió sin promulgar a la Cámara de Diputados, la Ley que contiene el Código Penal de la República Dominicana, en razón de algunas observaciones que este realizara específicamente a los Artículos 107, 108, 109 y 110 de dicho texto, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.

El interés del mandatario de conformidad con dicho oficio, que para muchas personas es esencialmente político, resultó de la imperiosidad de salvaguardar los derechos fundamentales de la mujer, tales como “el derecho a la vida, salud, dignidad humana e integridad psíquica y moral”, y a la vez eximir de responsabilidad penal a los profesionales de la salud que actúen en la preservación de los citados derechos, sin embargo, remitió a una ley especial que ni siquiera se ha concebido las condiciones que deben darse para interrumpir el embarazo de cara a la protección de los derechos fundamentales descritos.

El aspecto que pone a arder mis sentidos, es el hecho de que en esta “nación”, todo lo hacemos a “retazos”. Si promulgamos el Código Procesal Penal, dejamos sin resolver el aspecto de la policía técnica judicial y los fiscales que se las arreglen como puedan. Si primero creamos nuevas altas cortes, después nos “las buscamos” a la carrera, para crearles los espacios donde van a operar. Si la criminalidad aumenta en un período determinado, pues, algunos descerebrados, sólo proponen el aumento de las penas, como si sus neuronas se encontrasen esclavizadas por el siniestro ámbito de una miseriosa caja de navidad. ¡Qué talento!

Nadie ha estado ajeno a que en los últimos tiempos hemos sido testigos de un nuevo empuje de los hechos de sangre, como conducta social casi aprobada por la sociedad y las autoridades, ya que estas vienen perdiendo hace un tiempo, la capacidad de asombro ante la cotidianidad de los mismos, provocando cada vez que las familias acudan más temprano a sus entornos y así dejar a los “dueños de la calle” hacer y deshacer a sus anchas en la casa grande. Parecemos una isla sin reglas, aspirando sólo a disfrutar del yodo y la brisa que nos ofrece pasar por el malecón en horas del día. ¡Qué pena!

Aquí ninguna autoridad piensa o propone una reforma integral general de todo el espectro penal de la República Dominicana que incluya los temas de violencia de género, narcotráfico, lavado de activos, conspiración, entre otros, y dejar de estar jugando al populismo que tanto asquea,  preocupándose mejor por generar nuevas campañas de prevención de la criminalidad en todos los órdenes como principio base para el control de la misma.

Las normas penales no generan nuevos valores y principios, ya que no constituyen un sistema de comportamiento humano dentro de la sociedad, pero, no pudiera imaginarme un derecho penal desconectado de las instancias del control social, ya que partiendo de las mismas es que el derecho penal cobra sentido en su existencia, puesto que lo considero la continuación de un conglomerado de instituciones públicas y privadas cuya tarea debe consistir igualmente en socializar y educar para la convivencia de los individuos a través del aprendizaje e interiorización de determinadas pautas de comportamiento.

Lo que vuelvo a lamentar es que en esta ocasión ha sido al Código Penal que le ha llegado su Navidad, en ausencia de una reforma penal integral, y es por eso que cobran vida las presunciones de los ciudadanos pensantes sobre la posibilidad de modificar la Constitución para ajustarla a la ley especial que habrá de nacer, y de paso, aprovechar las circunstancias y colar como café amargo para muchos, el tema de la reelección. ¡Somos el mejor paisaje para el mundo!