En esta semana nos hemos enterado de la horrenda realidad del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el más grande en su especialidad en la República Dominicana, donde mueren 60 infantes al mes, dos al día, de un promedio de entre 30 y 40 nacimientos diarios.
El fallecimiento de 14 infantes durante el fin de semana del 23, 24 y 25 de junio produjo una fuerte reacción en los medios y las redes sociales. Mientras, programas radiales dan cuenta de las pésimas condiciones del hospital, en donde varias parturientas duermen en una sola cama y escasean los equipos y los medicamentos. De ello se hacen eco pacientes y progenitores que se quejan, además, del trato vejatorio que reciben las parturientas y sus familiares por parte del personal de salud.
Y ante tan terrorífica realidad, la gerente de Perinatología, Dra. Danny Peña, insiste en que "el hospital funciona con normalidad, de manera regular".
En tanto ostentadora del reparto de beneficios del cartelizado régimen político controlado por el PLD, uno de cuyos mecanismos de control es la mentira y la manipulación, la administradora insiste en que el hospital no carece de insumos, que ese índice de mortalidad no es tan alto y que los recién nacidos mueren por anomalías congénitas y por el padecimiento de enfermedades de las madres, no por las precariedades y el mal funcionamiento del hospital.
La espantosa realidad de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia constituye un fiel reflejo de la penosa situación de la neonatalidad en el país.
 
En el 2016 la República Dominicana vivió una situación de emergencia sanitaria debido a la alta cifra de mortalidad neonatal que según la UNICEF equivale a 24 defunciones neonatales por cada mil nacidos vivos, de tal forma que, de cada 200,000 niñas y niños que nacen al año mueren 4,000. 
 
La principal causante de esta barbarie es la inoperancia de una administración estatal, cuyos representantes viven en el boato, indiferentes a la miseria que padece la gran mayoría, embriagados por el comfort que les confiere el ultrajado erario público a través de la prevaricación, las prebendas y los sobornos.
Cuán diferente sería la realidad de infantes y progenitores si lográsemos revertir esta crueldad combatiendo la corrupción, encarcelando a los corruptos y obligándoles a devolver lo robado para invertirlo en la alimentación, la salud, la vivienda y la educación de la población.