El pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular promovido por la Organización Internacional para las Migraciones ha avivado el debate nacional en las últimas semanas. Su rechazo por parte del gobierno dominicano constituye un indicador de lo espinoso que es el tema para nuestra comunidad insular. Sin embargo, de esta experiencia se pueden aprender varias lecciones. La más importante de estas es que los pactos con otras naciones precisan ir a tono con los pactos y consensos que se produzcan a escala nacional, contrario a lo que ha sido costumbre en nuestra política exterior.
Los acuerdos de voluntades sobre los temas que impactan la convivencia y la paz social en la República Dominicana han de ser el resultado de debates donde se midan las distintas posturas y se ponderen los matices de temas como el migratorio. En la República Dominicana, a pesar de dar la apariencia de un consenso sobre la materia no se ha producido este debate desde una perspectiva técnica y consensuando con todos los sectores productivos, de control, seguridad contemplando la perspectiva de los derechos humanos. La Ley General de Migración 285-04 en su aplicación ha presentado dificultades y su implementación a 14 años de ser promulgada ofrece considerables oportunidades de mejora.
La migración, al igual que la educación, la energía, las comunicaciones, el trabajo son grandes temas nacionales cuya regulación precisa de pactos de Estado entendiendo por estos consensos nacionales a los que se arriba a través del diálogo y del debate basado en evidencias recogidas con rigor técnico y metodológico. En este sentido es oportuno robustecer los sistemas de investigación científica en la República Dominicana, el rol de las academias e institutos de investigación es trascendental para informar los debates y asesorar la toma de decisiones.
El cumplimiento de las acciones programáticas y su vigencia en el tiempo puede garantizarse en la medida de que estas sean productos de consensos. Gobierno a Gobierno las decisiones pueden variar en función de las coyunturas del momento en la gestión de los temas públicos. Pero los pactos de Estado que involucran a los actores políticos y sociales aportan estabilidad a las decisiones y a las políticas públicas implementadas en razón de ellos.
La migración en República Dominicana precisa un nuevo pacto nacional como elemento previo a un pacto con la comunidad internacional. Un pacto que incorpore las perspectivas éticas y de derechos humanos, pero que también declare el papel de la migración en el desarrollo del país y la relación con los millones de dominicanos y sus descendientes que viven desarrollan sus proyectos de vida en otras latitudes.