En su afán por desprestigiar el proceso de regularización de extranjeros que se realiza en República Dominicana, las autoridades del vecino país han tratado de contrariar cada paso que se da en procura de ese objetivo, pero también ignorar los acuerdos arribados con su contraparte de este lado de la frontera.
En estos momentos, su mayor interés es lograr una condena de República Dominicana ante la comunidad internacional. Y para ello ha pedido -y conseguido- que una misión de la OEA venga a observar la situación con el proceso de regularización.
Pero la OEA, de triste recordación para los dominicanos, lo que debe hacer es venir a pedir perdón al pueblo dominicano – tal y como planteó hace pocos días el director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo- por la ofensa cometida hace medio siglo, cuando ese organismo hemisférico tuvo que mentir para legitimar la grosera intervención militar yanki en 1965.
En varias oportunidades, el gobierno del vecino país prometió dotar de documentos a los cientos de miles de sus ciudadanos que viven de forma ilegal en República Dominicana. Al cabo de un tiempo, muy poco se hizo en la práctica
Haití y su gobierno, en medio de tantísimas dificultades generadas por un gobernante cuestionado por su propio pueblo, ni siquiera han podido organizar el proceso para unos comicios que se le vienen encima.
Desde acá se ha tratado de poner coto –legítimo derecho, con todo y sus imperfecciones- a las masivas incursiones de haitianos ilegales al territorio nacional. La porosidad de la frontera contribuye con esa práctica, lo que va intrínsecamente aparejado con la “mordida” de militares destacados allí y que se hacen de la vista gorda ante las incursiones ilegales de los extranjeros.
El Estado haitiano -si es que aún se le puede llamar de ese modo- mantiene en el ostracismo a la inmensa mayoría de su gente. No dotar de documento legal a un niño cuando nace constituye un crimen incalificable. De esa manera, la continuidad de lo que es el Estado se ve seriamente afectada.
Las autoridades haitianas han dado demostraciones fehacientes que en en cada paso que dan en estas discusiones mienten a la comunidad internacional. La prensa del vecino país les hace el juego, lo mismo que organismos internacionales que apuestan a que el Estado dominicano se haga cargo de la terrible miseria que vive Haití.
En varias oportunidades, el gobierno del vecino país prometió dotar de documentos a los cientos de miles de sus ciudadanos que viven de forma ilegal en República Dominicana. Al cabo de un tiempo, muy poco se hizo en la práctica.
El presidente Michel Martelly, el primer ministro Evans Paul, y el canciller Lener Renauld son artífices en mentir a la comunidad internacional y a su propio pueblo. Ellos tienen que saber que la mentira es mala consejera.
Durante un reciente encuentro con su homólogo dominicano, el canciller haitiano prometió que el gobierno de su país estaba inmerso en el proceso de resolución de los problemas de la producción de libretas de pasaporte pendientes de emisión para los haitianos que residen en República Dominicana, tarea que a su juicio “ha dificultado” el cumplimiento de las responsabilidades haitianas en el proceso de regularización de sus nacionales.
"Actualmente estamos trabajando en el proceso de estructuración de un documento de identificación nacional -una especie de cédula de identidad- con el propósito de emitir el documento a la mayor brevedad posible a aquellos haitianos que apliquen en el Plan de Regularización en la República Dominicana", dijo entonces Renauld.
Esa constituyó otra de sus vulgares mentiras, porque muy poco hicieron en la práctica, como también decir en el plenario de la OEA que la Universidad estatal en República Dominicana no tiene matriculación de estudiantes haitianos.
La comunidad internacional debe entender que República Dominicana no puede asumir las consecuencias del descalabro ecológico, económico, social y político en que hoy día viven los haitianos que, como paradoja del destino, su país fue el primero que proclamó su independencia en Latinoamérica, el primero de enero de 1804, luego de una cruenta revolución que puso término al dominio de Francia.
Renauld, que a principio de asumir como canciller prometió un trabajo mancomunado con sus vecinos, ha cogido el escenario de la OEA para pedir una intervención en República Dominicana.
En la ocasión, pidió reanudar el diálogo entre las autoridades de ambos países. Sucede que cada vez que se acude a la mesa del diálogo, a la hora de poner en práctica los términos acordados, las autoridades haitianas incumplen con la parte que les toca. Y, en honor a la verdad, así no se puede llegar a ningún acuerdo, pero mucho menos buscar soluciones a los problemas.
Indiscutiblemente, el gobierno de Haití ha perdido la perspectiva.