El 16 de febrero de 2020 será un día para la historia por siempre, la única vez en nuestra democracia post dictadura que se han cancelado unas elecciones. Ni siquiera con el fracaso de los escáneres de las elecciones de 2016 se llegó a este punto tan bajo en nuestro devenir institucional.
Las elecciones son cruciales siempre, sin importar la jerarquía de lo que estaba en juego pues algunos han querido minimizar esta situación en el entendido de que “por suerte” que eran las elecciones municipales. Las elecciones permiten sacar un poco de chispas a esta democracia representativa tan gris en la que vivimos, y permitir dar legitimidad democrática de las posiciones.
El voto es la expresión sublime de la voz ciudadana, con el cual no solo manifiesta su posición política, su confianza en las instituciones o su castigo a las malas gestiones; sino que es el ejercicio más pleno del derecho a elegir que es propio del soberano. Por eso la cancelación de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 fue un hecho extremadamente grave y una irresponsabilidad mayúscula, que vulneró el derecho al voto y ocasionó una crisis institucional innecesaria.
Esta irresponsabilidad recae solamente sobre todos los miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La Constitución establece claramente que la misión principal de la JCE es la de organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de las elecciones y por ello, todos los miembros de la JCE fallaron en su principal encomienda al cancelarse las elecciones municipales.
Parece que en este país solo sufren las consecuencias de sus actos los más humildes o jodidos del sistema: el trabajador que se equivoca, lo desahucian o despiden; al que le imputan un delito, en lo que se averigua, por solo estar involucrado, le dan prisión preventiva; el microempresario que no manda un reporte tributario a tiempo, le clausuran el negocio
Lo más lastimoso de esta situación es que doce días después de ese fatídico episodio, la población no sabe quiénes son los responsables de que el voto automatizado no funcionara y se pervirtiera todo el proceso eleccionario.
Si el país tuviera un poco más de institucionalidad democrática, los jóvenes de la Plaza de la Bandera ni la gente en sus casas con las cacerolas, tuvieran que pedirle a los miembros de la JCE, Pleno y suplentes incluidos, su renuncia. La honorabilidad se mide, justamente, en los momentos críticos y no cuando todo marcha bien y en control.
¿Para qué sirve la honorabilidad si no se puede asumir la responsabilidad de los desastres cuando toca? La honorabilidad no es excusa para el incumplimiento de la principal responsabilidad de este órgano constitucional.
No se trató de unas elecciones de un colegio profesional que salió mal o de unas primarias que salieron mal. Se trató, tengo que necesariamente hacer el énfasis, de unas elecciones generales municipales inéditas en el país y que le costaron al contribuyente dominicano miles de millones de pesos. República Dominicana es un país extremadamente desigual y con mucha pobreza material y espiritual, que jamás en la vida puede darse el lujo de despilfarrar el dinero como lo hizo la JCE el 16 de febrero de 2020.
¿Cuántos hospitales, centros de atención primaria, carreteras, escuelas, acueductos, programas educativos y aumentos de salarios para los docentes y personal sanitario se podían haber hecho con el dinero despilfarrado el 16 de febrero de 2020? Sí, la democracia es cara y lo entiendo; pero eso no implica que pueda jugarse con los fondos públicos, pues estos son los que permiten que el Estado garantice los derechos fundamentales y su ejercicio efectivo.
No puede ser que se cancelen unas elecciones y nada pase, y la respuesta del Pleno de la JCE sea: yo soy honorable, celebremos elecciones el 15 de marzo. ¿Y la responsabilidad? Parece que en este país solo sufren las consecuencias de sus actos los más humildes o jodidos del sistema: el trabajador que se equivoca, lo desahucian o despiden; al que le imputan un delito, en lo que se averigua, por solo estar involucrado, le dan prisión preventiva; el microempresario que no manda un reporte tributario a tiempo, le clausuran el negocio.
La JCE no logra que se puedan celebrar las elecciones municipales en la fecha constitucionalmente pautada desde 2010 y el tema es que son honorables. Elecciones el 15 de marzo de 2020, sí, hay que hacerlo masivamente; pero la clase política debe estar a la altura del conflicto como en otras ocasiones lo ha estado y lo ha demostrado en momentos más graves. Si realmente se le exigiera lo válido, en una semana seguro que se resuelve a favor de todas las partes el problema de confianza que la propia JCE se ocasionó.