La del domingo 22 fue la “marcha contra la impunidad” en República Dominicana. El verde simbolizó la esperanza de que las cosas cambien en términos de manejo del erario público, la transparencia y el castigo penal a quienes malversan los fondos públicos. Es innegable, la marcha fue un éxito y es probable que inicie un nuevo periodo en la organización y ejecución de protestas de este tipo. Pero siempre tenemos la gran pregunta: ¿Valen la pena? ¿Qué cambia después de una marcha? ¿Han perdido valor democrático?
Antes de responder estas cuestiones, conviene explicitar algunos puntos semánticos. Primero, “marcha” es sinónimo de “protesta”; pero no de “revuelta”. Protestar es mostrar oposición a algo, con lo que no se está de acuerdo por múltiples razones. Cuando este ejercicio se realiza en las calles, de uso público, los manifestantes expresan su desacuerdo/acuerdo públicamente; el mero hecho de estar en las calles es la manifestación-significación de que se adopta como bueno y válido la intencionalidad de la protesta y que se comulga con tal propósito. De esta forma, las manifestaciones populares tienen un valor simbólico, en el sentido que arrastran significados; pero no se reducen a mera acción simbólica, sino que son un llamado de atención a las autoridades de parte de un segmento significativo de la población. Mientras más personas asistan, mayor significación del llamado.
Contrario a las revueltas sociales, las marchas no persiguen un cambio radical del sistema de gobierno. Las marchas o manifestaciones sociales se concentran en objetivos más inmediatos, más coyunturales y giran alrededor de un tema, una iniciativa con arraigo público porque afecta de manera directa a la mayoría social o porque una minoría se siente no reconocida en tal o cual derecho. La atención de los destinatarios se traduce en acciones concretas en respuesta a lo demandado. Aquí es que se somete a prueba el nivel de escucha-compromiso de las autoridades elegidas por la comunidad.
Los elementos de la sociedad civil que convocan a la marcha lo hacen porque forman parte de un colectivo, con sus intereses afectados en mayor o menor grado o no reconocidos en el orden institucional y legal. Las exigencias que se formulan y demandan en la marcha tienen su destinatario concreto, del cual se solicita una acción inmediata en pos de la satisfacción de las demandas. La satisfacción de las demandas, por parte de las autoridades, marca el cese de las protestas. Esto último es de enorme importancia porque se pasa del componente emocional a lo pragmático de la marcha. Mientras no se traduzca en acciones de respuestas concretas y viables conforme a las demandas, se debe continuar en la jornada de manifestación. De modo que deberá haber más domingo 22 de enero hasta tanto no se cumpla de modo efectivo con lo demandado.
En enero de 1917, alrededor de la Casa Blanca, un grupo de mujeres hicieron un llamado por el reconocimiento social de sus aportes a la sociedad. Hasta el momento, la constitución norteamericana las excluía ejercer del supuesto “sufragio universal”. Durante largos meses demandaron ser escuchadas, sin éxito alguno. ¿Cedieron? No. Apareció el momento oportuno y su lucha-voz fue proyectada a nivel internacional. Para junio del mismo año, se enmendó la constitución y solo allí acabó la lucha: al otorgarle el reconocimiento del derecho al voto.
En enero de 2017, los miles de ciudadanos de todos los estratos sociales que allí marchamos lo hicimos por un propósito concreto: el fin de la impunidad. El mensaje es simple: se demanda de acciones concretas hacia la corrupción administrativa. Corresponde ahora a los órganos del aparato estatal dar respuestas a estas demandas. No sólo es cuestión del presidente de la República; sino que el sistema de justicia está llamado, de igual forma, a satisfacer las demandas de un colectivo nacional que aspira a una mejor democracia.
Las marchas, en todas sus formas, son un derecho fundamental en los regímenes democráticos. Su objetivo es doble: primero, invita y permite la identificación social de los individuos a través del reconocimiento de sus intereses colectivos y, segundo, aquilata la madera democrática de sus líderes. Una parte significativa de la población mostró su descontento; esperamos acciones-respuestas de parte del Estado.