La constitución Dominicana ha establecido un Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual el Estado es responsable de garantizar justicia social. Dicha idea sería comparable con los estados europeos y el estado de bienestar social. La gran diferencia con los Estados que han logrado garantizar el bienestar social es que han podido concentrar riquezas a través de políticas intervencionistas de la economía antes de liberar su mercado, así como subsidian e intervienen cada vez que es necesario, algo que en el caso Dominicano no se hizo, al ser presionados a competir en el libre comercio internacional y abandonar las protecciones arancelarias necesarias de nuestro mercado para fortalecerlo antes de emprender tal aventura. Es por esto que el Presidente Danilo Medina alzo su voz en la última Asamblea General de la ONU, ante la mala fe de los líderes del libre comercio. Recomiendo a los interesados en esta problemática leer el libro ‘’Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica’’ del economista Ha-Joon Chang.
Aunque la idea de justicia social para el empresariado neoliberal Dominicano la idea de compartir riquezas no es una que levante mucha motivación sobre todo entre algunas agrupaciones del sector privado, quienes abogan por un Estado mínimo y una libre competencia, a sabiendas de que vivimos en un estado de desigualdad social y económica donde no existen las condiciones para competir justamente y los vencedores y perdedores son evidentes.
Los gobiernos de diferentes partidos dominicanos se han encontrado ante la difícil oposición del sector neoliberal para construir dicho estado de bienestar. Aunque hoy en día lo ideal es que el Estado emprenda proyectos en alianza con el empresariado Dominicano, unos grupos empresariales neoliberales actúan con mala fe ante las iniciativas del primero de regular, participar e intervenir en el mercado.
Como todos sabemos los intereses de un empresario por lo general se resumen en dos; 1) Maximizar utilidades y 2) Reducir gastos operativos, a estos se les pueden agregar alcanzar mayor poder, liderazgo, ampliación nacional y/o internacional, socavar la competencia, entre otros. Se imaginaran que en este afán para los empresarios neoliberales los derechos laborales, el pago de impuestos y competir con empresas del Estado representan grandes obstáculos para la ‘‘libre actividad económica’’.
No es de extrañarnos que las agrupaciones empresariales neoliberales desde hace años han confrontado al Estado sobre sus iniciativas de participación en el mercado, el aumento o la creación de impuestos a sus actividades, el bloqueo de iniciativas de alza de salarios y los intentos de debilitar el Código Laboral. En algunos casos han triunfado en otros no. Sin embargo han conseguido implantar en la psique de la población Dominicana sus ideas neoliberales, lo que les suma apoyo popular de la misma clase trabajadora que explotan. Ideas universalistas como que todo lo político es malo, que la administración pública no puede ser eficiente y que la corrupción es una plaga que daña todo lo que toca, han hecho bastante éxito en la población (sobre todo la contribución evidente de funcionarios públicos corruptos), así como las ideas de que solo lo privado es pulcro, eficiente y capaz de dar servicios de calidad.
La reciente discusión del Pacto Eléctrico en torno a la Planta de Generación Eléctrica de Punta Catalina, ha llamado al fantasma neoliberal de la privatización, parece que hemos olvidado los estragos de ese proceso para Republica Dominicana en ese mismo sector, así como las consecuencias negativas que provoco en Latinoamérica dicha iniciativa del consenso de Washington. El Estado ha propuesto un 49%, el sector privado quiere el 100%. Siendo la energía eléctrica un factor imprescindible para el desarrollo de las y los dominicanos, que el Estado deje dicha área a merced del empresariado que no comparte los intereses de lo público, sería un fatal error. Los administradores de la CDEEE saben la mala fe de los generadores de energía, a quienes no les tiembla la mano en dejar a oscuras el país. El Estado no puede abrir mano de servicios esenciales y/o monopolios naturales como la energía, el agua, la seguridad y otros.
Para garantizar un buen funcionamiento de una empresa pública no es necesario privatizar. Banreservas y el Metro de Santo Domingo son ejemplos de empresas públicas con calidad en el servicio. La corrupción no es un mal que solo habita en lo público, también el sector privado puede ser corrupto y no respetar las leyes dominicanas. El mismo riesgo de crisis presupuestarias en instituciones públicas la viven las empresas privadas quienes realizan operaciones riesgosas, un ejemplo han sido los rescates financieros que realizo Obama a Wall Street y a la industria automotriz.
Como plantea Ha-Joon Chang en su libro ¿Qué fue del buen samaritano? en 2007, el discurso de los neoliberales y su loable preocupación por la democracia es de aplaudir, sin embargo la democracia solo existe para ellos cuando no contradiga sus intereses. El empresariado neoliberal Dominicano se ha abrogado la tarea de desacreditar la política en general, para socavar su autoridad y bloquear la participación, regulación e intervención en el mercado del Estado. A los empresarios neoliberales les preocupa que la política abra la puerta a la transformación de la racionalidad del mercado.
La privatización no ha hecho nada bueno por el Estado Dominicano ni por ningún otro país en América Latina. J. E. Stiglitz en su artículo ‘’El consenso post-Consenso de Washington’’ de 2004 argumenta que las privatizaciones en Argentina durante el gobierno de Menem estuvieron manchadas por la corrupción de monopolios naturales que resultaron en precios más altos para los consumidores al ejercerse el poder monopólico, a la vez argumenta que el proceso de privatización comprometió el alcance de objetivos para el desarrollo y en el caso de la Unión Soviética ‘’contribuyó al enorme aumento de la desigualdad, comprometiendo la legitimidad de los derechos privados’’.
Debería ser un chiste de mal gusto, presumir que el Estado se endeude con el dinero de los ciudadanos para adquirir un bien público que será traspasado a unas pocas manos a precio de vaca muerta para que este aumente sus riquezas y se coloque en una posición de poder superior a los intereses de la Nación. Esperemos que el Estado no caiga nuevamente en el chantaje y la mala fe del empresariado neoliberal Dominicano.