Substratos

La Ley No. 63-17 o las buenas expectativas que se perdieron

Por Julio Santana

“Las situaciones difíciles se hacen más difíciles si se excluyen los pequeños pasos que pueden ayudar”-Hugh Prather (autor de “Notes to Myself”).

La Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana (G. O. No. 10875 del 24 de febrero de 2017), al parecer, no tuvo nunca problemas de interpretación, integración, vigencia, retroactividad y conflicto en el espacio. Ella cumplió con rigor todos los requisitos del proceso de elaboración de leyes y recibió la aprobación unánime de las autoridades competentes en cuanto a forma y fondo.

Se trata de una norma completa que toca en detalle -y con el debido conocimiento de causa- los aspectos clave de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, además de crear la nueva institucionalidad necesaria. Una de sus disposiciones más importantes se refiere a la gradualidad y progresividad de solución de algunas cuestiones que no podrían ser solventadas en el corto ni mediano plazo, dada la gravedad de la situación creada por la turbia complicidad entre el Estado y los agentes privados involucrados durante casi tres décadas.

Al promulgarse la Ley, los asuntos concernientes a su aplicación comenzaron a solucionarse con asombrosa presteza. El Ejecutivo ordenó la elaboración de una serie de reglamentos importantes (32 en total) que se espera estén preparados antes de que finalice la primera mitad del presente año. Se fraguó la institucionalidad prevista, con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) como organismo rector, autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer cumplir dicha ley y sus reglamentos. 

También se crearon el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CODINTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), bajo la dependencia de la Policía Nacional, “como una dirección técnica y especializada que operará conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el INTRANT y su Consejo Directivo...” Se asignó a la Policía Nacional un rol activo y desafiante, en tanto sus agentes “serán responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos”.

Recordamos que, en el momento de su esperada promulgación, se pidió a la ciudadanía amarrarse los pantalones bajo la advertencia plausible de que el orden y la autoridad regresarían para siempre tanto a los negocios asociados al sector, como a las calles de nuestras caóticas ciudades.

Al igual que muchos, nuestro deseo era constatar en el mediano plazo el cumplimiento de esa promesa, esto es, el inicio de un nuevo y duradero orden que sometiera a la nueva normatividad los negocios que dominan el sector e hiciera cumplir a cabalidad las reglas más elementales y universales en materia de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial.

En respuesta a la advertencia, actuamos con determinación, movidos una vez más por la esperanza.

Compramos triangulitos refulgentes y aprovisionamientos médicos; renovamos nuestras licencias a la carrera; pagamos las multas pendientes; renovamos los seguros; el color rojo en los semáforos comenzó a recobrar su sentido original; nos convencimos por fin que es bueno amarrar la vida al cinturón; olvidamos los celulares inesperadamente; vimos por primera vez las rayas indicativas del paso de peatones; dejamos de estacionarnos cerca de las grandes intersecciones; las señales “de no giro” se hicieron más luminosas para nuestros ojos; increíblemente comenzamos a entender que ceder el paso a las personas de cualquier edad, como en la vieja Europa, es una elegante y convincente muestra de educación; las dobles rayas amarillas paralelas en avenidas y carreteras detuvieron repentinamente los rebases temerarios; los estacionamientos en las aceras nos parecieron de mal gusto; revisamos el estado de los neumáticos y frenos; iniciamos al amarre seguro de las cargas; los motoristas, dando increíbles muestras de simpatía por el anunciado nuevo orden, dejaron de subir a los elevados y evitaban los túneles; el instinto suicida y criminal de los conductores de camiones fue racionalizándose; comenzamos a poner luces traseras y delanteras a nuestros vehículos; anillamos los motores que despedían por sus tubos de escape negros nubarrones tóxicos y decidimos no superar los 90 kilómetros por hora en las autopistas interurbanas, entre otros muchos cambios conductuales trascendentales. Solo bastó mostrar el palo de una manera casi cortés para que comenzáramos la adopción de prácticas de clase mundial.

Pero, transcurridos once meses, la Ley no ha sido aplicada, por lo menos de manera ostensible, en ninguno de los componentes cruciales que definen su ámbito, excepto en lo que se refiere al recientemente anunciado registro de talleres. No sabíamos que las leyes debían esperar largos períodos preparatorios para su aplicación, aunque sabemos que a menudo contemplan, como es el caso, alguna gradualidad en las soluciones que proponen.

Debemos reconocer que las autoridades tienen a su favor el hecho de que, en el momento de constitución de las nuevas autoridades, los presupuestos de las viejas instituciones estaban agotados. De modo que la reforma institucional de unificación prevista, con muchos intereses encontrados, aparentemente no tenía cómo arrancar. No obstante, ya estamos gestionando un nuevo presupuesto.

Algo parece irrebatible: el tiempo precioso de rescate de la credibilidad y confianza, además del mantenimiento de las positivas expectativas creadas en los inicios, parece haberse perdido. Y la importancia de implementar algunas iniciativas simples pero impactantes, que de hecho requieren de mínimas inversiones relativas, no se alcanzan a vislumbrar. ¿Acaso demanda millones la reforma de transformación interna de la DIGESETT? ¿La Procuraduría, los fiscalizadores y jueces estarán exigiendo un presupuesto adicional para jugar su rol? ¿Cuál sería la inversión para que la Policía Nacional comience a mostrar de manera convincente otra cara a la sociedad?

Creemos que serían suficientes unos primeros pasos simples, efectivos, contundentes, firmes y atinados para encender las primeras chispas de la revolución que resultaría de unas ordenanzas tan esperadas. Mientras, el desorden ha llegado tan lejos que cada uno de nosotros se cree en las calles un general en los tiempos de Trujillo, que es mucho decir.

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