La política de la Ciudad de México, o Ley Mordaza, prohíbe al gobierno de los Estados Unidos financiar a organizaciones que en otros países desarrollan programas de servicios, información, capacitación, consejería, promoción, o investigación sobre aborto. Igualmente abarca a entidades que realizan trabajo de incidencia para la despenalización en los casos en que esté prohibido, como República Dominicana.
Esta medida fue impuesta por Ronald Reagan en 1984, eliminada por Bill Clinton en el 1993 y reinstalada por George W. Bush en el 2001, con la llegada de Obama la misma fue eliminada nuevamente en el 2009. Esta Ley no aplica para Estados Unidos, ya que el marco legal del aborto la hace inconstitucional en su propio país.
Esta medida es más grave que las anteriores porque se extiende a toda la atención sanitaria, no solo a planificación familiar y VIH.
Coarta la libertad de expresión, ya que obliga a todas las organizaciones que reciben fondos de los Estados Unidos, independientemente del área de financiamiento que sea, a firmar un documento en el que se comprometen a no desarrollar acciones de información, capacitación, consejería, investigación, o advocacy sobre el tema de aborto.
Constituye además una violación al derecho de autodeterminación de los pueblos, porque en la mayoría de países que reciben fondos de cooperación al desarrollo por parte de los Estados Unidos el aborto es legal por diversas causales o a solicitud de la mujer.
De igual modo, interfiere con la cooperación internacional porque limita a las organizaciones financiadas por los Estados Unidos a recibir fondos de otros donantes de otros países para el tema de aborto.
Esta medida ha afectado de manera significativa los programas o iniciativas sobre sexual y salud reproductiva, disminuyendo el acceso a métodos anticonceptivos, incrementando los embarazos no deseados, la mortalidad materna, la ocurrencia de abortos en condiciones de riesgo, y las infecciones por VIH.
En la última década ha habido un lento, pero sostenido avance en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, tanto en la región como en el país, sobre lo cual se cierne una gran amenaza y por tanto va a requerir de la voluntad política firme de la República Dominicana y de los gobiernos de la región para seguir avanzando en la dirección que se viene haciendo, teniendo como referente el Consenso de Montevideo, una herramienta de los gobiernos de la región para avanzar en estos y otros temas de importancia para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Requerimos una mayor inversión social en salud y de manera particular, en salud sexual y salud reproductiva, ya que durante los años que esta medida fue implementada los programas de salud sexual y salud reproductiva en la República Dominicana fueron afectados, tanto en su enfoque como en su cobertura.
Es importante que se adopten medidas para que en el país las organizaciones que trabajan en salud sexual y salud reproductiva y reciben fondos de los Estados Unidos no tengan que cerrar los servicios que ofrecen a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Enfrentamos el desafío de fortalecer el marco normativo y jurídico en torno a los derechos y la salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la maternidad segura y en la prevención de embarazo en adolescentes. En ese aspecto resulta clave trabajar para la aprobación de la Observación al Código Penal y la Ley sobre Derechos sexuales y Derechos Reproductivos.