Hace unas semanas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por un proyecto de ley conocido en la Cámara de Diputados de nuestro país que “castiga las expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República con penas de cárcel de dos a tres años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios”.
Bajo el imperio de esta ley, tendríamos un novedoso problema de infraestructura relacionado con la necesidad de crear recintos carcelarios para albergar a cualquier individuo, sea joven o viejo, hombre o mujer, que en un arrebato de indignación ante la decisión, declaración o conducta de un jefe de Estado, un senador o un diputado, profiriera adjetivos “no cristianos” contra las eminentes personalidades públicas.
La propuesta es sintomática en un momento donde emerge un movimiento juvenil contestatario que, compartamos o no sus supuestos y procedimientos, debe ser bien recibido por quienes aspiramos a la conformación de una sociedad democrática, tras siglos de vivir subyugados por una cultura autoritaria.
Si el proyecto de ley no está pensado para el ciudadano común, refiriéndose sólo al periodista o al hacedor de opinión pública, cualquier comentario crítico, denuncia o acusación pública realizada en la prensa, la radio, la televisión o las redes sociales podría ser objeto de acusación de injuria. De este modo, una ley semejante serviría como mordaza contra cualquier comunicador que criticara a un funcionario del Estado, dejando al ciudadano común sin apoyo mediático, con todo lo que ello significa en la era de las telecomunicaciones y redes sociales.
Si por el contrario, el proyecto exonera del referido delito al hacedor de opinión pública, refiriéndose al ciudadano que no ejerce la profesión de comunicador, la ley es discriminatoria y puede servir para disfrazar el concultamiento de uno de los derechos ciudadanos fundamentales en una sociedad abierta: El derecho a la crítica y al disenso con respecto a las opiniones de los funcionarios públicos, así como el derecho al reclamo de rendimiento de cuentas con respecto a sus acciones.
La propuesta contraviene acuerdos internacionales que despenalizan el delito de palabra o contra el honor, así como un principio generalmente reconocido en la civilización occidental desde la emergencia de las sociedades modernas: La libertad de expresión debe ser preservada de la penalización por motivos de declaraciones, opiniones o afirmaciones ciudadanas.
Los defensores del edicto podrán argumentar que su intención no es eliminar la crítica a los funcionarios, sino la injuria personal. En una sociedad moderna, un delito de injuria o calumnia –una declaración contra una persona con la intención pública y explícita de dañar su reputación- se ventila en los tribunales, contrastando las pruebas pertinentes. Semejante delito no implica las declaraciones críticas con respecto a la acción de un funcionario con la intención de defender normas legales y morales, pero tenemos razones en pensar que, dada nuestra cultura política, podría ser desdibujada la distinción de manera intencional para inhabilitar a un adversario político, para silenciar a un periodista o para amedrentar a un ciudadano.
La ley contra el delito de injuria puede desembocar en la instauración de una ley del silencio, un paraguas protector de la impunidad. Cualquier funcionario denunciado públicamente o incriminado por la prensa o la ciudadanía se vería tentado a sacar el expediente de injuria como un mecanismo de autoprotección contra sus propias faltas. El acusado se convertiría en acusador para evadir su responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad.
Puede que los hacedores del proyecto hayan o no triunfado en sus propósitos cuando este artículo haya sido publicado, pero la lección del hecho es que en cualquier sociedad donde la ciudadanía aspire a vivir de acuerdo con las formas democráticas de convivencia, no se puede dar por sentado que la libertad es un logro conquistado, sino un bien amenazado que debemos defender de quienes anteponen sus proyectos particulares a los intereses del bien común.