El poder ejecutivo declaró el 2018 como “Año del fomento a las Exportaciones” y a propósito de ello, hemos querido analizar la aplicación de la ley 84-99 sobre Reactivación y Fomento a las Exportaciones, que data del año 1999 y que trata de apoyar las exportaciones mediante tres mecanismos que son: 1) Reintegro de los Derechos y Gravámenes Aduaneros, 2) Compensación Simplificada de Gravámenes Aduaneros, y el 3) Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Requisitos indispensables para exportar y sobre todo mantenerse exportando, son: competencia en precio, calidad y buen servicio.

Para competir en precio es necesario ser eficiente, lo que involucra serlo en cada uno de los factores que intervienen en los procesos productivos y que van desde la importación de los bienes hasta el proceso de embarque de los productos a exportar.

La calidad está generalmente atada a la tecnología utilizada y el buen servicio, depende de muchos factores en los que se requiere minimizar los tiempos y reducir las demoras que están fuera del alcance del exportador y que suelen dar al traste con el servicio que requiere el cliente.

La ley 84-99 plantea un apoyo a las Exportaciones exclusivamente en base a la eliminación de los impuestos pagados por las importaciones de materias primas y bienes necesarios para la fabricación de los productos a exportar.

Lo que no contempla la ley 84-99 y que son al final del día los que dan al traste con la capacidad competitiva del potencial exportador, son la numerosas trabas y burocracia excesiva que son hijas tradicionalmente de las entidades gubernamentales.

Si su empresa es dominicana y está compitiendo con una empresa extranjera de zona franca, son muchas las desventajas que tiene la empresa dominicana, sobre todo si está amparada bajo la ley 84-99.

Son múltiples las empresas dominicanas que han querido establecerse en el mercado de exportación, sin embargo, los trámites burocráticos, sobre todo en la DGA, no permiten que la empresa dominicana pueda dar el servicio con la fluidez que se requiere en estos mercados y a la postre termina abandonando “los beneficios” de la ley y consecuentemente se coloca en una posición de desventaja con relación a las empresas de zonas francas que constituyen en muchas ocasiones sus principales competidores.

Si realmente se quiere promover las exportaciones, los gobiernos de turno deben entre otras cosas tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Abrazar el concepto de que el Estado es un socio del empresario o exportador, el primero debe ofrecer servicios y facilidades agiles de tal manera que el segundo pueda producir todo lo que se desprende de la cadena productiva y al final el estado y el país reciben los beneficios correspondientes, a través de la creación de empleos, mayores ingresos por divisas y mayores recaudaciones de impuestos entre otros.

Fomentar entre las instituciones que están ligadas al proceso de exportación, la eliminación de los conflictos entre los organismos que pretenden promover las exportaciones y los organismos recaudadores que intervienen en el proceso. Por ejemplo “CEI-RD contra DGA”.

Reforzar en la institución que se supone que es la que tiene el principal roll de promover las exportaciones, o sea el CEI-RD, el personal técnico, de tal manera que esté en capacidad de ofrecer un servicio ágil y eficiente a los potenciales exportadores del país.

Actualmente el departamento que se encarga del manejo de esta ley en el CEI- RD, solo dispone de uno o dos empleados que jamás podrán ofrecer un servicio adecuado a todas las solicitudes que se presentan y que, de acuerdo con la ley, deben tener una respuesta en un período no mayor de tres días laborables y lamentablemente el periodo actual alcanza cuando menos dos meses.

Esta es solo una de las razones que ayudan a justificar por qué las exportaciones que realiza el país se han reducido en los últimos años, ya que, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas, en sus boletines de comercio exterior, las exportaciones del año 2014 fueron de US$ 9,927.8 miles de millones, contra US$ 9.396 miles de millones en el 2018, es decir se redujeron en valor absoluto en US$ 531.8 millones.

Esto contrasta con el crecimiento de las importaciones que pasaron de US$ 19,172.4 miles de Millones en el 2014 a US$ 22,188.9 miles de millones en el 2018, creciendo en US$ 3,016.5 miles de millones.