Desarrollo e institucionalidad

La justicia sin excusas

Por Carlos Salcedo Camacho

Los avances de nuestra civilización han creado grandes retos. Para finales de este siglo nuestros planes como sociedad serán muy distintos en la medida en que vayamos eliminando la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social, la malnutrición y las enfermedades.   

La justicia dominicana y los procesos de resolución de conflictos traen consigo una necesidad continua de replantearnos nuestras expectativas con relación a la eficiencia y transparencia de los procesos que llevan los usuarios al Poder Judicial. Esperamos una administración moderna, oportuna y segura.

No nos conformamos con una vida pacífica y próspera. Es necesario un cambio de paradigma en el que la innovación, tecnología, desarrollo de la bioingeniería, inteligencia artificial, automatización de las industrias, creación de nuevos puestos de trabajo y gestión exitosa de la justicia formen parte de nuestro plan nacional de desarrollo.

Son necesarios recursos públicos suficientes para optimizar nuestro sistema de justicia. Pero debemos tener el cuidado de asumir una postura unidimensional y perder de vista otras variables como la ejecución eficiente del gasto, las actuaciones de los actores del sistema en el marco del Estado de Derecho y el establecimiento de políticas de administración basadas en la búsqueda de resultados positivos y decisiones predictibles.

En estos últimos cinco años el Poder Judicial ha recibido un incremento de su presupuesto en igual proporción que el incremento del presupuesto general y este año contará con un presupuesto de $7,452 millones de pesos y un gasto per cápita de $725.9 pesos, un crecimiento de 8.4%, si lo comparamos con el del año pasado. El interés nacional es que esos recursos se inviertan en recursos humanos dignificados, gestión eficiente del sistema, seguridad jurídica, fortalecimiento de los tribunales y una agenda permanente de reducción de la mora judicial y de mayor eficiencia en los procesos internos.

El Poder Judicial debe poner en el centro de sus políticas públicas a los usuarios del sistema. Los tribunales están abarrotados de casos pendientes, además con un pronóstico de riesgo alto para las partes del proceso e incoherencias predecibles en muchas decisiones de los jueces, según el territorio o la jurisdicción.

Siempre necesitamos más recursos, pero son limitados. El Poder Judicial está obligado a eficientizar su uso. De lo contrario, se mantendrá la percepción negativa.   

   

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