En el país no hay un real “Estado de Derecho”. Pues se necesita una “justicia” imparcial e independiente, trasparente, efectiva y democrática,  y la “justicia” dominicana no tiene ninguna de estas características, por esto es una de nuestras taras institucionales, tal vez la más lamentable.

En un país con un alto nivel de corrupción, en el cual el contubernio de la clase gobernante –políticos, empresarios, militares, religiosos, etc- deja un amargo sabor en la boca, y donde los organismos de control o equilibrio no funcionan, la “justicia” debería ser el último bastión contra las arbitrariedades, más no es así.

En el país, sólo hay garantías para los políticos corruptos, más que garantías podríamos hablar de impunidad. Ahora bien, si eres un desposeído, un “pobre diablo”, un hambriendo, un analfabeto y no tienes ni en qué caerte muerto, la espada de Damocles caerá sobre tu cuello y Temis actuará con prontitud y firmeza en tu contra.

Esto se deduce de la lectura del Informe Attali, realizado en el año 2010, al expresar: “La impunidad refuerza los sentimientos de la desigualdad dentro de la población. Aunque el Poder Judicial es independiente en virtud de la Constitución, hay pocas sanciones que demuestran la presencia de un Justicia fuerte. Así, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre 1983 y 2003, de un total de 200 casos de corrupción investigados, sólo una condena fue pronunciada. La República Dominicana es hoy uno de los países de América Latina donde la población se percibe más vulnerable a los actos de corrupción, como se destaca en el Latinobarómetro.

Con el 1,2% del presupuesto destinado a la justicia – uno de los presupuestos más bajos de la región – el poder judicial difícilmente puede realizar una acción eficaz”. (Informe Attali, Noviembre de 2010, Pág. 20)

Sin embargo, el problema de la “justicia” no es solo de presupuesto. Existen otras carencias que afectan de igual forma la labor del juzgador, algunas tan nocivas que casi se inmiscuyen directamente en su trabajo y le observan por encima del hombro.

Entre estas otras “carencias” se destaca la poca “seguridad” que tienen los jueces al decidir controversias, al punto de que sus “trabajos” pueden estar en peligro si fallan distinto a lo solicitado por la fiscalía del lugar. Al efecto, he visto fiscales del Distrito Nacional –en casos de prensa, “El Chino” y “Omega”- recusar jueces sólo por entender que “podrían fallarles en contra”. Ahora, además de recusarlos, los fiscales los someten a juicio disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial.

Y allí, en el Consejo, luego de un proceso con las debidas garantías constitucionales y procesales, se debería decidir la controversia disciplinaria en base a derecho, sin embargo, -en muchos casos- los jueces sometidos van, como presos al patíbulo, a esperar su amonestación, sanción o destitución.  Es decir, en el país no hay justicia ni siquiera para los jueces.

Hoy la “justicia” (siempre entre comillas), les ha tocado a dos jueces penales de Santiago de los Caballeros, Magistrados Luisa García y Gabriel Marchena Adames.  Separados del poder judicial, sin habérsele retenido –como bien dice un documento de apoyo firmado por los Defensores Públicos de Santiago-“ningún tipo de faltas que pongan en entredicho  su honestidad”, pues “la discusión en el marco del proceso disciplinario que se les siguió (…) giró en torno a si las decisiones tomadas por estos en los casos que se les sometieron, eran conformes o no a la Constitución de la República y leyes adjetivas. En ese orden de ideas, se hace oportuno poner de relieve que estos Magistrados se legitimaron en tanto que cada una de las decisiones sometidas a su escrutinio fueron fundamentadas y sustanciadas en derecho (…)”.

A estas conclusiones se llega luego de leer la Resolución No. 10/2012, del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), con la que se destituye a Luisa García y la Resolución No. 20/2012 del treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012) de Gabriel Marchena Adames, sumado a los escritos de defensa de estos jueces, y dejan entrever una lucha de poder entre la fiscalía –retrógrada, altanera y mediática- y unos jueces que aplicaron derecho, constitución y leyes, y que al hacerlo, afilaron cuchillo para su garganta.

Los jueces están desprotegidos: inseguridad laboral, presiones mediáticas, fiscales sometiéndolos y “fiscales juzgándolos”.  Los jueces, como colectivo o como individuos, debieran meditar una respuesta de apoyo a sus pares santiagueros, hay que poner coto a este estado casi policial en que se encuentra el país y la “justicia”.

Pero esto es, quizás, pedirle peras al olmo.