Parte 2
En el artículo anterior recorrimos la evolución de la justicia desde Trujillo hasta el primer gobierno de Leonel Fernández, y continuaremos ahora desde el gobierno de Hipólito Mejía, en un esfuerzo que permita entender, desde mi opinión, las causas que generan la crisis de confianza actual que padece el Poder Judicial y los remedios que deben ser aplicados de cara al futuro.
En el año 2001 se reunió por segunda vez el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para llenar las vacantes de tres asientos en la SCJ. Era una excelente oportunidad para mejorar la experiencia del CNM de 1997 y seguir avanzando, pero lamentablemente el proceso fue un fracaso en lo institucional. Se realizó un simulacro de evaluación de los candidatos y se tomó una decisión, que ya se tenía de antemano: otorgarle a Balaguer un juez, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un juez y al PRD un juez y se dejó fuera del reparto al PLD. El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, quien en principio apoyó a la sociedad civil en su pretensión de que todas las vacantes fueren completadas con jueces de carrera, cedió ante la política partidista del reparto. Al margen de la calidad del trabajo realizado por los designados, este evento evidenció que los partidos estaban lejos de sacar sus manos de la justicia.
A pesar del percance del 2001, la nueva SCJ en sus primeros diez años logró una importante legitimación no solo en el país sino en el extranjero. El sistema de justicia se modernizó aun a pesar del precario presupuesto, la Escuela Nacional de la Judicatura mejoró la formación de los nuevos jueces, se mejoraron los salarios hasta donde se pudo. La justicia enfrentó el reto de juzgar a algunos de los empresarios más poderosos del país, culminando con sanciones en la mayoría de los casos, lo que pocos años atrás parecía imposible. Pero seguían sin ser tocados los funcionarios públicos corruptos.
Entonces, cual maldición, la política partidista entró por la puerta y tal como decía Washington, la justicia saltó por la ventana. La política partidista entró a la sala augusta de la SCJ, de la mano de Félix Bautista, en el año 2007, con el famoso caso del contrato del Estado dominicano con la Sun Land Corporation.
El caso Sun Land, defendido públicamente por Leonel Fernández, dividió a la SCJ no en dos sino en tres partes: una minoría de tres que entendía que el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato era admisible y debían decidirse el fondo del mismo; un segundo grupo, que tenía mayoría y prevaleció, que entendió que debía ser declarado inadmisible por falta de calidad para actuar de los recurrentes (abandonado un precedente esa misma SCJ), y un tercer grupo que salvó su voto porque entendía que la causa de la inadmisibilidad era la falta de objeto pues el contrato ya había sido rescindido. En uno de los considerandos de la sentencia, uno o varios de los jueces quisieron salvar su vergüenza admitiendo que el contrato requería aprobación congresual, que no obtuvo, pero como este era el tema de fondo y no se decidió al respecto, esta mención no produjo efecto alguno.
La decisión del caso Sun Land sentenció a la propia SCJ, que a partir de ese momento comenzó un declive que se reconocía cuando se anunciaba la necesidad de lanzar una segunda ola de la reforma del Poder Judicial, que nunca llegó. Por el contrario, lo que se avecinaba era un tsunami con capacidad de arrasar con todo lo que se había logrado obtener en la primera ola.
Durante el 2009 el país se enfrascó en una reforma constitucional muy amplia, que discutió por buen tiempo si se creaba un Tribunal Constitucional (TC) o se atribuían sus funciones a una nueva sala de la SCJ. Fui de los que defendió que se creara una nueva sala en la SCJ para evitar debilitar al Poder Judicial. Si se creaba, como ocurrió, un TC extra poder, se le retiraba a la SCJ el enorme poder que implicaba tener la última palabra en la censura de los actos del Legislativo y del Ejecutivo contrarios a la Constitución, y por lo tanto se debilitaba al importante Poder Judicial en su relación con los demás poderes del Estado. La justicia quedaba en condiciones de retornar a su papel de cenicienta entre los poderes del Estado.
En la reforma constitucional aprobada en el 2010 se colocó una peligrosa disposición que facultaba al CNM a evaluar a los jueces de la SCJ cada siete años, con capacidad para destituirlos, por lo que la inamovilidad en sus funciones quedó amenazada por un órgano controlado por los partidos políticos. Hubiese sido suficiente mantener el juicio político ante el Senado al que pueden ser sometidos los jueces designados por el CNM a iniciativa de la Cámara de Diputados, pero la intención era que los jueces se sintieran convenientemente amenazados en busca de su sumisión.
La reforma constitucional del 2010 preparó el terreno para el control de lo que entonces comenzó a denominarse Altas Cortes, es decir la SCJ, el TC y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Así en las disposiciones transitorias de la Constitución reformada, proclamada en enero de 2010, se encomendaba al CNM realizar una evaluación de desempeño (sin tener que esperar 7 años) de los jueces de la SCJ y determinar de sus resultados si permanecían o eran sustituidos.
Leonel Fernández aprovechó de inmediato esta disposición y en el 2011 convocó al CNM, que inicio un proceso para evaluar candidatos al TC, al TSE, y para llenar probables posiciones en la SCJ producto de la evaluación de sus jueces que haría este órgano.
La selección de los jueces de las Altas Cortes no fue otra cosa que una repartición entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, donde, claro está, Fernández se servía con la cuchara grande. Se le permitió a Vargas solo una pequeña cuota en cada corte.
Todo el mundo sabe que así fue que se eligieron los jueces de las Altas Cortes, al margen de sus credenciales individuales, y lo que se esperaba y se espera de ellos es que en el ejercicio de sus funciones sean agradecidos con aquellos que los designaron.
El problema radica en que no se pudo engañar a la ciudadanía, que al margen de las entrevistas televisadas de cada uno de los candidatos, supo que lo que primó no fue la capacidad y trayectoria sino las posibilidades de sumisión en el futuro. No todos fueron seleccionados de esta manera, pues inteligentemente se escogieron personas que todo el mundo aprobaría, con capacidad e integridad sobradas, pero con la finalidad de legitimar la escogencia de otros más vulnerables.
Para muestra un botón. Leonel Fernández aprovechó el momento para separar de la SCJ a los tres jueces que votaron en contra de su posición en el caso Sun Land. Nunca se supo las razones que justificaban que en una evaluación de desempeño se destituyera, por ejemplo, a Julio Anibal Suárez, una autoridad en materia laboral, tal vez el más laborioso juez de la SCJ y reconocido por su integridad.