No cabe duda alguna que la justicia confronta en este momento una crisis de confianza que debe revertirse para evitar las consecuencias negativas que produce en términos de inseguridad jurídica, pero también deben identificarse las causas que han generado esta crisis para ayudar a corregirla y evitar repetirlas en el futuro.
En la época de Trujillo teníamos una justicia súper capacitada, cuya dependencia al dictador era innegable. Algunos dicen que cuando no se trataba de Trujillo y sus intereses, los jueces de entonces eran completamente independientes, pero esto es un eufemismo, pues los intereses del dictador lo abarcaban todo.
Llegó la época de Balaguer, que diseñó su Constitución y su estrategia política para mantenerse en el poder basado, entre otros aspectos, en la corrupción y el control del poder judicial. El Senado designaba a los jueces y Balaguer controlaba al Senado y por tanto a la mayoría de los jueces, asegurando impunidad a sus corruptos que fondeaban su partido y a los esbirros que eliminaban a sus opositores y críticos por razones políticas.
En 1978, ante su inevitable salida del Poder Ejecutivo, Balaguer orquestó el fraude que dio lugar al Fallo Histórico, por el cual, de una manera burda y absurda, obtuvo que la JCE le adjudicara los senadores que no había ganado electoralmente, pero que eran indispensables para tener la mayoría en el Senado y seguir controlando la justicia desde la oposición, y asegurarse que no habría sorpresas con el borrón y cuenta nueva que protegía a él y a los suyos.
La justicia dominicana era calificada en la época de Balaguer como la cenicienta entre los tres poderes del Estado, pues recibía apenas un 1% del presupuesto general de la Nación, y solo se le ejecutaba el 50% de lo asignado. Muchos jueces se corrompían porque habían ido al Poder Judicial a traficar sentencias, y otros lo hacían por necesidad. Siempre existió una minoría que mantuvo la dignidad en medio del fango en que trabajaban.
Poca gente recuerda esos tiempos de la justicia balaguerista, a la cual el propio Balaguer calificaba de mercado público para tratar de distanciarse de lo que era su obra. Muchos participaron de ese mercado, a veces bajo la excusa de que no había forma de competir si no era de esa manera, pero con ello solo contribuían a mantener el estado de corrupción en que operaba la justicia.
Como no se asignaban fondos suficientes al Poder Judicial, la justicia era en gran parte ineficiente, perjudicando a los sectores más vulnerables de la población, que no podían pagar buenos abogados. Parte de la responsabilidad también la tenían muchas universidades que graduaban abogados con una pobrísima formación, que luego eran jueces o abogados incapaces de colaborar en alcanzar una justicia que diera a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con las leyes.
El sector empresarial también estaba siendo fuertemente afectado por el sistema de justicia corrupto que existía y se fue perdiendo la seguridad hasta en la propia corrupción, con casos de jueces que vendían las sentencias dos veces. El número de empresarios y sus abogados que abogaban por utilizar el músculo empresarial para mejorar el sistema de justicia comenzó a crecer y así se llegó un año a considerar el sistema de justicia como la prioridad número uno del sector empresarial, desplazando al sector eléctrico. Recuerdo como ahora el título de un seminario de esa época de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE): “La Justicia: Piedra Angular del Desarrollo Nacional”.
La creación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en el año 1990, de la mano de abogados empresariales y sus clientes, obedece a este interés del sector empresarial de incidir de alguna manera en el adecentamiento de la justicia.
Se aprovechó la crisis política generada por el fraude electoral de 1994, y en el acuerdo político arribado, que implicaba modificar la Constitución para recortar el período presidencial objeto del fraude electoral, y se incluyeron temas básicos, como quitarle al Senado la facultad de designar a los jueces, y atribuirle la facultad de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un nuevo órgano llamado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quedando entonces en la SCJ la facultad de designar a los demás jueces del país. También se incluyeron en la Constitución conceptos claves como la carrera judicial y su consecuencia, la inamovilidad de los jueces. Todas estas modificaciones tenían una finalidad principal: alcanzar la independencia del Poder Judicial de los partidos políticos.
En el año 1997 se estrenó el CNM, pero el país estaba más despierto y no lo dejó solo en el ejercicio de sus facultades de designar una nueva SCJ. De esa manera surge la Coalición por una Justicia Independiente, mezcla novedosa de diversos sectores empresariales, sociales, comunitarios, religiosos, cívicos y de otra naturaleza, para acompañar el proceso. Esta Coalición preparó un plan estratégico de incidencia en el proceso de selección de los jueces de la SCJ, contrató una publicitaria para tales fines, llamó a la ciudadanía a participar proponiendo y objetando candidatos(as), realizó programas de televisión para entrevistar a candidatos desde la perspectiva de la sociedad civil, entre muchas otras actividades.
En el 1997 se eligió una SCJ que pudo ser mucho mejor, pero que tenía el componente humano mínimo necesario para emprender una reforma del Poder Judicial, asumiendo el liderazgo de dicha reforma que hasta entonces era solo reclamada por la sociedad. La nueva SCJ entendió la importancia de legitimar sus actuaciones y por eso se acercó a la sociedad civil y permitió su vigilancia y aceptaba sus críticas.
Durante un buen tiempo, desde 1997 hasta el año 2007, la reforma judicial avanzó, el Poder Judicial mejoró, se evaluaron todos los jueces del país en procesos abiertos, se sustituyeron muchos jueces, se abrió la Escuela Nacional de la Judicatura para formar a los nuevos jueces que se seleccionaban previa evaluación, se atendió la educación continuada de los jueces existentes, se creó la Inspectoría del Poder Judicial para detectar la corrupción, se presionó para mejorar el presupuesto del Poder Judicial, lo que permitió mejores salarios y por lo tanto captar y mantener en el tren judicial gente con talento, pues no todo el mundo ejerce esa digna función por vocación, sin importar la remuneración, como un grupo de magistrados(as) que encabeza la magistrada Miriam Germán.
Como testigo que fui de todo este proceso debo ahora admitir que no me percaté a tiempo que todo el esfuerzo realizado por alcanzar una SCJ independiente estaba comprometido al haberse inoculado durante su composición el germen de su propia destrucción. En la flamante nueva SCJ designada en 1997 se colaron personas sin condiciones, por simple simpatías partidarias (una magistrado llegó a declarar su adhesión a su líder Balaguer, y luego al heredero de su líder, el presidente Fernández), y se cometieron abusos como aceptar el capricho de Balaguer de que Miriam Germán no fuera designada.
Ese germen inoculado en la SCJ se mantuvo tranquilo por un tiempo pero fue activado por el caso de la Sun Land Corporation, como veremos en la segunda parte de este artículo.