Muchas de las solicitudes de medidas de coerción, como las de prisión, por ejemplo, acusaciones y sentencias de los fiscales y jueces son producto del miedo a las percepciones negativas, aunque el ordenamiento jurídico se vaya a la porra.
Cada día aumenta el número de jueces y fiscales de postalitas, cámaras, periódicos y parados permanentemente frente al espejo de las percepciones. Sus fórceps interpretativos buscan el aplauso público y develan el temor al cuestionamiento a lo interno y a lo externo del Poder Judicial, en particular, y del sistema de justicia, fiscales incluidos, en general.
Lo deja dicho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Dr. Mariano Germán Mejía, cuando el pasado 5 de diciembre exhortó a los jueces a no “dejarse dominar por la turbulencia de las percepciones” y al afirmar que “el juez tiene que separarse de esa transitoriedad, de esa lucha por estar vibrando en la mente de los demás, y hacer su trabajo con quietud, con tranquilidad y con la prudencia del sabio, para desde esa prudencia del sabio, trabajar para construir una nueva realidad que es la realidad de la justicia”. A pocos días de aquel pronunciamiento, como si se le hubiera olvidado algo, apenas el pasado martes día 18 de diciembre, afirmó que los jueces no pueden tener miedo y que el que lo tenga debe renunciar al Poder Judicial.
Y es que la justicia de percepciones no es justicia, pues sería producto de jueces y fiscales timoratos, dependientes y parciales, narcisistas, de aplausos y sin valentía, quienes, en lugar de investigar objetivamente y de decidir apegados a la ley y al derecho viven atentos a los ratings. Con este tipo de jueces y fiscales se consagraría la justicia del miedo, la que transgrede, entre otros tantos, el principio de independencia, corolario de la imparcialidad, y resulta que los jueces son independientes porque, en el momento de resolver los conflictos que se plantean en el ámbito social, sólo están sometidos a la ley y al Derecho, sin que existan –deban existir- otros condicionamientos (Cordon).
Las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia entrañan “que haya en el poder judicial en serio, un proceso penal verdadero en donde la justicia investigue el delito y se juzgue imparcialmente, de acuerdo con la prueba y con la ley, aun en contra de la opinión de los periodistas o de la gente (Cafferata), pues ninguna mayoría por muy aplastante que sea, puede legitimar la condena de un inocente o sanar un error cometido e indemnizar los daños causados a un ciudadano. Y ningún consenso político de parte del Estado, de la prensa o de los partidarios, o de la opinión pública puede suplir la prueba faltante en una hipótesis acusatoria. (Ferrajoli y en sentido similar Roxin y Carnelutti).