La situación sanitaria de la República Dominicana, en ese período de la anexión, la Provincia de la Isla de Santo Domingo, era sumamente precaria. No había médicos ni farmacéuticos suficientes, así como tampoco estaban disponibles fondos para formar el personal necesario. Por esta razón en el 1862 el Gobernador Civil Carlos Jacobi, solicitó al cuerpo de sanidad militar del ejercito español que le cedieran personal para dar clases gratuitas a la población interesada en formarse como farmacéuticos o licenciados en medicina y cirugía. Los profesores encargados fueron Antonio Pons de las materias “Elementos de física, química e historia natural” y “obstetricia”, Francisco Cortés impartía “materia médica y farmacéutica” , Francisco Fortuny era el profesor de “farmacia operatoria y moral farmacéutica”, Patricio Rodríguez era el encargado de “cirujía menor, apósito y vendajes” y Don Federico Yllas impartía “ nociones prácticas más indispensables para la curación de los accidentes instantaneos peligrosos y de las enfermedades más comunes internas y externas”. El señor Valentín Catalá era el suplente de todos los anteriores.
La resolución del gobernador establecía que todos los ciudadanos mayores de 22 años y que tras someterse a exámenes teóricos y prácticos los aprobaran, y que además hubiesen practicado por 4 años en una oficina pública de farmacia, estarían autorizados a ejercer con una botica abierta en los pueblos en donde no hubiera farmacia. Los que con más de 22 años de edad, aprobaran las materias consideradas médicas, y estuvieran practicando en un hospital o junto a un profesor reconocido por 3 años, podrían partear y ofrecer servicios básicos y cirugía menor. De igual forma se establecía que en la ausencia de un personal calificado, podrían ofrecer todos los auxilios de medicina y cirugía necesarios. Se establecía además que cualquier ciudadano que se sintiera preparado podía solicitar directamente ser examinado sin tomar las materias ofrecidas. Así de perentoria era la necesidad de personal sanitario en el país.
En una comunicación de 1861, firmada por Manuel de Js. Galván, informaba que fuera de Santo Domingo y Santiago, las demás poblaciones carecían de farmacias y las medicinas se vendían en las pulperías, no había tampoco médicos o cirujanos. En la misma comunicación se informa de la muerte de un soldado en Barahona, y que tuvo que llegar un barco con asistencia para asistir a otros. Que en Baní, Moca, La Vega, Las Matas o Guayubín, los destacamentos estaban atendidos por simples practicantes sin ninguna preparación. La experiencia de formar personal de esa forma, se había aplicado anteriormente en Cuba y Puerto Rico, con un resultado aceptable para los fines de lugar. En Santo Domingo, en el Hospital Militar se formaron profesionales como Blas Esparollini y Wenceslao Fortuny, quienes fueron sometidos a exámenes por una junta médica examinadora encabezada por Antonio Pons, quienes consideraron que esos estudiantes habían sobrepasado los conocimientos que se les exigían, y sugerían aprobar su solicitud y publicarlo en la gaceta oficial.
La situación sanitaria de la parte este de la Isla anexada a España, se intentó paliar un poco con esta medida, que requirió de la generosidad de los médicos españoles pertenecientes al cuerpo de sanidad militar, ya que las clases eran gratuitas para los estudiantes y no eran pagas a los profesores. Pese a que muchos dominicanos se sentían españoles, el rechazo de gran parte de la población a la anexión motivó la salida del país de muchos facultativos y el abandono de muchos poblados. Con el tiempo, el movimiento restaurador se impuso, reiniciándose con vigor la República Dominicana, pero muchos de esos médicos españoles, se quedaron en nuestro país y formaron familias y establecimientos de importancia en nuestra historia.