De entrada, debo compartir que he querido titular estos razonamientos bajo este epígrafe, partiendo de un interés, que nada tiene que ver con apología alguna. Trata más bien, de un acto de justicia asumido por quien escribe, desde mi modesta condición de testigo de excepción de los afanes del pleno actual de la JCE de hacer un buen papel y cobijar su gestión de éxito institucional, y de algún modo, que su nombre quede en un buen sitial de la historia.
En tal calidad planteo que sería una mezquindad de mi parte, no referirme al interés de cada miembro de esta junta, porque el órgano sirva de catalizador de la justicia y el sostenimiento de la libertad electoral, y en particular, según mi criterio, en enmarcar sus decisiones hacia la más impoluta etiqueta moral. Por tanto, como testigo y firmantes de algunas resoluciones, en mi experiencia y estudioso de la materia, la junta, desde su fundación el 12 de abril de 1923 mediante la Ley No. 3413, nunca como ahora, en la historia electoral dominicana, había estado tan inspirada y tan junta para un proceso electoral, como este del 2020.
Para tener una idea, en Sandino Grullón en Historia de la elecciones en la Republica Dominicana, (1999, pág. 41) encontramos, que desde su génesis dicho órgano electoral, ha tenido grandes trastornos y tropiezos. Cabe destacar en este orden, que debido a que dejó pasar los plazos de inscripción de candidaturas en algunas demarcaciones y otros errores de imagen, a pesar de estar integrada por Alejandro Woss y Gil, quien la presidía y como vocales; Fidelio Despradel y Horacio Vicioso, personas de alto estirpe social y moral, no pudo montar las primeras elecciones, por cuya razón por la anarquía que primó, se designó una nueva JCE integrada por Augusto Júpiter, presidente y dos vocales que eran jueces de la Suprema Corte de Justicia, que fueron; J. Alcibíades Roca y Eudaldo Troncoso.
Los cuales, por las diatribas del cuerpo político, fueron objetos de protestas, dando pie que los resultados de las elecciones celebradas el 15 de marzo de 1924, aunque se dieran en orden y en un clima de franca libertad, el candidato perdedor, Francisco J. Peinado, se resistió a reconocer el ¨triunfo de Horacio Vásquez¨, que incluso, se negaron a concurrir a los actos de proclamación. Como se ve, el acecho es histórico. (Ob. cit. Pág. 42)
Respecto a la historia más reciente, la gestión 2010-2016, también tiene algo para contarse. Esta Junta, compuesta de varios prominentes profesionales probos, fue presa de agrias confrontaciones, y rebatiñas internas, asumida también por el presidente del órgano, dos miembros prominentes, como se ha dicho, por razones inducidas por poderes facticos, asumieron un rol de votar sus decisiones en un especie de bloque, filtrándose a la luz pública algunas disidencias del voto, antes de terminarse las secciones de dicho pleno. Al respecto, aunque soy de los que se adhieren al criterio, de que la democracia se beneficia más de la disidencia que de la obediencia, siempre y cuando la disidencia sea dentro del marco de la prudencia y sin romperse la solemnidad de un órgano como lo es la JCE, que es de donde se instala el poder.
El escándalo fue de tanta magnitud, que La Cámara de Diputados formó una comisión para investigar algunas acciones desbordadas, y el 26 julio del 2013, dicha comisión intervino prácticamente la JCE, con la misión de hacer las investigaciones sobre la crisis interna de la misma. Todo esto en virtud del numeral 1 del artículo 83 de la Constitución Dominicana, con miras a la interpelación de varios de los miembros, que aunque no se hizo, por asunto de evitar una debacle del órgano, decidieron aplicar una admonición pública y escrita que paró de cuajo la confrontación, por lo menos en lo público, pero, siguió quemando por debajo. Explicado lo anterior, vuelvo a caer en el título, con ribete de desahogo, y asumo de nuevo el rol de testigo de excepción de cómo es que esta junta está tan junta. Inmediatamente establezco la razón de lo sustentado, lo cual descansa para mí, en el estilo de trabajo que se ha adoptado y la línea de orientar el debate a lo eminentemente técnico y jurídico.
Otra razón es que resulta de la proverbial prudencia en el examen de las cuestiones que ante ella tramitan los partidos políticos, pero además, por el hecho de poner el interés público primero que todo, por lo que me permito afirmar que el pleno actual, por asumir un mismo registro y objetivo común, está llamado a garantizar un eficiente montaje de las elecciones del 2020, todo lo cual se vislumbra por la mística y el uso de la racionalidad. En otras palabras, renunciando a los choques de trenes, y en su lugar, hacen prevalecer el interés común de montar unas elecciones correctas y dentro de los cánones legales. Por lo tanto, cuando yo digo que actúo como testigo de excepción, es porque he participado en esos debates y en los criterios que sustentan las decisiones plenarias, mismas que se toman bajo el esquema de libre albedrío para cada miembro del pleno, pero, con el corazón en la democracia y su estelar papel.
Respecto a la posible imagen que se haya podido crear por efecto de algunas decisiones y resoluciones del órgano, que dicho pleno ha tenido de echar hacia atrás, en grado alguno se debe tener rubor, ya que resulta racional acatar cualquier decisión que emane de los tribunales competentes. Lo que por prudencia administrativa, resulta mejor que caer distracciones y discusiones bizantinas, capaz de propiciar que se dejaran pasar los plazos fatales que disponen las leyes para montar las elecciones bajo el rigor de eficiencia.
Y a modo de cierre, reitero que si la junta está junta como ha demostrado, no deberá abrigarse temor alguno, ya que no habrá intersticio por donde escape una gota de descuido que pueda afectar la marcha del tren de la democracia y las elecciones del 2020.