Luego de una Junta Central Electoral entregada al pasado gobierno sin guardar las formas, que actuaba como brazo ejecutor de las estrategias electorales de la facción político partidaria que controlaba la administración del Estado a suerte de los artilugios antidemocráticos de que pudo echar manos, el país entendió que la que le sustituiría, cualquiera que fuese, sería mejor que la anterior en razón de que el descaro, con ribetes de vulgaridad, alcanzó niveles tan repugnantes que la sociedad no toleraría algo ni remotamente parecido a aquel vergonzoso equipo que atropelló la institucionalidad democrática del país.
Y, en efecto, prestantes figuras de la sociedad y el derecho comenzaron a emerger como posibles integrantes de la entidad, en un proceso de selección que generó muchas expectativas en la población, ávida por el adecentamiento del tribunal comicial. El resultado final no pudo ser mejor, de acuerdo a la mayoría de los partidos políticos y entidades que se autodefinen como sociedad civil: un presidente percibido como íntegro, y unos colegas tenidos como honestos que actuarían siempre apegados al derecho.
Los nuevos jueces, a pocos días de asumir como titulares, debieron abordar, como primera tarea, la cuestión relativa al orden de los partidos en la boleta electoral y el financiamiento a éstos partiendo de un criterio que debían definir, en tanto que no existe ningún método establecido para hacerlo, aunque la anterior Junta elaboró un reglamento en el que se orientó a tomar los diferentes niveles de acuerdo a la votación del último certamen. Así lo hicieron. Solo que la decisión debió estar apegada a ciertos criterios, como el principio de favorabilidad a que hace referencia la Constitución de la República y también a los de racionalidad y equidad, como valores esenciales, por demás universales, en sistemas de justicia que respondan a anclajes verdaderamente democráticos.
Si bien es cierto que debieron tomarse en cuenta los diferentes niveles como había quedado ya establecido, la metodología o cálculo no respondió a criterios lógicos, ni de favorabilidad ni de equidad, ya que, por ejemplo, si la Fuerza del Pueblo alcanzó en el nivel presidencial más del 5 por ciento que establece la ley para que una organización sea considerada mayoritaria y acceda a los fondos públicos por esa condición, y en los niveles de senador y diputados tuvo un desempeño por debajo de ese porcentaje, es completamente absurdo sumar los tres para obtener un porcentaje cuando en uno de los niveles hubo una voluntad expresada por el elector, cuestión que resulta válida para el PRD que alcanzó más del 5 por ciento en el nivel de diputados.
Además, ¿cómo determinar un porcentaje de una sumatoria en la que un votante sufragó por partidos distintos en cada uno de los niveles de elección? Esto es completamente irracional, pues la fórmula de sumar los tres niveles alcanzó 12 millones de electores; 2 millones más que nuestra población y 5 millones más que el padrón electoral. A esto hay que añadir que la FP no pudo presentar candidatos a senadores y diputados en su boleta debido a que al formarse la organización los plazos para las inscripciones estaban vencidos. Entonces la pregunta obligada es, ¿se ajustaba a la equidad, favorabilidad y razonabilidad sumarle estos dos niveles? La probidad percibida se demostrará con el apego a lo justo.