Irresponsabilidad, ideología, no sé, la realidad es que la JCE está creando una especie de “apartheid”, que no es más que una política de segregación. Todo dominicano o dominicana descendiente de madre o padre haitianos corre el riesgo de que su acta de nacimiento sea cuestionada y colocado/a en un limbo jurídico de manera indefinida.
Con disposiciones de carácter administrativas, como son la circular 17-07 y la Resolución 12-07, la JCE está afectando derechos legalmente establecidos, y es que cuando las instituciones públicas, olvidan su función como parte del Estado se produce la vulneración de derechos fundamentales, como ocurre hoy con miles de hombres y mujeres a los que se les está convirtiendo en apátridas.
Para dar mayor gravedad a la situación, la JCE se encuentra en situación de desacato de un conjunto de sentencias de medidas de amparo, emitidas por tribunales ordinarios, en perjuicio de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, lo que evidencia la alevosía conque está actuando la JCE en contra de esta población.
La irresponsabilidad con la que actúa la JCE y de manera especial su presidente, Roberto Rosario, se extienden incluso a los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior, a los que está perjudicando con el cierre de las oficialías civiles en Estados Unidos, así como con el inicio de un proceso de sustitución del documento de identidad y electoral, violando la ley de presupuesto, así como la de compra y contrataciones, entre otras irregularidades.
Hoy, Roberto Rosario rendirá cuentas ante un Senado, del que se espera mayores niveles de responsabilidad y compromiso con la sociedad dominicana, lo que tendría que derivar en la demanda del desmonte de la política de segregación impulsada por esta JCE.