La IV Ronda de Evaluación del GAFI a la República Dominicana (II)

En una de las clases de la facultad de medicina, un profesor se dirige a un alumno y le pregunta: “Cuántos riñones tenemos?” “Cuatro”, respondió el Alumno. “¿Cuatro?” Replicó el profesor, y con la arrogancia de esos que les gusta hacer quedar mal a sus estudiantes, continuó diciendo a su asistente: “Traigan un fardo de pasto que tenemos un burro en el curso”. “Y para mí un cafecito” dijo de inmediato el alumno al asistente. Esto encolerizo al profesor y sacó al alumno de la clase. Ese alumno era el humorista brasileño Aparício Torelly, conocido como “El Barón de Itararé” (1895-1971), quien cuando salía de la sala le dijo al profesor: “Usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos cuatro, dos suyos y dos míos, porque “tenemos” es una expresión utilizada para el plural. Que tenga buen provecho y disfrute el pasto.”

Estamos en la era de la información y el conocimiento, pero es fundamental la comprensión de la información para que el conocimiento y su aplicación sean efectivos en los distintos quehaceres del hombre en la sociedad.

Conozcamos lo indicado en el Informe de la III Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que es el bloque regional al que pertenecemos y que valida el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese informe data del año 2006, última evaluación hecha al país, realizado en base a las 40 Recomendaciones + 9 Especiales del GAFI. En este los evaluadores concluyeron en que catorce (14) de las dieciséis (16) Recomendaciones Esenciales (“Core”) y Clave (“Key”) del GAFI, fueron calificadas como No Cumplidas (NC) o Parcialmente Cumplidas (PC). Dos (02) Recomendaciones fueron calificadas como Mayormente Cumplidas (MC).

La calificación del país fue PC o NC en treinta y siete (37) de las Recomendaciones, lo que hizo que el país entrara en la Lista de Seguimiento Continuo del GAFI. Adicionalmente, el Informe señalaba una suerte de duplicidad de funciones entre la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debido a una errada interpretación de los Evaluadores, que más tarde fue aclarada en los Informes de Seguimiento. Finalmente, al no tener tipificado el Financiamiento al Terrorismo como un crimen grave y no cumplir con 08 de las 09 Recomendaciones Especiales el Grupo Egmont (Organismo que agrupa las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo para generar sinergias a través del intercambio de información) suspendió la membresía de la República Dominicana (RD), la cual databa desde el año 2000. El no pertenecer al Grupo Egmont es uno de los altos catalizadores de percepción de riesgo a nivel global.     

Muchas de las debilidades han sido superadas, ya en 2009 el país fue retirado de la Lista de Seguimiento Continuo, para ingresar a la de Seguimiento Periódico, en donde cada informe da muestra de avances, los cuales aunque positivos no son suficientes para cumplir con las nuevas revisiones hechas a las 40 Recomendaciones del GAFI en el 2012.

A continuación, un breve análisis de lo que implican para el país las novedades de la revisión de las Recomendaciones del GAFI vigentes. A saber:

1. Combatir el Financiamiento o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM), a través de una Implementación efectiva de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La RD ha acogido siempre todas las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad (ONU). El Ministerio de Relaciones Exteriores ha remitido a las autoridades todas y cada una de las Resoluciones para que sean atendidas. Los nombres de las Personas Físicas y Jurídicas incluidas han sido investigados en el sistema financiero.
2. Expandir las exigencias en torno a la identificación de personas criminales. En términos legales, la Ley 72-02, Contra el Lavado de Activos y la Ley 267-08, Contra el Terrorismo, deben adaptarse a las especificaciones de las 40 Recomendaciones, por la ampliación del abanico de delitos y los detalles de conocer a los clientes, cliente de tus clientes, así como beneficiarios finales.
3. Ampliar la rigurosidad en las exigencias a las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s). Dado a que las PEP’s como tales no son unas figuras jurídicas, aunque si aparecen en la Convención Internacional Contra Corrupción (ONU) y Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA), ambas Ratificadas, por lo que tienen carácter de ley. A pesar de esto, es importante que aparezca de forma explícita en una norma legal local.
4. Expandir la Tipificación criminal de la Evasión Fiscal, haciendo de este un crimen predicado del lavado de activos. Este el punto que más controversias ha generado. Después de la crisis del 2008 los G-20 se convencieron de que la evasión fiscal debía criminalizarse en todo el mundo y que por lo tanto fuera un crimen precedente del Lavado, en términos autónomos. Como todas las estructuras fiscales no son iguales, esto genera un gran problema. En el caso de la RD, no es criminal, por lo que debe ser tipificada legamente como tal.
5. Basar las políticas preventivas en función del riesgo, con el objetivo de focalizar los recursos en las áreas de mayores debilidades. Sólo a una parte del sector financiero se le ejecuta una supervisión basada en riesgo. Sólo tenemos conocimiento de que las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiarias, así como Puestos de Bolsa, son sometidos a este tipo de supervisión preventiva.
6. Insistir en una mayor y más efectiva cooperación internacional entre autoridades competentes. La RD es, sin lugar a dudas, uno de los países que más colaboración brinda a la comunidad internacional. En esto, nuestras normas legales, son bastantes completas.
7. Mejorar la operatividad, ampliando los poderes y adecuando las técnicas del trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF’s). La Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CNCLA), debe ser reforzada con autonomía y un presupuesto adecuado que le permita realizar su importante labor no sólo con los entes financieros, como base fundamental del sistema de pagos, sino en toda la economía real, que es donde particularmente existen grandes lagunas de incumplimiento, tal y como acontece en todos los países del mundo.

Todo lo anterior indica que la base legal requiere una modificación, para fines de que contenga los puntos carentes en la actualidad. Esto es fundamental para el país y sabemos que las autoridades conocen la necesidad, la comprenden y trabajan. Pero el tiempo apremia.

Continuaremos, en la próxima entrega, explicando cómo se aplica la Nueva Metodología de Evaluación, con la cual el país será evaluado próximamente. Además, plantearemos qué se debe hacer para estar preparados, lo que puede implicar la entrada al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en las circunstancias actuales y las consecuencias de una mala calificación para la economía.