Anoche el gobierno anunció al país aumentos de impuestos con el objetivo de incrementar la presión tributaria a 15%, lo que permitiría apropiar los fondos necesarios para la educación dominicana. En la carta que dirige el presidente al Congreso se destaca la mofa presidencial, focalizada sobre los sectores que respaldan el 4% del PIB para la educación y quienes están convencidos de que la formación es una inversión en capital humano que fortalece el crecimiento y desarrollo de largo plazo. 

El gobierno insiste en que su estrategia fiscal se debe a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), como si la deliberada expansión del gasto, que se inició en el 2008 (año de elecciones presidenciales), no guardara relación con el abultado déficit fiscal que exhiben las cuentas públicas y que, por eso, se propuso el paquete fiscal por unos RD$9,500 millones. 

Las autoridades gubernamentales sabían que la presión tributaria se venía reduciendo luego de las reformas tributarias del 2005 y 2006. La presión tributaria era de 16% en el 2006 y de 12% en el 2010 no obstante el ostensible crecimiento económico. Pese a esta realidad, el gobierno prefirió seguir elevando el gasto y financiarlo con endeudamiento. El gasto del gobierno estimularía la demanda interna y permitiría, según la opinión oficial, continuar creciendo, lo que ha sido el elemento clave del "éxito" económico de la presente administración. 

El resultado de esta política fiscal ha producido un endeudamiento público alarmante. La deuda interna se multiplicó por cinco y la deuda externa se duplicó entre 2005-2010, además de que la deuda del Banco Central con el público se duplicó durante ese mismo período. Pese a la abundancia de recursos provenientes del endeudamiento público, el gobierno no pudo cerrar la brecha entre sus ingresos y sus gastos, y se produjo una contracción del producto para el primer trimestre del orden de 3.2% en el 2010. La brecha no solamente se mantuvo sino que superó los RD$50,000 millones en tres años consecutivos y evitó el cumplimiento del gobierno con el techo establecido por el FMI en el acuerdo firmado en el 2009, razón por la cual aún no se firman las revisiones 5ta y 6ta de ese acuerdo.   

La persistencia del déficit fiscal es lo que genera el presente paquete fiscal y no el FMI como aduce el gobierno, cuyos efectos pagará la población dominicana en general. Este paquete estima una recaudación adicional de RD$9,500 millones, esfuerzo fiscal insuficiente para cubrir el déficit para el 2011. Ese paquete fiscal crea además distorsiones en el mercado financiero ya que la imposición de 1% sobre los activos financieros implicaría alrededor de unos RD$7,000 millones (de un total de activos del sistema financiero ascendente a RD$775,322 millones para el 2010), los cuales serían traspasados a los usuarios del crédito bancario. 

Algunos cálculos preliminares sugieren que la reducción de beneficios de la banca dominicana que implicaría la aprobación del impuesto sobre los activos financieros (exceptuando los activos fijos), representaría alrededor del 41.2% de los beneficios antes de impuestos (o 46% de los beneficios netos luego de impuestos) que tuvo la banca durante el 2010. Este impuesto podría tener el rechazo en el Congreso por parte del sector financiero y su rechazo aparentemente pondría el peso sobre el sector privado no bancario y no sobre el sector financiero. 

El efecto del paquete fiscal aumentaría las tasas de interés en adición a los incrementos ya realizados por la política monetaria del Banco Central así como el incremento de costo financiero que representa la reformulación de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. El aumento de las tasas de interés  contrae la actividad económica, aumenta el desempleo y la pobreza. 

En otras palabras, la reforma tributaria planteada por el gobierno busca compensar la irracionalidad de la política fiscal a través del empeoramiento del crecimiento y la estabilidad de la economía dominicana, pero en beneficio de un minúsculo grupo gubernamental dedicado a la construcción, sector donde se concentran los recursos públicos. 

Los efectos recesivos de esta reforma tributaria a través del incremento que provoca en las tasas de interés estimularían un deterioro del salario nominal toda vez que el incremento del costo financiero de las firmas sería trasladado a precios. Por otro lado, se apreciaría el tipo de cambio ya que la brecha entre las tasas de interés local e internacional aumentaría, favoreciendo la política de endeudamiento público. Por otra parte, el aumento de valor de la moneda local ampliaría el déficit de la cuenta corriente, obligando a la rectificación del valor de la moneda local. 

Pero, el efecto de mayor repercusión negativa para el gobierno reside en el nivel de  desconfianza que produce en la población los anuncios del ministro de economía y del propio presidente de la república cuando la semana pasada negaron que se producirían aumentos en los precios de los combustibles o que el gobierno recurriría a nuevos impuestos. Estos hechos confirman que la desconfianza es el mayor obstáculo que enfrenta el gobierno para ejecutar sus políticas públicas exitosas.