Mucho se ha escrito sobre la pandemia de la COVID-19 y, sin dudas, se seguirá escribiendo durante mucho tiempo. En primer lugar, por los impactos que ha generado, pero también porque cada día se identifican nuevas cepas y mutaciones del virus que podrían limitar la eficacia de las vacunas que ya se están aplicando, lo que mantendrá a las multinacionales farmacéuticas en la competencia por desarrollar nuevas vacunas y fármacos para el tratamiento de la enfermedad, dando continuidad a la batalla que, sotto voce, están librando por los mercados.
Por último, los intereses políticos, económicos y geopolíticos con intención de capitalizar las oportunidades que crea la crisis, provocarán que esta pandemia sea objeto de largos debates y tensiones locales y globales, de manera que llegaremos hasta el hartazgo con los miles de publicaciones y noticias que continuaremos recibiendo cada día sobre este tema.
Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre la suerte que han corrido otros temas de igual o similar importancia, tanto a nivel de los países, como en el marco de los organismos internacionales encargados de manejar las agendas regionales y globales.
En nombre de la pandemia y sus consecuencias se ha invisibilizado la obligación de los Estados de preservar los derechos fundamentales de las personas. En algunos países se han incrementado la violencia, la inseguridad ciudadana, las represiones, las condenas arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, así como las coerciones que restringen la libertad de prensa. Por ejemplo, la ONG Reporteros sin Fronteras ha denunciado el grave hecho de que durante el 2020, más de 50 periodistas han sido asesinados, de los cuales el 68% corresponden a México, India, Pakistán y Honduras, países que no tienen conflictos armados.
Muchos otros problemas recurrentes que afectan el bienestar personal, como la falta de agua, energía eléctrica, vivienda, empleo, acceso a servicios de salud, atención a la niñez y a las personas en situación extrema vulnerabilidad, también están siendo dejados en segundo plano so pretexto de la crisis sanitaria mundial. Que estemos siendo afectados hoy por este devastador virus, no rescinde la responsabilidad de los Estados y sus gobernantes de continuar mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos a través del incremento de la economía, con la creación de fuentes de empleo y acceso a los servicios de salud para cubrir todas las necesidades, tanto preventivas como de atención médica.
En el sector educacional, por ejemplo, las ofertas educativas en medio de la pandemia han reflejado una grave discriminación y exclusión para los sectores pobres de nuestra sociedad. Resulta hasta ridículo ofrecer cursos virtuales y radiofónicos para educar a nuestra población infantil, cuando un alto porcentaje no cuenta con dispositivos electrónicos, servicio de energía estable y acceso a internet, indispensables para realizar los estudios. En cambio, las clases sociales colocadas fuera de los umbrales de pobreza, cuentan con las mejores condiciones para adaptarse a los efectos disruptivos de la pandemia sobre los modos de entrega de las ofertas educativas.
Mientras tanto, según la CEPAL en su informe “La educación en tiempos de la pandemia de Covid-19”, los más pobres siguen confrontando las diversas de formas de desigualdad estructural, las medidas contingentes han sido insuficientes y la brecha digital se ha puesto aún más en evidencia. Las empresas que ofrecen los servicios de internet son multinacionales privadas y no los ofrecen gratuitamente. Por otro lado, la mayoría de padres y madres, tienen que trabajar, por lo que no cuentan con la disponibilidad de tiempo, ni con las competencias tutoriales suficientes para asegurar que sus hijos e hijas cumplan con programas de estudios “online”. Todo esto ocurre debido tanto a la limitación de recursos como a la ausencia de una estrategia holística eficaz, que asegure el acceso a la educación gratuita para todos y en condiciones de igualdad real.
Es fundamental mantener la guardia frente a los abusos y violaciones que interrumpan el libre acceso a los servicios públicos y los derechos básicos, especialmente en aquellos países cuyas dictaduras y represiones aprovechan el desvío de nuestra atención para continuar perpetrando violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ejecutando represalias, persecuciones y asesinatos.
Tampoco deben soslayarse los compromisos asumidos para reducir el calentamiento global, el efecto invernadero y la necesidad de mitigar el daño causado al medioambiente, del que todos somos culpables. En este sentido se ha pronunciado recientemente Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, haciendo el llamado a la unidad para abordar estas crisis y avanzar hacia un futuro inclusivo y sostenible.
Si bien estamos frente a muchos desafíos (bajas en las economías de todos los países, aumento de la pobreza, incremento de la violencia social, intrafamiliar, discriminación y exclusión), se hace urgente y necesario repensar novedosas propuestas que tiendan a dar respuestas a estas problemáticas.