“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”-John F. Kennedy
Conocidos los problemas relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como son, los impactos ambientales indeseables, los conflictos entre comunidades mineras y gobiernos, y el cuestionable impacto de la minería en los indicadores de desarrollo humano en general, nos parece muy oportuno que el Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) hiciera una reflexión seria, inteligente y sistémica sobre el destino que merece una porción significativa de la renta estatal minera.
Lo dicho no equivale a afirmar que el MEMRD haya avanzado una iniciativa de política inédita o pionera en la materia. Al juzgar el trabajo hecho, se advierte con facilidad que el ministerio partió del estudio de experiencias regionales e internacionales relevantes, sin mencionar las innumerables consultas técnicas hechas.
La idea primigenia que movilizó los esfuerzos en torno al anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (Sinagerem), fue la de garantizar que la renta estatal minera contribuyera efectivamente, a través de los canales de la inversión pública, al financiamiento de proyectos de desarrollo de largo plazo y alto retorno social.
Es cierto que la apuesta a una nueva gobernanza de los recursos naturales no renovables en el contexto de sistemas políticos clientelares, donde la corrupción todavía representa un desafío para cualquier tipo de intención transformadora genuina, no deja de estar cargada de grandes incertidumbres.
En relación con ello, en el caso colombiano, uno de los más paradigmáticos de la región, los juicios finales de los expertos no son nada halagüeños. Como señalan Diego Arisi y Ana González en su trabajo “La transparencia en la gestión de los ingresos de las industrias extractivas: el caso de Colombiano” (ver: BID: Gobernanza y transparencia en los tiempos de abundancia: experiencias de las industrias extractivas en América Latina y el Caribe, 2015):
“La distribución de los ingresos de los recursos naturales en Colombia pretendía promover el desarrollo regional. Sin embargo, el escaso impacto de las regalías en la mejora de la calidad de vida de la población y las irregularidades en la gestión de los recursos naturales llevó al gobierno nacional a reevaluar la distribución y asignación de las regalías en 2010…Tanto para los actores sociales como institucionales, la corrupción es un elemento central para explicar el escaso impacto de las regalías en el desarrollo local (negritas mías, JS)”.
Obviamente, el gobierno colombiano, ante estas evidencias, no se quedó cruzado de brazos. De acuerdo con el mismo estudio, a partir de 2010 “la solución institucional predominante…ha sido fortalecer los controles externos y la rendición de cuentas”.
Partiendo del estudio exhaustivo de esta experiencia país en particular, el MEMRD acometió la compleja y desafiante tarea de formular el mencionado anteproyecto de ley. En él se desarrolla en detalle el concepto del Sinagerem, absolutamente viable y capaz, como se ha dicho, de convertir una porción importante de los beneficios de la minería en procesos de desarrollo socioeconómico de largo plazo.
Hacia finales de 2018 este sistema fue definido como “el conjunto ordenado de normas, procedimientos e instrumentos de gestión, y el marco institucional cuya razón de ser es la captación y asignación eficiente y transparente de los ingresos mineros a iniciativas de desarrollo debidamente evaluadas, priorizadas y aprobadas…”
Su antecedente nacional inmediato es el proyecto de Ley de la Minería Nacional que, si bien toma en consideración las decisiones de la industria y, con ellas, sus resultados económicos, se inclina por un régimen tributario y regalitario que, promoviendo la eficiencia y la estabilidad, prioriza la participación equitativa del Estado en los beneficios que provienen de unos recursos que son propiedad de toda la nación, por lo cual están llamados a impactar positivamente el desarrollo sostenible y garantizar la inclusión social.
Somos conscientes de que la loable iniciativa del Sinagerem enfrentará grandes desafíos, la mayoría relativos a los acuerdos sociales y los consensos políticos necesarios. No obstante el reconocimiento de esta realidad, que tiene unas complejidades locales especiales, somos de la firme convicción de que la iniciativa ministerial de referencia es absolutamente pertinente y, sin duda alguna, excepcionalmente meritoria.
Ella resume la determinación política de canalizar la renta estatal minera hacia nuevas inversiones en capital humano, infraestructura, innovación, ciencia y tecnología, incluidas otras inversiones de largo plazo. Es la única forma de que los minerales extraídos perduren positivamente en lo que una vez llamábamos la conciencia social.
La llamada maldición de los recursos naturales no renovables no está en los daños ambientales y en sus insuficientes impactos positivos en el desarrollo, sino en su fallida gobernanza ancestral y en el imperio sobre ellos de una mentalidad clientelista cortoplacista. Esta, históricamente, ha sido renuente al uso de mecanismos instrumentales de desarrollo de largo plazo y, lo que es peor, a la continuidad de las políticas de Estado.