Entre la larga serie de cuestionamiento a los gobiernos de Leonel Fernández y el PLD, hay uno que es de especial relevancia: el fallo en lograr una institucionalidad democrática.
En la evaluación de un quehacer político siempre hay una distancia entre las expectativas creadas por un dirigente político y un partido y sus realizaciones. Esa brecha entre lo prometido y lo realizado puede ser estrecha o amplia, según los casos, casi nunca, la misma se salda en positivo.
Ahora bien, lo que es intolerable, aún desde las posiciones más pragmáticas y realistas, es la distancia extrema entre lo mínimo necesario y lo obtenido. Pues bien, en materia de institucionalidad y de legitimidad democrática, lo realizado por Leonel Fernández y el PLD raya en lo caricaturesco.
Hace poco desde este mismo espacio público me refería a la problemática cuestión del constitucionalismo y la deriva cesarista-autoritaria del gobierno, y su interés político-corporativo en el continuismo.
Si todo ello podía parecer a los espíritus toscos, teorizaciones vagas, sin apego a la realidad ( ya que la realidad percibida por ellos es siempre miope, la que interesa a sus intereses individuales o grupales).
La memorable decisión, por su vacío legal, del desprestigiado presidente de la Junta Central Electoral (JCE), de cuestionar a Juan Bolívar Díaz, ha supuesto la piedra de toque de la endeblez institucional a que nos ha llevado este gobierno.
Solo a gente obsesionada por hacer méritos ante su Jefe de filas político, se le puede ocurrir tratar de asestar un golpe bajo a una organización prestigiosa como Participación Ciudadana, de largo reconocimiento público por su labor en las lides electorales, acusándola indirectamente de llevar como observadores a individuos de dudosa conducta o con antecedentes penales.
Quien escribe admira el trabajo de Participación Ciudadana, aunque no esté de acuerdo con algunas de sus iniciativas. Por ejemplo, desde hace más o menos una década desde las páginas, creo, que del Listín Diario, critiqué la separación de las elecciones presidenciales y congresionales.
Entiendo que la misma crea un exceso de gasto público, prolonga demasiado los tiempos dedicados a la caza de votos y al carnaval que le acompaña, en vez de dedicarse ese tiempo al trabajo productivo y creativo, y, además, sus supuestos beneficios no se ven por ningún lado.
Más aún, creo que los congresistas actuales, a fuer de equivocarme, son menos independientes y menos capacitados que los de las etapas de elecciones no separadas.
Para no referirme al influjo del dinero en la selección de los mismos y la oportunidad que ello brinda a los grupos de delincuentes para hacerse con curules en ambas cámaras. La falta de sensibilidad mostrada por muchos diputados y senadores y su rapacidad, sea importando vehículos de super lujo o llenándose los bolsillos con el barrilito, es una muestra de ello.
Volviendo al eje central de este artículo, la falta de institucionalidad y el peligro que ello acarrea para nuestra democracia, la decisión del presidente de la JCE es más que un síntoma, es un epítome del malestar de nuestras instituciones bajo el gobierno del presidente Fernández.
Expertos en aparentar, en tejer o construir redes falsas y escenarios de cartón piedra, detrás de los cuales solo hay poses, caretas e insustancialidad, la institucionalidad dominicana durante los doce años del gobierno de Fernández no ha progresado absolutamente nada en lo sustantivo.
Frente a esta mascarada permanente, frente a esta obsesión por el parecer en vez de tratar de ser, del Jefe del Estado dominicano y sus adláteres, brilla con luz propia la figura pública y ética de Juan Bolívar Díaz. Supongo que su historial "delictivo" que se conserva en los archivos debe referirse a su actitud digna de denuncia cara a cara frente a Balaguer.
Por los crímenes de periodistas como Goyito Castro, como Orlando, por sus críticas a las desapariciones, y a los intentos de fraudes electorales, durante los "otros doce años", los del austero Balaguer frente al derrochador y amigo del lujo para él y sus allegados de Leonel Fernández.
Juan Bolívar Díaz tiene cerca de cuatro décadas haciendo periodismo en este país y cuando el actual presidente de la JCE era un oscuro personaje, muy conocido en ninguna parte, salvo en su casa a la hora de comer, ya él era un emblemático periodista democrático siempre animador de las mejores causas de este país. O al menos, de las que él así estima y juzga.
Teniéndole el afecto que le tengo, y la admiración con que le distingo, se me hace difícil tener el distanciamiento necesario para un juicio objetivo sobre su persona, pero creo no caer en subjetivismos, si expreso que aún teniendo diferencias con él en muy pocos y estrictos asuntos de la agenda pública, nada se puede encontrar en su pasado ni en su presente que le excluya de ser un observador de nuestro proceso electoral.
Más aún, cuando el que preside el organismo encargado de ese proceso es un connotado miembro del partido del gobierno sin ninguna independencia intelectual para ocupar un puesto para el que ha demostrado, con este hecho, al menos, estar incapacitado para ejercer.