Recientemente, líderes de asociaciones empresariales, políticos y economistas se han referido a la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico. Estas afirmaciones sugieren que el funcionamiento de las políticas económicas de la presente administración tiene resultados contraproducentes con el aumento sostenido  del bienestar. 

Estas aseveraciones se producen en medio de cuestionamientos a la llamada estabilidad macroeconómica, los cuales se fortalecieron con la publicación de los resultados de dos estudios contratados por las autoridades dominicanas que apoyan la hipótesis de insostenibilidad del crecimiento económico que sustentan varios economistas locales.  

Lo cierto es que durante el período 2008-2010, la economía dominicana exhibió desequilibrios en la cuenta corriente (de 8% del PIB promedio), la tasa de desempleo resulta poco flexible al crecimiento económico (que se mantiene alrededor del 14% de la PEA) y se ha producido un déficit creciente en las cuentas fiscales (alrededor del 4% del PIB). 

No obstante, el gobierno destaca en su favor la existencia de una relativa estabilidad del tipo de cambio, a costa de pérdidas sustanciales de reservas internacionales y a pesar del deterioro de la cuenta corriente. Puede afirmarse que el financiamiento de la estabilidad del tipo de cambio es más caro aún por cuanto el Banco Central coloca certificados destinados a inversionistas extranjeros que entregan divisas a cambio de una tasa de interés superior a las del resto de los certificados de inversión de esa entidad, con el fin de mantener el nivel de divisas que le permita intervenir en el mercado cambiario. 

Resulta importante destacar que el crecimiento económico ha sido estimulado fundamentalmente por el consumo, que representó un 95% del PIB en el 2010. Esto plantea la generación de bajos niveles de ahorros destinados a financiar la inversión. En ese caso, el ahorro interno sería de apenas 5% del PIB y si se tiene en cuenta que la inversión representa alrededor del 19% del PIB (considerada baja respecto a los niveles de la región latinoamericana), entonces habría que financiar el 14% del PIB con préstamos. Estos préstamos garantizan la reposición del capital y de la inversión, asegurando que los bienes y servicios que se producen sean suficientes en todo momento.   

En este caso, cabe destacar que las políticas económicas no garantizan la sostenibilidad del crecimiento económico y mantienen elevados niveles de pobreza y desigualdad sólo comparables con los niveles existentes en 1992. 

En adición, la competitividad ha retrocedido y se evidencia en el déficit comercial con todos nuestros socios comerciales, exceptuando Haití. Asimismo, la falta de competitividad se relaciona con la existencia de un grupo reducido de firmas que dominan los mercados, reforzado por el incumplimiento de las leyes que incluye a la propia Constitución de la República. 

De aquí que la regulación de los mercados, tarea gubernamental indispensable, mantiene desprotegidos a los agentes económicos por la carencia de reglas y de límites en la realización de sus actividades económicas. 

Así funciona la economía dominicana, por eso vale la pena discutir otras alternativas de políticas públicas que reemplacen la ineficiente y cara estabilidad macroeconómica. Esto significa cambiar la visión cortoplacista y el alcance de las política económicas, así como cambiar la lógica de las políticas públicas. Si a esto se le quiere llamar modelo, entonces es preciso cambiarlo. 

El Consenso de Washington aparece en el escenario internacional para reorientar las políticas de los países subdesarrollados luego de que el modelo de sustitución de importaciones, apoyado por la intervención estatal, produjera la crisis de la deuda externa de los años ochentas.  El producto crecía gracias a la disponibilidad de créditos en los mercados internacionales que financiaron la enorme brecha externa que posteriormente se convirtió en deuda externa que no pudo honrarse a tiempo. 

En estos momentos se enfrenta una crisis económica interna, reforzada por la recesión internacional, el aumento de precios de las materias primas y de los combustibles. Estos elementos han exacerbado las inconsistencias de la actual  política económica, demandando soluciones inmediatas. 

Lamentablemente, la administración del presidente Fernández no tiene la credibilidad para emprender tales tareas, sobre todo porque no reconoce que sus políticas han sido costosas e ineficientes. 

En efecto, la economía dominicana perdió más de US$2,000 millones preservando la estabilidad del tipo de cambio en los últimos 26 meses. La deuda pública interna se multiplicó por cinco entre 2005 y 2010, pasando de US$970 millones a US$5,026 millones. La deuda externa que era poco más de US$6,800 millones en el 2005 pasó a US$9,309 millones en el 2010. Por su parte la deuda del banco central superó los US$6,000 millones en el 2010, cuando en el 2004 era de unos US$4,400 millones aproximadamente, colocando la deuda pública en más de US$20,000 millones en el 2010, es decir más del doble respecto al 2005. 

Ante la abrumadora evidencia de la disfuncionalidad del conjunto de políticas públicas puestas en marcha por la presente administración, valdría la pena hacer un ejercicio de pensar en otras alternativas de políticas de desarrollo y de estabilización para evitar una profunda crisis social.