Opinión

La insensatez de las primarias abiertas

Por Thiaggo Marrero Peralta

El tema de las primarias abiertas y simultáneas, así como su constitucionalidad o no, si bien ha sido ampliamente debatido en términos jurídicos, realmente su verdadera naturaleza es de índole política pues, como ya he escrito, los bandos enfrentados tienen argumentos jurídicos sólidos para legitimar su posición.

Siendo este asunto una cuestión política, resulta necesario que sea abordado desde esta perspectiva para que la ciudadanía pueda confirmar la insensatez que supone la celebración de primarias abiertas y simultáneas para elección de las candidaturas de los partidos políticos. Sobre todo porque el debate meramente jurídico deja de lado asuntos tan trascendentales como el sacrificio innecesario para el presupuesto general del Estado que supone este modelo de escogencia de las candidaturas, así como la muy probable desconfianza que puede generar en el sistema electoral.

Las primarias abiertas, simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral (JCE) como prevé el proyecto aprobado por el Senado el pasado miércoles son, en términos prácticos, la celebración de otras elecciones más. Si este año el proyecto de ley de partidos políticos se aprueba y entra en vigencia inmediatamente, entonces el país se presta a celebrar como mínimo tres elecciones:

1.-Las primarias abiertas y simultáneas por lo menos 90 días antes de las elecciones municipales.

2.-Elecciones municipales en febrero del 2020.

3.-Elecciones congresuales y presidenciales en mayo del 2020.

En caso de que haya segunda vuelta en las elecciones presidenciales, se celebraría nuevamente elecciones en junio de 2020 y por tanto, en una cuarta ocasión en menos de un año. Con lo cual se puede afirmar, siendo inocente, que desde mayo de 2019 el país va entrar en un frenesí político-partidario. ¿De qué serviría el consenso de separar las elecciones con este festín?

Las elecciones tienen un costo enorme para el país, miles de millones de pesos para la fiesta de la democracia y la garantía de nuestra convivencia pacífica. Basta recordar que las elecciones de 2016, según el actual presidente de la JCE, tuvieron un costo aproximado de RD$4,980,480,908.65 sin contar las contribuciones que anualmente hace este órgano a los partidos políticos.

Evidentemente las primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la JCE implicarían otro costo adicional al montaje de dos elecciones durante el año 2020. Las preguntas obligadas son: ¿Merecen más dinero los partidos políticos? ¿El Estado debe gastar más en el sistema electoral y sobre todo, en el sistema de partidos? Pienso que a democracia cuesta mucho y lo vale; pero su costo debe ser racionalizado para que no raye en el dispendio.

Sobre todo porque la confianza en el sistema de partidos dominicano está erosionada de acuerdo al Latinobarómetro de 2017 pues apenas un 15% confía en los partidos políticos y por tanto, aumentar el gasto en estos a través de la celebración de unas preelecciones no es una buena fórmula para elevar la confianza en el sistema.

Además, como ya Francisco Álvarez escribió en su último artículo, “la JCE podría verse arrastrada por esos conflictos poniendo en riesgo su reputación y por ende las próximas elecciones”. La JCE salió muy malherida del proceso de 2016 pues algunas organizaciones aún al día de hoy sostienen que hubo un fraude colosal.

A veces quiere olvidarse que el pataleo es un elemento cultural intrínseco al sistema de partidos y a la fauna política dominicana. En un proceso de primarias abiertas y simultáneas con miles de precandidaturas e intereses en conflicto el desastre institucional está asegurado tan pronto los precandidatos perdedores comiencen a decir que le hicieron fraude y el sistema de justicia electoral sea incapaz de responder.

El riesgo reputacional al que se expondría la JCE con la aprobación del actual proyecto ley de partido es gigantesco, pondría en vilo a un sistema electoral ya debilitado y con ello al mismísimo sistema de partidos que se procura “fortalecer”.

Las primarias abiertas y simultáneas son una total insensatez que no resolverán los problemas de los partidos ni del sistema electoral pues solo tienen que ver con la escogencia de las candidaturas de los partidos.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa por una ley que prevea una distribución equitativa y justa de los recursos a los partidos, que ponga topes a los gastos de las campañas, otorgue más poderes de supervisión y sanción a la JCE y garantice la participación de mujeres y jóvenes en los órganos de dirección de los partidos políticos.

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