Muchos de los países y territorios del mundo cumplen con los aspectos técnicos exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El cumplimiento técnico consiste en garantizar que las normas legales establecidas cumplan con las indicaciones de las 40 Recomendaciones. El gran reto siempre se manifiesta en la efectividad del cumplimiento, es aquí donde se suscitan las deficiencias que aparecen en la mayoría de los informes de evaluaciones y consecuentemente en los de seguimientos. Cada país o territorio tiene una realidad distinta, aunque en algunos se asimilen.
Particularmente, entendemos que la gran novedad de las revisiones vigentes a las 40 Recomendaciones del GAFI, establecidas en 2012, fue la indicación de incluir al Delito Tributario como crimen precedente del lavado de activos. Esto en adición a la sugerencia de desincentivar el uso del efectivo, por la tendencia a la opacidad que pueden generar las operaciones que no son efectuadas a través de medios de pago nominales. De aquí el muy discutido y sufrido Artículo 64, Liquidaciones o Pagos, de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Discutido, por la atención que ha concitado, pero más que nada sufrido por la incertidumbre que ha generado en los elementos económicos, llegando a limitar transacciones comerciales, lo que con la adición de los fenómenos atmosféricos acontecidos en el último cuatrienio del 2017 y la ralentización que ya se venía arrastrando (las medidas de inducción económica establecidas en agosto por la Junta Monetaria muestran que ya ésta era una realidad), generaron una suerte de frenazo en la economía.
Desincentivar el uso del efectivo es a nuestro parecer, saludable, pero al establecer normas de cumplimiento se debe analizar la realidad social, económica e histórica de la sociedad a regular.
La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Inc. (Fenacerd), uno de los gremios más grandes del país, está desarrollando una serie de debates respecto al impacto de la Ley 155-17 en el comercio y la economía. Básicamente, lo que más les afecta es la incertidumbre que genera la limitación del uso del efectivo, aunque la mayoría de sus asociados no califican como sujetos obligados, no menos cierto es que los procesos de comercialización vinculan a clientes y suplidores que si lo son, por lo que es importante que cada persona física o jurídica que comercialice algún bien limite el Riesgo de Contagio, el Riesgo Reputacional, el Riesgo Legal y lógicamente el Riesgo Financiero que los anteriores pueden catalizar.
Como parte de los referidos debates, tenemos la responsabilidad de, en forma breve, enfocar el efecto de la aplicación y el cumplimiento de la Ley 155-17 en la economía y con esto la efectividad del cumplimiento. Asumimos como base dos interesantes análisis, uno: “Los Instrumentos de Pago de Sector Formal y Uso de Efectivo en el Sector Informal de la República Dominicana: Incidencia en el Lavado de Activos” de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 2017. Este es uno de una serie de trabajos de medición y análisis de la realidad dominicana para desarrollar un enfoque de supervisión basado en riesgo. Es de rigor felicitar a la UAF y su equipo técnico por el excelente trabajo que ha venido desarrollando, ya era tiempo de que se le empoderara para que pueda realizar sus responsabilidades de forma efectiva. El otro, un interesante artículo titulado “La informalidad continúa en aumento en República Dominicana”, de la autoría del economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
En el primero se denota la tendencia creciente a la bancarización de las transacciones comerciales presentando datos contundentes como la relación Pagos Liquidados a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)/PIB Nominal ha sido superior a 6.47%, como promedio, durante el periodo 2009-2017, lo cual indica que la tendencia al uso de este mecanismo se incrementa.
Además, la cantidad Operaciones Liquidadas en el Sistema de LBTR, manifestaron un aumento de un 65.3% en 2016 relación al 2015. También, aquí se muestra que la cantidad de transacciones en pesos y en dólares manifiestan incrementos importantes en el periodo 2009- 2017. En ese mismo lapso, a través de las transferencias electrónicas se han operado una parte importante de fondos y su uso denota una tendencia promedio positiva siendo el instrumento utilizado para transar el 60.6% del total de pagos en 2009 y en 2017 un significativo 74.8%.
En cuanto al uso de las tarjetas bancarias, este ha sido relativamente bajo, pues en el periodo citado, se manifiesta entre 4.8 y 6.9 porciento. Específicamente, en 2017 las tarjetas de débito alcanzaron un promedio de 54.6 de las tarjetas activas-vigentes, de su parte las tarjetas de crédito un 29.9%, las prepagadas un 2.8% y las de subsidios gubernamentales, el 12.7%, completando así el universo de este medio de pago.
Las cifras del 2015 manifiestan una tasa de empleo informal igual a 51.2%. Aquí se muestra como los sectores construcción y agricultura son aquellos que exhiben mayores niveles de informalidad con más de 80% de su población ocupada informalmente. Ambos representan sectores muy activos de la economía.
La República Dominicana, la razón moneda nacional en el poder del público/PIB es de 2.86%. el efectivo en poder del público como porcentaje del Medio Circulante (M1) y como porcentaje de la Oferta Monetaria Ampliada (M2), muestra una tendencia negativa en el peso que tiene el efectivo sobre estos agregados lo cual sugiere una mayor propensión de las personas a realizar transacciones utilizando mecanismos bancarizados.
Muchas personas confunden los términos Bancarización e Inclusión Financiera, el primero se refiere al uso de los mecanismos de pago o ahorro ofrecidos por los bancos y el segundo implica el uso de productos crediticios (Préstamos de cualquier tipo o naturaleza, Tarjetas de Créditos, Etc.) Ambos han crecido, como expresa el documento de la UAF, pero aún no son los óptimos.
En la próxima entrega veremos el interesante aporte del CREES, cuyas conclusiones difieren, aunque no del todo, con el citado análisis de la UAF. El complemento de ambos es lo que muestra la realidad en torno a la cual se debe ajustar el diseño de las políticas de cumplimiento que harán evolucionar la transparencia sin frenar la economía.