Me sigo asombrando de que no quede hacia dentro del PLD una pizca de la dignidad que Juan Bosch suponía debía tener un partido, y que la corrupción de ese conglomerado sea parte de la inflación moral en que vivimos. Cuando hablamos de corrupción denominamos una práctica que se ha perpetuado en la política dominicana conformando un sistema, y cuya acumulación originaria de capital tiene como fuente el erario. Se ha repetido tanto en la historia dominicana, que el imaginario popular la ha fijado como algo “natural”, como una esencia de la dominicanidad; siendo, como es, un orden histórico particular de la práctica política que la legitima en el manejo del poder. La corrupción no es una maldad de origen, sino un vastísimo sistema circulatorio, una enorme palanca de movilidad social, ante cuyo funcionamiento el poder es como el susurro de las escamas del réptil. Fue el fenómeno de la corrupción el que transformó súbitamente toda la naturaleza  de la clase media pequeño burguesa con la se organizó el PLD, abriéndose con la movilidad social unos apetitos cuya ausencia de límites ha borrado cualquier escrúpulo ético. Todo lo que ocurre ahora, con el nivel que ha alcanzado el sistema de la corrupción en el país, pudimos haberlo advertido leyendo correctamente las escaramuzas sobre las cuales se ha organizado la impunidad absoluta con la que se actúa.

Quiero recordar aquél espectáculo degradante que la Cámara de diputados protagonizó con la supresión del párrafo III del artículo 85 del código procesal penal, entre los años 2O13 y 2014 . Ese párrafo era crucial para solidificar el sistema de impunidad que el PLD ha erigido, porque castraba la posibilidad de la querella del ciudadano, esa facultad de denunciar los actos de corrupción que atañen a toda conciencia de ciudadanía. La prensa de entonces reseñó las diligencias de Víctor Díaz Rúa para que el poder legislativo desarticulara ése artículo, y más que validar ahora las razones que él tenía para que esto se realizara; lo que se desplegaba era el manto de impunidad más tupido de toda la larga historia de la corrupción. El grado más elevado de la concepción patrimonial del Estado. El nivel de la corrupción  abiertamente proclamado sin ningún sonrojo. El Estado como botín, el despojo de la riqueza social cual si el partido gobernante tuviera derechos extraordinarios de apropiación de los fondos de la nación, sin un régimen de consecuencia.

Si ahora vemos a Felucho Jiménez proclamar que  el Comité político del PLD sabía de las sobrevaluaciones en las obras  de ODEBRECHT; y que Reynaldo Pared, el secretario general del partido, le responde que lo que se discutió fue “el desvío del trazado de una carretera” en la cual Felucho  Jiménez tenía intereses; lo que descubrimos es que en el Comité político se discuten problemas financieros que son exclusividad del Estado; porque el PLD ha perdido el carácter político, y se ha convertido en una corporación económica. La hipercorrupción es lo característico de la etapa actual de los gobiernos peledeístas, y es diferente de esas formas sistémicas que registra la historia, no solo por elevado nivel de acumulación de capital que maneja, sino porque requiere garantías de impunidad absoluta, y falsificación de todo el régimen de consecuencias que deberían prever las leyes. Para la hipercorrupción el Estado es oxígeno indispensable, la fuente de  toda acumulación patrimonial. Es por ello que Felucho y Reynaldo Pared discuten, y es por ello que, pese al dominio absoluto del sistema judicial, el párrafo III del artículo 85 del código procesal penal era un incordio para el predominio de la impunidad. Felucho y Reynaldo Pared son la misma cosa, son la misma barbaridad de una práctica política autoritaria y corrupta, y la misma vocación de eternidad que no respeta las leyes. Un sacerdote rabioso, gran amigo con el que discuto temas políticos, entre perdigones de saliva me dijo bajito: “Andrés, no seas pendejo, ésos tígueres están curtidos, y aman el dinero”. Y yo sentí que ese era el mismísimo significado de nuestra existencia, de nuestra frustración. Ante un país que tiene secuestrada todas las instituciones formales de la democracia, y una dictadura real junto a una inflación moral que dificulta respirar aires de dignidad, dos “jorocones” del partido de gobierno debaten públicamente “asuntos económicos”, y no pasa nada. ¡Oh, país!