En el análisis que realizamos a la propuesta de un pastor de la Iglesia Evangélica dominicana, quien había planteado que el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana en el país se debía a la falta de orientación religiosa en la familia y a los jóvenes, demostramos, mediante un estudio comparativo, que esa aseveración carecía de sustento histórico y empírico.
Utilizamos para realizar ese estudio, las investigaciones de criminología llevadas a cabo en convictos de diferentes países donde se llevan registros estadísticos. Luego le dedicamos en otro escrito un estudio a las complejas y múltiples causas psicosociales y culturales que están incidiendo en el cada vez más preocupante incremento de la criminalidad e inseguridad ciudadana en el país.
En este trabajo nos referiremos a lo que ha acontecido en el país luego de que el gobierno dominicano, después de haber impuesto su reelección para un segundo mandato, estableció como una política de combate al incremento de la criminalidad basada en reforzar el número de militares en el patrullaje y vigilancia en las vías públicas del país.
En efecto, desplegando un programa que evidentemente había venido elaborando el Estado, una de las primeras medidas que fueron tomadas para el combate de la violencia criminal fue anunciada el 1° de septiembre por el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, quien informó a la ciudadanía que se iba a integrar una patrulla mixta, constituida por mil soldados que habían sido previamente entrenados y reequipados para llevar a cabo su labor de protección ciudadana, los cuales se sumarían a un número igual que ya operaba en diferentes lugares del país que habían sido identificados como zona de mayor delincuencia, “para que los ciudadanos puedan vivir tranquilos”. Posteriormente se informó que 552 militares habían culminado su entrenamiento, y que cincuenta cárceles habían sido rehabilitadas, como parte de la estrategia establecida para el combate a la delincuencia y de protección ciudadana.
¿Cuáles han sido los resultados de este plan? Estas reflexiones que aquí realizaré, quince días después de haberse iniciado el programa estatal para combatir la violencia, son sorprendentemente desalentadoras, pues, lejos de disminuir, la violencia ha aumentado en relación a los meses anteriores, y adopta características más preocupantes y peligrosas. Reflejan niveles de incorporación de gran número de policías, militares y miembros de las diversas instancias que tienen que ver con la Justicia. Se ha descubierto que están involucrados en los delitos y el crimen, asociados a bandas ya existentes que incluye a policías y a civiles o a mecanismos de actuación que ellos mismos han establecido.
El mismo día que se habían anunciado estas medidas se informó que la Policía había detenido a decenas de personas, a quienes les ocuparon granadas, fusiles y drogas, en varios lugares del país.
También son notorios los asaltos a mano armada de que han sido víctimas oficiales y rasos de la Policía, así como autoridades nacionales y municipales.
Cuatro altos oficiales de la Policía Nacional, un coronel, un capitán y dos tenientes, así como dos sargentos, fueron involucrados el miércoles 7 de septiembre en el delito de extorsión a un grupo de pescadores que había tomado unos kilos de droga que aparecieron flotando en aguas pesqueras de La Romana. Y esos paquetes de droga habían sido anteriormente confiscados a una lancha que hizo colisión, parece que al perder el control, contra la costa de esa provincia.
Y una jueza que ejercía en esa misma provincia tuvo que ser “botada” de la judicatura por haber entrado en una relación de contubernio con una banda de narcotraficantes que intentó introducir una alta cantidad de kilos de droga por el aeropuerto, y quienes, a pesar de todas las evidencias, fueron dejados en libertad; y ella se había quedado, además, con armas de fuego que les fueron confiscadas a los narcos.
El director de la Policía anunció que le dio de baja a tres policías por formar parte de una banda de sicarios. En tanto, un raso fue víctima cuando el martes 13 se perpetró un asalto a un vehículo de transporte de valores frente al Bella Vista Mall, situado en una zona céntrica y concurrida de la Capital. Los asaltantes estaban provistos con armas de guerra ocultas en un estuche de guitarra, mientras ellos se paseaban por todo el centro comercial atentos al traslado del dinero. Ese mismo día apresaron al mayor E.N. Enrique Peña Florián, a quien vincularon con un alijo de drogas.
Apenas dos días después, el jueves 15, una patrulla militar les dio muerte a un oficial comerciante y a su esposa en la provincia de La Romana.
La Interpol y el Departamento de Homicidios de la Policía acusan y emiten orden de captura contra el ex teniente del Ejército John Emilio Percibal Matos y a Brayan Peter Félix Paulino, señalados como autores del robo de los tres millones de pesos realizado al vehículo de transporte de valores que ocurrió frente al Bella Vista Mall.
Los habitantes del barrio Cien Fuegos, de Santiago; de Invivienda, en la Capital, de los Alcarrizos, entre otros, han estado denunciando que los asaltos y la delincuencia en general ha crecido en una proporción que las iglesias, la asistencia a las escuelas, y las diversiones nocturnas prácticamente han desaparecido en su estilo de vida, por temor a la violencia incontrolada que opera en esos sectores.
Lo preocupante es que la violencia que hemos visto incrementarse luego de la segunda toma de posesión de este gobierno se percibe como un desbordamiento a las medidas de control que se han tratado de establecer; que se trata de una nueva modalidad mucho más agresiva del crimen; que se evidencia que la corrupción de la Policía y demás cuerpos armados, de jueces y fiscales, y de las instancias que tienen como responsabilidad el combate al tráfico, distribución y venta de drogas, están involucradas en muchas de estas actividades ilícitas.
A todo esto hay que agregar que armas de guerra de alto calibre, como lo son el M-16, M-4, y AR-15, han sido incautadas en un reciente frustrado intento de contrabando por el puerto de Haina el 15 de septiembre, que ha obligado a las autoridades a decretar un estado de alerta y vigilancia de emergencia en todos los puertos del país. Y a pesar de ello, otros contrabandos de armas de fuego han sido posteriormente detectadas.
E incluso, para percatarnos de los nuevos elementos que se están integrando al incremento y la nueva modalidad del crimen en el país, el senador Winton Guerrero, de la provincia Peravia, del sur del país, realizó la grave denuncia de que la Policía, el DICRIN y la Procuraduría General de la República están bajo el control de carteles de la droga que operan en el país en alianza con grupos similares que operan en otros países.
Este artículo no pretende ser una crónica ni una reseña detallada de lo que ha acontecido en este primer tramo de la puesta en marcha de la estrategia del restablecimiento de la seguridad ciudadana iniciada después del segundo ejercicio presidencial de Danilo Medina y su gobierno, aunque tenga que recurrir a la mención detallada de los hechos más relevantes que se utilizan como soporte argumental de este escrito.
Su propósito es insistir en que la complicación del incremento y las modalidades cada vez más organizadas y profesionales que adquiere el crimen en el país no basta enfrentarlo con una estrategia de confrontación armada militar, sino que requiere de planes que se ajusten a la complejidad holística de la violencia criminal.
Sus raíces están, como es ya un lugar común entre los estudiosos del tema, en las pésimas condiciones de vida, el desempleo y la mala distribución de la riqueza que prevalecen en el país.
Sabemos que enfrentar este problema requiere de medidas a largo plazo, pero que muchas de las cuales tienen que ser incorporadas a un proceso de transformación social, pero cuyos inicios este pueblo no puede esperar. Se requiere modificar la Policía, el funcionamiento de los jueces, procuradores y fiscales; evaluar la cantidad de cámaras existentes, incluidas las que están bajo el control privado, para suplir las que faltan en lugares estratégicos.
Hay que integrar a los sectores comunitarios que puedan servir para mantener censado a los bandidos y criminales del barrio, juntas de vecinos, las iglesias, clubes, sindicatos, asociaciones de padres de la escuela, entre otros, para así convertir esta lucha en una jornada popular y participativa.
En tal contexto, ¿cuál es el papel que deben jugar los partidos políticos, democráticos, socialistas o izquierda revolucionaria? En primer lugar, no pueden involucrarse en ninguna actividad para realizar acciones conjuntas con el narcotráfico organizado, ni recibir dinero para su campaña proselitista ni admitir miembros de esas bandas como candidatos, si el rumor público, interrogatorios policiales vinculados a hechos conocidos o haber recibido condena por estas actividades lo estigmatizan.
Tampoco debe participar en actividades directas para perseguirlos, denunciarlos o apoyar la ira popular que se desatan para ejecutar la justicia por sus propias manos en algunos momentos que incluye a menudo intentos de linchamiento y maltrato físico a los ladrones y asaltantes, o a quienes sectores populares lo consideran responsables hasta de la muerte de un paciente en un hospital.
Los partidos políticos que defienden el Estado de derecho e igualdad social, deben luchar contra la corrupción, por un aumento de sueldo justo a los prestatarios de servicios que laboran en la Policía, los militares y en la Justicia, porque los extremos bajos salarios constituyen un caldo de cultivo para incentivar a que estas autoridades se vean sonsacadas a participar en actos criminales.
Es preciso luchar contra la impunidad y la falta de consecuencias que caracterizan a los hechos de corrupción, sobornos y extorsión en el país.
Los partidos progresistas de izquierda y socialistas tienen que luchar por la vigencia de la democracia, la justicia, las políticas públicas, la mejoría del sistema de educación y la inversión social en salud y en los programas de desarrollo que favorezcan una mayor distribución de la riqueza y garanticen los derechos humanos, para que los trabajadores, organizaciones comunitarias y los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y organizarse para luchar por el logro de sus conquistas sociales.
En última instancia, su objetivo político primordial debe ser la toma del poder.
Para el logro de estos objetivos es indispensable elevar el nivel político de los jóvenes, promoverles una ideología con un alto contenido moral y tratar de involucrarlos en una práctica política que les permita su formación revolucionaria para enfrentar la compleja situación de deterioro a todos los niveles que vive el país.
Estas son algunas de las responsabilidades de sus funciones políticas que tienen que afrontar los partidos políticos progresistas, revolucionarios y socialistas.