Cuando aprovechándose de nuestras crisis institucionales, nos quieren inducir a pensar que los fundamentos democráticos dañan la sociedad, es muy peligroso. Los mensajes de 140 caracteres no son mi fuerte; en ocasiones, ni siquiera estoy segura de entender lo que quieren decir cuando escriben varios tuits sobre un mismo tema. Pero, el sábado pasado, vi unos en los que hablaban de lo peligroso que puede ser la independencia de algunas instancias públicas; los argumentos esgrimidos, me causaron estupefacción.

No es un secreto, lo fácil que le resulta “al poder” construir discursos desde “falacias lógicas”. En el país es un recurso muy utilizado establecer un argumento de autoridad amparándose en una persona “experta”; a partir de esto, poco importa si quien construye el discurso y el experto en quien lo sustenta mienten. Al fin y al cabo, lo que subyace es la intensión de convencer, no de establecer certezas.

Leer a juristas realizando planteamientos que se alejan de la institucionalidad e inducen al miedo, me crea suspicacia. Puedo estar equivocada, pero siento la necesidad de hurgar en lo subyacente, porque por lo regular, ese tipo de planteamientos no persiguen fortalecer la democracia. Muy por el contrario, históricamente la justificación en el miedo, está vinculada al deseo de implantar arbitrariedades.

Hay instancias estatales que, en mi consideración y parecer, no deben independizarse. En ocasiones, escucho planteamientos que establecen que la solución al mal funcionamiento de un órgano es que sea “independiente”, nada más lejos de la verdad. No es tan simple, el Estado no funciona así, en la mayoría de los casos el buen desempeño, la garantía de profesionalidad y de la propia independencia en la gestión, es más complicado que establecer en la Constitución o la ley, la independencia del órgano.  Nótese, que estoy aceptando como bueno y válido la idea de que para funcionar desde la ética de un Estado Social y Democrático de Derecho, no es necesario tener independencia funcional.

Dice el artículo 138 de la Constitución Dominicana, que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Si cumplimos con esto, todo debe funcionar de acuerdo al Derecho y no a los intereses mercuriales o particulares.

De ahí que, insisto, plantear como negativo que una instancia de gobierno se independice, no es criticable. Ahora bien, lo que sorprende y asusta, es que se sustenten argumentos que aleguen lo siguiente: podríamos independizarla del poder político y que se decante dependiente de otros poderes. O que se advierta del peligro de la independencia porque podría implicar autonomía. Y esta última coloca la institucionalidad casi exclusivamente en la persona que ocupa el cargo. Para luego afirmar, quizás con sobrada razón por la crisis de institucionalidad que referí al inicio, que el problema de nuestros países no es de leyes, sino humano; o sea, de las personas que dirigen las instituciones. Cuando se entremezclan estas razones, primero dos “falacias lógicas” y luego una situación que puede ser considerada verdad irrefutable, las personas suelen no separarlas y asumir como verdadero el discurso completo. Ese juego es riesgoso, para nuestra débil democracia y nuestra inexistente institucionalidad.

Hago un llamado a que encendamos todas las alertas cuando se plantee como negativo la independencia y autonomía de las instancias públicas. Si estos planteamientos se basan en el supuesto de que quienes dirigen las instituciones siempre estarán respondiendo al poder político o a otros poderes. Esto significaría la aceptación de que como nación, nunca tendremos la capacidad para actuar según los mandatos constitucionales. El próximo paso podría ser cuestionar los pilares de la democracia. Si validamos esos argumentos, entonces que no nos sorprenda que más adelante comiencen cuestionar la necesidad de tres poderes en el Estado, “porque total, no están funcionando bien, y hay corrupción y son manipulables”, así que ahorrémonos esos fondos. Cuidado, mucho cuidado (como dice la canción).

Recordemos que, en momentos de crisis, el equilibrio democrático puede estar minado, pero son precisamente las instituciones que lo sustentan las que permitirán rescatarlo. Si perdemos la institucionalidad democrática no mejoramos, ni ahorramos; al contrario, abrimos la compuerta de la arbitrariedad. Los Estados somos las personas que los habitamos, las instituciones las hacemos las personas, pero hay que construirlas, y el supuesto para su construcción no puede ser la mala fe individual y social. La sociedad se fundamenta en el supuesto de la buena fe. Por eso existe, por ejemplo, la presunción de inocencia y no de culpabilidad.

Es cierto que hay órganos que deben funcionar desde la dependencia funcional a uno superior. Sin embargo, es igual de cierto que, ese órgano superior también está dirigido por un humano. Así que no crean en argumentos vinculados a que es necesario evitar la independencia y autonomía de instituciones por debilidades humanas. Mejor exijamos que se creen los mecanismos y recursos suficientes, necesarios y adecuados, para que ejerzan el control sobre la humanidad individual. Que la corrupción estatal no nos haga olvidar, que lo deseable es fortalecer la institucionalidad, no darle valor de verdad a argumentos que buscan crear mesianismos y personificar el desarrollo del país.