Es necesario reconocer que, desde la primera rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en el año 2013, el tema de vivienda, al menos en el discurso, ha tenido un espacio guardado. Con menos de un año gobernando planteó su intención de “impulsar proyectos público-privados” y anunció por vez primera (hace ya 5 años) la “construcción de 35.000 viviendas en los próximos 7 años”. Esas 35 mil viviendas eran pues Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este (25 mil) y Ciudad Juan Bosch en Santiago (10 mil). Así inició el presidente lo que serían, según el discurso, sus dos líneas de trabajo en materia de vivienda: la ya citada público-privada y una atención a “los requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo”.
En el año 2014, el presidente Danilo Medina vuelve a contarnos “otra importante acción, que beneficia a las clases populares”, refiriéndose nueva vez al impulso de los proyectos público-privados. Al Tiempo que repetía nueva vez el apoyo a comunidades en zonas de riesgos acotadas en La Barquita y Boca de Cachón.
Cual deja vu, en el año 2015 Danilo Medina vuelve a contarnos “el proyecto de vivienda popular más ambicioso que ha puesto en marcha un gobierno en nuestra historia reciente”, refiriéndose a Ciudad Juan Bosch. Y de nuevo nos cuenta las maravillas que nos esperaban “cuando el proyecto esté totalmente terminado” ya que “más de 100,000 personas que van a tener acceso a una vivienda digna dentro de una comunidad digna”. Y contaba su objetivo de que “11,500 se entreguen antes de agosto de 2016”. Y de nuevo lo volvía a anunciar como “solo el principio, porque gracias a la Ley de Fideicomiso, vamos a continuar trabajando juntos, el sector público y el privado, para dar un impulso sin precedentes a la vivienda popular y de calidad en todo el país”.
En su rendición de cuentas en el año 2016 siguió con la letanía de agradecer a la alianza público-privada el fin del déficit habitacional. En ese mismo discurso nos decía: “no podemos seguir aceptando que barrios y comunidades enteras sigan en condiciones habitacionales pésimas. Como si las miles de viviendas precarias fueran parte del paisaje natural de nuestro país. No tienen porqué serlo”. Y en ese mismo año 2016, en su toma de posesión, nos ofrece que “en los próximos 4 años estamos decididos a impulsar el derecho a la vivienda digna con todas las herramientas a nuestro alcance y con diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de las familias”. Retoma en su máquina del tiempo el “modelo” de Ciudad Juan Bosch y promete replicarlo en La Vega y San Francisco de Macorís.
Prometió revisar el marco legal para “aquellos que no pueden comprar” impulsando la figura del alquiler social y ofreció apoyo para acondicionar el hábitat en las áreas con mayor incidencia de pobreza y hacinamiento. Nos animó con su exhortación de que: “somos conscientes de que el acceso a la vivienda digna es uno de los motores que más influyen en el desarrollo de las personas y estamos decididos a hacer de él un motor de creación de clases medias en nuestro país”.
El tiempo siguió su curso y nos llevó a la rendición de cuentas del año 2017 y nos habló de “la manera acelerada en la que marcha Ciudad Juan Bosch”. Nos habló de que ya estábamos listos para iniciar Ciudad Juan Bosch Santiago. Nos presentó las 30 mil viviendas que se iban a construir en esta modalidad frente a las breves cuentas de números de 3 cifras que construía el INVI. Volvió a repetir La Barquita, Mesopotamia (aún sin culminar a pesar de ser mencionado cada año) y culmina con el anuncio de la “transformación urbana integral de Domingo Savio”.
En el presente año, con su más reciente rendición de Cuentas, el presidente nos habla con una marcada debilidad del tema de vivienda, sin poder exhibir de nuevo los mismos proyectos repetidos que ha anunciado durante 4 años. Presentando tímidamente de nuevo las viviendas de bajo costo, pero demuestra su fracaso para resolver el déficit habitacional en el país cuando presenta la decisión de venderlos en el exterior a la diáspora dominicana. De la promesa de un proyecto de 35 mil viviendas en 7 años, solo 2 mil terminadas y apenas 500 familias residiendo allí, 5 años después.
El presidente no nos habló de esas herramientas diversas de acuerdo a las necesidades de las familias que nos prometió en su toma de posesión del 2016. No nos contó cómo ha avanzado el marco legal. Se olvidó de los planes de alquiler social. Nos quedamos esperando noticias sobre la solución de esas otras familias que residen en zonas vulnerables, y lo único que nos pudo exhibir del INVI, fue precisamente esas viviendas construidas sobre el dolor de familias que se vieron expuestas ante los ciclones Irma y María.
El presidente no le contó a la población que esa “transformación urbana integral” ofrecida en Domingo Savio tiene en vilo a más de 1,400 familias que soñaron con el anuncio del año pasado con un hábitat digno que les resignificara la vida y hoy tiemblan ante el anuncio de que tendrán que abandonar sus casas a cambio de una suma de dinero correspondiente al “valor” de sus viviendas actuales, a sabiendas de que el dinero a recibir no les garantizará la vivienda digna.
El presidente Medina ha olvidado su afirmación de que “el acceso a la vivienda digna es uno de los motores que más influyen en el desarrollo de las personas”, al mantenerse con las puertas y los oídos cerrados ante todos los llamados de los sectores que luchan por este derecho, consignado en la constitución dominicana en su artículo 59.
Y así entre silencios y medias verdades el presidente en su rendición de cuentas, deja de lado la solución del déficit cualitativo que afecta a más de un millón de hogares con carencias de los servicios básicos. Sigue ignorando a miles de familias que cada año exponen sus vidas residiendo en viviendas ubicadas en zonas de riesgo.
El Estado continúa sin una respuesta clara que pueda devolvernos el optimismo de pensar que en algún momento todos y todas podremos disfrutar del derecho a una vivienda digna.