Data de varias décadas que el doctor Pedro Green, quien entonces estaba al frente del Departamento de Traumatología del Hospital doctor Darío Contreras, advertía sobre la gravedad de los accidentes vehiculares. El llevaba un minucioso registro de la cantidad de personas que perdían la vida por ese motivo y de los lesionados que recibía el centro, parte de los cuales fallecía en días posteriores, debido a la gravedad de sus lesiones. Al sumar estos últimos, sus datos entraban en contradicción y resultaban más precisos que los de la Policía Nacional, cuyas estadísticas quedaban reducidas a la cantidad de personas que perdían la vida en el momento mismo de la colisión o el accidente.
Fue por ese entonces que siendo director del noticiario Radio Reporte en La Voz del Trópico y articulista del vespertino El Nacional, a instancias nuestras y de su fenecido director Rafael Molina Morillo en común empeño se celebró el I Seminario Nacional sobre Accidentes de Tránsito. El evento dejó como saldo positivo una serie de recomendaciones encaminadas a reducir la cantidad de accidentes y víctimas ocasionadas por ese motivo. Lamentablemente, como tantas otras iniciativas donde no se percibe posibilidad de lucro, quedaron archivadas como letra muerta.
Con el paso del tiempo la proliferación indiscriminada de sindicatos de choferes; la falta de un adecuado ordenamiento del tránsito; la violación casi impune y sin sanción de las normas; la alegre e irresponsable expedición y entrega de licencias de conducir a cambio del consabido pago de “peaje”; y el acelerado y significativo crecimiento del parque vehicular, entre otras razones, hicieron que la situación fuera agravándose y los accidentes aumentando en cantidad y gravedad, sin solución de continuidad.
Así ha seguido hasta nuestros días, con los accidentes de tránsito como la principal causa de muertes violentas en el país, que supera con mucho las provocadas por los asaltos y atracos, los enfrentamientos entre bandas, los atentados criminales, las muertes por encargo, los pleitos callejeros, los feminicidios y otras fatales ocurrencias, todas consideradas en conjunto. No solo figuramos en los primeros escalones entre los países donde es mayor la proporción de accidentes vehiculares, sino que ocupamos el poco honroso segundo lugar a nivel mundial por el número de víctimas fatales en relación con la cantidad de los mismos.
Así como la milenaria sabiduría china postula que “una imagen dice más que mil palabras”, también los números ofrecen un testimonio mucho más contundente que cualquier argumento sobre la gravedad del problema. Precisamente datos extraídos de una información publicada por el matutino El Día, nos ofrecen una prueba palpable de hasta que extremo alcanza el de los accidentes de tránsito convertidos en una incontenible hemorragia.
Durante el pasado año 2017, los fatales eventos vehiculares en calles, avenidas, carreteras y autopistas, dejaron como trágico saldo mil 588 muertes oficialmente registradas, con la salvedad de que no se aclara si esa cifra corresponde exclusivamente a las personas que perecieron en el momento y sitio de la ocurrencia, sin tomar en cuenta las que fallecieron posteriormente en los hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.
Pero esa no es toda la historia. El total de lesionados se acercó a los 110 mil, de los cuales más de las tres cuartas partes correspondieron a adultos en plena edad productiva. Peor aún: menores de 10 hasta jóvenes de 39 años constituyeron el grupo más numeroso de los que resultaron mutilados, golpeados y malogrados. Las lesiones más frecuentes, y que por lo general dejan mayores y más delicadas secuelas, son las cráneo encefálicas, donde radica precisamente el centro de mandos del cuerpo. Ocioso señalar que la gran mayoría de los lesionados son motoristas, los que aportan también mas del setenta por ciento de las víctimas fatales.
En términos económicos, los perjuicios son también considerables. El pasado año la Tesorería de la Seguridad Social tuvo que desembolsar más de 776 millones de pesos por las atenciones de salud a los lesionados, un incremento de cerca de 300 millones sobre la cantidad requerida en el 2016. Las ARS, a su vez, gastaron mil 288 millones por ese mismo concepto. Las compañías de seguros se vieron obligadas igualmente a cubrir elevados costos por las reparaciones de vehículos, y en no pocos casos de reposición por pérdida total.
Reducir los accidentes vehiculares involucra diversos factores muy complejos y difíciles de superar, dado que son males que arrastramos de mucho antes. Arraigados hábitos de mala conducencia; un pésimo ordenamiento de tránsito vehicular; invasión de los espacios peatonales; deficiente o carencia de un sistema de señalizaciones; manejo temerario; violación persistente de las normas que regulan el tránsito; la feroz competencia de los conchos y las voladoras por cargar pasajeros; la ausencia de un sistema de paradas para tomarlos y dejarlos; la conducencia bajo los efectos de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, y en algunos casos, de drogas; son, entre otros, varios de los males que afectan el pésimo y desorganizado tránsito vehicular tanto como el servicio de transporte público en el país.
La agenda resulta mucho más extensa. En ella, figura también la espesa madeja de los poderosos intereses económicos de los millonarios caciques que a través de federaciones y sindicatos, manejan el negocio del transporte público de pasajeros y carga, y en ocasiones hacen gala de un poder tan avasallante, revestido de impunidad, que llegan a paralizar el país.
Vencer todos esos obstáculos es el gran reto que tiene por delante el Instituto de Tránsito Terrestre. Y también, posiblemente, la última esperanza que nos queda, por ahora y en mucho tiempo, para tratar de detener esta desenfrenada, costosa y dolorosa sangría en vidas humanas, juventudes malogradas y cuantiosos perjuicios económicos.