Por Ismael Reyes
Esta semana que recién acaba de pasar fue testigo de la indignación cibaeña ante la frustración y la anulación de la oportunidad de que se aplicara justicia a conocidos personeros de la alta dirección del partido morado, involucrados en sonoros casos de corrupción pública. Ya antes, en San Francisco de Macorís se había hecho una protesta activa por iguales motivos.
Aparentemente, ésta de ahora fue una protesta más dentro del historial de la larga cadena de paros, huelgas y movilizaciones populares que generalmente son motivadas por la insatisfacción de necesidades y problemas seculares que sufren las distintas comunidades del país. Pero en esta protesta hay un detalle que ha pasado por desapercibido para mucha gente y que la hace original y distintade las manifestaciones comunes que la han precedido.
Estábamos acostumbrados a ver muestras de disconformidad social relacionadas con temas más propios de la vida cotidiana del pueblo, como la carestía de la vida, el aumento de los impuestos al consumo y a los servicios, la subida de la luz, de los combustibles, el desempleo, la represión y crímenes policiales. Pero nunca se había tomado como temática acicateadorade huelga el asunto de la impunidad y la corrupción administrativa en las esferas oficiales. Y esto es lo novedoso.
De ahí lo sorprendente que se coloque a la burla de la justicia entre las prioridades que mueven los resortes populares que impulsan a la acción protestataria. Los manifestantes no han salido últimamente a plantear demandascomunales, soluciones puntuales a problemas específicos, a reclamar obras, reparaciones y otras peticiones de este tipo, como era lo común. No. Han salido a manifestar su desencanto con nuestro régimen de impartición de justicia.
De modo que más que una simple protesta que regularmente tienden a ser pasajeras, las referidas forman una especie de movimiento de los indignados. De quienes se indignan ante una Justicia que está siendo juzgada en los tribunales de la repulsa popular.
Una población desencantada está constituida por gente que ha perdido la esperanza y se siente frustrada porque ha visto cómo se apagan, una a una, las ultimas luces de sus ilusiones. Y cuando esto sucede la exclusa de salida de este descontento tiende a ser la violencia. Como está pasando en los pueblos del Cibao que han estado vanguardizando el clamor general contra la impunidad judicial de la que se han provisto quienes han delinquido en el ejercicio de sus funciones públicas.
Que los pueblos estén tomando como bandera de lucha la exigencia de que se castigue ejemplarmente a los corruptos para aleccionar a otros en carne ajena, debe ser tomado como un llamado de alerta de que el pueblo se está empoderandode lo que significa la corrupción y sus consecuencias empobrecedoras para su vida.
El pueblo está tomando conciencia de que el eslabón clave de la cadena de la corrupción es la impunidad, ya que la misma posibilita y alienta su continuidad. Por eso el gobierno y toda la sociedad deben prestar atención a estas manifestaciones populares que reclaman que se perfore el blindaje de impunidad que hace a los corruptos inmunes a la justicia.
Porque si a la deteriorada situación económica que todos padecemos le añadimos el hecho de que la administración de justicia se ha instrumentado,sin ningún pudor, para que los prevaricadores se salgan con la suya, los resultados serán los atisbos de explosiones populares que estamos observando y que hasta ahora se han confinado al Cibao.
Así, cuando se junten los reclamos de mayores inversiones públicas en educación, salud, transporte, vivienda y el fin de la delincuencia (que el gobierno no está en capacidad de atender como se requiere), con la toma de las calles para pedir el saneamiento y la pulga de la Justicia (que ya tomó a las regiones norteñas como punto de partida), entonces nos abocaremos al cuestionamiento de todo el modelo político que permite tales engendros.
No solo se cuestionará a la Justicia que ya ni se esfuerza en cubrir las apariencias ni su abierta complicidad con el cohecho, sino que en el podrido sistema judicial se cuestionará al sistema político corrompido y su falsa democracia de la que esta misma es parte. Ese es el mensaje que nos están enviando las últimas protestas temáticas.
El hecho de que la exención de culpabilidad a los corruptos se platee y se ejecute como tema de protesta y movilización popular, le da a la impunidad una dimensión social y política que antes no tenía y eso constituye una pequeña victoria. Porque deja una huella de carácter indeleble que convoca a la sociedad a revisarse, a corregirse y transformarseen pos de un futuro alternativo más justo.
Por la concreción de ese porvenir distinto, siempre luchó nuestro líder histórico, José Francisco Peña Gómez, quien dedicó toda su vida a hacer posible un mañana más promisorio, donde la Justicia y la igualdad fuera un sol que saliera para todos y no para unos pocos. Hoy ese legado peñagomista está bien defendido y representado en la candidatura presidencial del compañero presidente, Ing. Miguel Vargas.