En el país se acepta la idea de que laborar para un medio de comunicación otorga el falso derecho de poder expresarse o publicar cuanto se desee, sin tomar en cuenta la veracidad de lo que se diga o publique, sin importar a quien se ofende o humille. La despedida hace un tiempo de un comentarista de televisión por desacuerdos con la política editorial de la empresa, se debatió como un atentado a sus derechos y una violación a la libertad de expresión del afectado. Ese concepto del periodismo limita el derecho de propiedad y el clima de libertad en que debe desenvolverse la prensa, porque un medio no está obligado a aceptar posiciones y comentarios contra la honra de terceros o que riñan con sus principios o su política informativa y editorial.
Un caso emblemático se dio en octubre del 2017 en Estados Unidos. La cadena de televisión CBS hizo pública la cancelación de una de sus más altas ejecutivas, su vicepresidente de negocios, Hayley Latmann, por opiniones que la empresa consideró inaceptables en relación con la matanza de 59 personas en un tiroteo en Las Vegas, en las que otras 400 resultaron heridas. La señora destituida había usado un término despectivo para referirse a los republicanos, diciendo que no esperaba que ellos hicieran nada frente al caso, y tampoco se solidarizaba con las víctimas al considerarlos fanáticos de la música country, por lo regular republicanos, aficionados a las armas. CBS dijo que esas opiniones no reflejaban el sentir de la empresa y que la ejecutiva había antepuesto su “postura ideológica” sobre la empatía con las víctimas.
Aquí se pueden usar los medios para llamar olímpicamente ladrón a cualquiera, proferir insultos y emitir criterios xenófobos contra minorías, sin consecuencias, y sin que los dueños y directores responsables de cuanto en ellos se diga se molesten en sancionarlos y pedirles excusas al público, como hiciera la cadena CBS.