Durante la reunión del Presidente Medina con el Papa Francisco en el Vaticano, la lisonja sustituyó lo que debió ser un encuentro a favor de la revisión del Concordato; del ajusticiamiento del prófugo de nacionalidad Vaticana, el ex -nuncio Obispo Josef Wesolowski; y de la indemnización de sus víctimas.
El presidente Medina perdió la oportunidad de hacer lo que nunca se ha hecho: defender los intereses del pueblo, poniendo en práctica los principios de igualdad y de libertad de conciencia, y de cultos, violados con la enseñanza del credo y la imposición de los preceptos Católicos Romanos en las escuelas públicas, y con las revisiones Constitucionales que discriminan a la mujer y violan el derecho al matrimonio igualitario. Principios que constituyen la base de los derechos fundamentales humanos que hoy son esenciales para constituir estados modernos de derecho.
Por décadas el Vaticano se negó a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de curas pederastas y obispos protectores demandados por cortes estadounidenses. Su repetido alegato se fundamentó en que los curas violadores no eran empleados del Vaticano. Pero el trato del obispo Josef Wesolowski contradice su propia defensa; porque él es el primer pederasta empleado del Vaticano, y de alto rango.
Francisco se ha negado a indemnizar a sus víctimas y a someterlo a la justicia, que solamente puede ocurrir en su nativa Polonia o en República Dominicana, cuyos niños fueron agredidos. La excusa que ofrece es que Wesolowski es ciudadano del Vaticano, y su Ciudad-Estado no extradita. Esto es, se niega a extraditar a sus criminales sabiendo que carece del instrumental legal para enjuiciarlo y entierra su argumento de que solo es responsable por sus empleados; al ignorar indemnización para las víctimas de su nuncio.
Francisco y Medina mantienen un Concordato anacrónico salido de dos mentes criminales que en junio cumplió sesenta años de establecido. Es un Concordato que concede a la Iglesia Romana en territorio dominicano riqueza, status privilegiado y poder político; algo a que la Iglesia nunca ha renunciado voluntariamente.
El afianzamiento de la religión durante el período Trujillista ha perdurado en la población con el flujo de dinero estatal que le ha permitido crecer exponencialmente en todo el territorio nacional. Adicionalmente lo mantiene activo con el financiamiento mensual que el Tesoro Nacional deposita en las cuentas comerciales de los párrocos, procedimiento institucionalizado desde el 2007 por el gobierno de Fernández, el neo-Benefactor. Las cuentas de varias parroquias que pude estudiar databan del 2007, y ascendían a un promedio de un poco más de $100,000 pesos mensuales por cuenta/párroco, o sea, por lo menos 1 millón 200 mil pesos anuales por párroco.[1]
En el 2009, el Cardenal y sus seguidores manipularon a sus fanáticos e intimidaron y chantajearon a los diputados para imponer su doctrina y sus condenas a todo el pueblo dominicano. Criminalizaron el aborto bajo todas circunstancias, imponiendo la muerte física o mental de mujeres y niñas con embarazos indeseados, legalizando además la homofobia.
Francisco y Medina mantienen un Concordato anacrónico salido de dos mentes criminales que en junio cumplió sesenta años de establecido. Es un Concordato que concede a la Iglesia Romana en territorio dominicano riqueza, status privilegiado y poder político; algo a que la Iglesia nunca ha renunciado voluntariamente
En el presente, mientras el Presidente Medina exaltaba la educación católica desde el Vaticano, la Jerarquía Eclesial continuaba su manipulación y chantaje en las cámaras de legisladores. Parece ser que su misoginia y homofobia aumenta con la popularidad de Francisco. Ahora intervienen para incrementar de 30 a 40 años el período de cárcel para la mujer que aborta, porque entienden que éste debe ser castigado como crimen premeditado. Al mismo tiempo, argumentan en contra de tipificar el feminicidio, porque según ellos sería discriminar a los hombres.
Puede inferirse que no consideran los cientos de muertes de mujeres por sus parejas o ex –parejas como crímenes premeditados; aunque sí los consideran en los casos de niñas violadas que intentan interrumpir embarazos forzados. Hay que ser mago o malvado para entender la racionalidad torcida de estos hombres, pero sobre todo la de los políticos y laicos que los defienden.
Su hipocresía y doble estándar se manifiesta con su protección a curas pedófilos. A los extranjeros los sacan del país para evitar la justicia dominicana, y a los criollos les montan una campaña solidaria entre curas y fieles, intimidando a victimas con todo tipo de subterfugios para que mantengan silencio. En áreas rurales crean opinión entre padres y maestros para que la niña violada acepte contraer nupcias con sus violadores y no los lleve a la justicia. Estamos en presencia de una masculinocracia, no muy diferente a la existente en países musulmanes con legislaciones Sharia. Sólo que en algunos de ellos, el aborto está permitido.
Pero la iglesia Católica todavía no está satisfecha. Pretende además que sea eliminado el artículo 90 del Código Penal. Este permite “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, definido cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.
Cambian la Constitución y las Leyes, para luego, con un maquiavélico argumento, acusar a víctimas y defensores de derechos humanos de violarla. Olvidan, en su exclusión de la mujer, que las constituciones existen para hacer cumplir derechos humanos, no para violarlos. Cuando esto ocurre, las mujeres tendremos que hacer lo mismo que hicieron los dominicanos de origen haitiano, acudir a cortes internacionales. Somos la mitad de la población, y nacimos en República Dominicana de padres documentados.
No podemos permitir que la Jerarquía Católica se coloque por encima de la Constitución y las Leyes y que los gobiernos electos le rindan pleitesía y le quiten el alimento intelectual y físico a los pobres para alimentar sus “caridades” proselitistas y su “educación” adoctrinadora en las escuelas públicas. Los políticos necesitan reflexionar en las gloriosas líneas del Himno Nacional Dominicano, como antídoto al servilismo, el miedo a la Iglesia, y la desmemoria histórica, las peores plagas que han azotado a la nación dominicana.
Junio 16, 2014
"En tal sentido, todas las instituciones católicas ubicadas en esa Arquidiócesis/Diócesis que perciban transferencias de pagos mediante cheques de la Tesorería Nacional, deberán poseer o aperturar una cuenta corriente o de ahorros en uno de los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional, la cual notificarán a la Tesorería Nacional".
"Además, es necesario llenar el Formulario DG_AC_O2-01 disponible en la página web de la Tesorería Nacional y en la dirección electrónica de la dirección General de Contabilidad Gubernamental y remitir certificación de propiedad de la cuenta bancaria, expedida por el banco donde esté aperturada la misma."