NUEVA YORK – El arresto de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, es una peligrosa jugada del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en su creciente conflicto con China. Si (como supuestamente dijo Mark Twain) muchas veces la historia rima, nuestra era recuerda cada vez más al período anterior a 1914. Igual que las grandes potencias europeas de entonces, Estados Unidos, gobernado por una administración decidida a afirmar el dominio estadounidense sobre China, está empujando al mundo hacia un desastre.
El contexto del arresto es sumamente importante. Estados Unidos pidió a Canadá arrestar a Meng en el aeropuerto de Vancouver, donde se hallaba en ruta a México desde Hong Kong, y extraditarla a Estados Unidos. Esa jugada es casi una declaración de guerra de Estados Unidos contra la comunidad empresarial china. Casi sin precedentes, expone a los empresarios estadounidenses que viajan al extranjero a un riesgo mucho mayor de que otros países tomen con ellos medidas similares.
No es común que Estados Unidos arreste a altos directivos de empresas (estadounidenses o extranjeros) por delitos presuntamente cometidos por las compañías a las que pertenecen; sí lo es que sean arrestados por presuntos delitos personales (como malversación, soborno o violencia). Es verdad que los directivos deberían ser responsables (incluso penalmente) de las transgresiones de sus empresas, pero comenzar esta práctica con una importante empresaria china, en vez de empezar con los numerosos directores ejecutivos y financieros estadounidenses culpables de actos de esa naturaleza, es una sorprendente provocación contra el gobierno, la comunidad empresarial y el pueblo de China.
A Meng se la acusa de violar las sanciones estadounidenses a Irán. Pero hay que analizar su arresto en el contexto de las numerosas empresas (estadounidenses o no) que han violado sanciones de Washington contra Irán y otros países. Por ejemplo, en 2011, JP Morgan Chase pagó 88,3 millones de dólares en multas por violar sanciones de Estados Unidos contra Cuba, Irán y Sudán. Pero a Jamie Dimon no lo bajaron a la fuerza de un avión para ponerlo bajo custodia.
Y además, JP Morgan Chase no es la única empresa que haya violado sanciones estadounidenses. Desde 2010, las siguientes grandes instituciones financieras pagaron multas por ese motivo: Banco de Moscú, Banco de Tokio-Mitsubishi, Banco do Brasil, el Banco Nacional de Abu Dhabi, el Banco Nacional de Pakistán, Bank of America, Bank of Guam, Barclays, BNP Paribas, Clearstream Banking, Commerzbank, Compass, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, PayPal, RBS (ABN Amro), Société Générale, Standard Chartered, Toronto-Dominion Bank, Trans-Pacific National Bank (ahora llamado Beacon Business Bank) y Wells Fargo.
Ninguno de los directores ejecutivos y financieros de estos bancos infractores fue arrestado y puesto bajo custodia por esas infracciones. En todos los casos, se consideró responsable a la empresa, no a un directivo individual. Tampoco se los hizo responsables de las numerosas infracciones cometidas antes o después de la crisis financiera de 2008, por las que, según un cálculo reciente, los bancos pagaron la asombrosa suma de 243 000 millones de dólares en multas. En vista de este historial, el arresto de Meng constituye un sorprendente desvío respecto de lo habitual. Sí, que los directores ejecutivos y financieros rindan cuentas, pero empecemos por casa, para evitar la hipocresía, la conducta interesada disfrazada de altos principios y el riesgo de incitar un nuevo conflicto global.
Es bastante evidente que la acción estadounidense contra Meng es en realidad parte de un intento más amplio de la administración Trump de debilitar la economía china, apelando para ello a aranceles, cierre de mercados occidentales a las exportaciones chinas de alta tecnología y a evitar la compra china de empresas tecnológicas estadounidenses y europeas. No sería exagerado decir que es parte de una guerra económica contra China (y muy imprudente, por cierto).
Huawei es una de las empresas tecnológicas más importantes de China, lo que la convierte en uno de los blancos principales del intento de la administración Trump de frenar o detener el avance de China en varios sectores de alta tecnología. Las motivaciones de Estados Unidos en esta guerra económica son en parte comerciales (proteger y favorecer a empresas estadounidenses rezagadas) y en parte geopolíticas. No tienen nada que ver con la defensa de la legalidad internacional.
Estados Unidos ha puesto a Huawei en la mira sobre todo por el éxito de la empresa en la comercialización mundial de tecnologías 5G de avanzada; afirma que plantea un riesgo de seguridad concreto porque tiene herramientas de espionaje ocultas en su hardware y software. Pero el gobierno estadounidense no ha dado pruebas que sustenten esta afirmación.
En este sentido, es reveladora una reciente diatriba contra Huawei aparecida en el Financial Times. Tras conceder que “en TIC no puede haber pruebas concretas de interferencia, a menos que uno tenga la suerte de encontrar la aguja en el pajar”, el autor se limita a afirmar que “no se puede correr el riesgo de poner la propia seguridad en manos de un potencial adversario”. Dicho de otro modo, aunque no podemos realmente señalar una conducta inapropiada por parte de Huawei, de todos modos debemos poner a la empresa en la lista negra.
Cuando las normas del comercio internacional obstaculizan las tácticas mafiosas de Trump, entonces según él son las normas las que tienen que cambiar. Es lo que admitió el secretario de Estado Mike Pompeo en Bruselas la semana pasada, cuando declaró: “Nuestra administración está abandonando o renegociando legalmente tratados, acuerdos comerciales y otros esquemas internacionales desactualizados o perjudiciales que no sirven a nuestros intereses soberanos o a los intereses de nuestros aliados”. Pero incluso antes de salir de estos acuerdos, el gobierno de Trump los está destruyendo con acciones imprudentes y unilaterales.
El inédito arresto de Meng es incluso más provocador porque se basa en sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos, es decir, en la afirmación de que Estados Unidos puede ordenar a otros países que dejen de comerciar con terceros, como Cuba o Irán. Pero sin duda Estados Unidos no toleraría que China o cualquier otro país les diga a las empresas estadounidenses con quién pueden o no pueden comerciar.
La fiscalización de sanciones referidas a actores no nacionales (por ejemplo, sanciones estadounidenses a una empresa china) no debería quedar en manos de un solo país, sino del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de acuerdos alcanzados en su seno. En ese sentido, la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad exhorta a todos los países a eliminar las sanciones contra Irán, como parte del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Pero ahora Estados Unidos (y sólo Estados Unidos) niega la competencia del Consejo de Seguridad en estos temas. La administración Trump, no Huawei ni China, es la mayor amenaza actual a la legalidad internacional y con ella a la paz mundial.
Traducción: Esteban Flamini