Ni las rejas callarán la verdad

La general ley de libre acceso a la información pública

Por Carlos Antonio Cota Lama

El 28 de julio del año 2004, el Poder Ejecutivo promulgó una de las Leyes más importantes para el fortalecimiento de la transparencia en el manejo de las Instituciones del Estado Dominicano sean estas centralizadas, descentralizadas o autónomas y más aún la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, que es la Ley 200-04, de libre acceso a la información pública.

Esta herramienta legal permite a cualquier persona a solicitar informaciones completas, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías con participación estatal, teniendo derechos para obtener copias de las documentaciones requeridas, con algunas excepciones como es normal.

Pero además obliga a que cada institución del Estado Dominicano, tenga una oficina de recepción, tramitación y entrega de las informaciones requeridas por cualquier persona o entidad que desee, pero además a tener con carácter de obligatoriedad, un portal o página web, con todas las informaciones relativas a dichas instituciones del Estado, que permita al ciudadano poder hacer consultas de sus inquietudes de manera directa y eficiente.

Lamentablemente hay decenas de instituciones del Estado que hacen caso omiso al cumplimiento de esta ley al igual que de otras, pues sus funcionarios son alérgicos a la organización, a la transparencia, a la honestidad y prefieren el caos y el desorden, para poder hacer sus andanzas y lograr muchas veces distraer fondos públicos y enriquecerse a costilla de nosotros los pendejos y pendejas dominicanas, que aún en pleno siglo XXI, aún lo permitimos.

En la República Dominicana hay que ir creando precedentes para poder garantizarle un mejor bienestar a la presente y futuras generaciones y por suerte tenemos un marco legal que nos ampara y nos da la fortaleza necesaria, para reclamar esas informaciones que nos permitan en un momento dado desenmascarar a los funcionarios ó funcionarias que incurran en acciones de corrupción en el desempeño de sus funciones.

Hemos visto como algunos funcionarios a los cuales se les ha requerido informaciones de carácter público, hacen caso omiso actuando de manera irresponsable y lo hacen porque saben que en algunos casos no han actuado de manera correcta y se han beneficiado directa o indirectamente de recursos del Estado y por eso patalean y brincan más que una cabra, pero al final, mueren de cansancio y terminan entregándolas aunque sea a través de los recursos de amparos que la propia ley establece.

La sociedad dominicana debe empoderarse, no me cansaré de decirlo, pues la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad que hoy día se vive en la República Dominicana es lo que ha impedido que realmente nos desarrollemos como nación y el poco desarrollo que hemos obtenido en los últimos 20 años se debe nada más y nada menos que a un excesivo endeudamiento externo, comprometiendo el futuro, hasta de los que aún ni siquiera han nacido.

Recuerdo en una ocasión una frase expresada “Este es un país eminentemente rico, pero mal administrado “ y ciertamente es así, si observamos desde la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, muchos de los que han pasado por la administración pública, han utilizado la posición para robarse las tierras del Instituto Agrario Dominicano, del Consejo Estatal del Azúcar, las tierras de la Reforma Agraria, el otorgamiento de contratos leoninos en perjuicio del Estado Dominicano a cambio de comisiones o dádivas, las estafas bancarias, los que se han beneficiado grandemente del narcotráfico y del lavado de activo y un sin número indeterminado de acciones dolosas que se hace imposible en tampoco espacio exponer, sin embargo aún queda mucha República Dominicana y para lo que la vemos con optimismo, debemos emprender una campaña a nivel nacional, para comenzar de una vez y por todas a encarar con la responsabilidad necesaria a todos estos fariseos.

Y para aquellos funcionarios públicos o agentes responsables que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, que se memoricen bien el Artículo 30 de la Ley 200-04, para que vean que pueden ser sancionados con pena privativa de libertad de seis a dos años de prisión, así con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

Hay que crear precedentes en el país, contamos con las herramientas legales para hacerlo, solo debemos disponernos y aunar esfuerzos, solo así podremos lograr un cambio significativo en el manejo de los recursos del pueblo por parte de los que ocupan posiciones públicas tales como Ministros, Directores Generales, Alcaldes y todos los que de una u otra forma manejan fondos públicos de manera incorrecta y perniciosa.

 

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