Según datos del Banco Mundial, el promedio del precio del galón de gasolina en todo el mundo es de US$3.66; a los dominicanos nos cuesta US$4.75 cada galón. Con respecto a América Latina y el Caribe la brecha de nuestros precios se amplía a casi dos dólares.
La estructura de costos de los combustibles en la República Dominicana está viciada. Alrededor del 36% del precio va a las cuentas del gobierno. Según lo dispone la ley de hidrocarburos esos ingresos deben destinarse al pago de la deuda externa, el incentivo de programas de energías renovables y la financiación de los partidos políticos.
El Estado subsidia con RD$50.00 por galón a las empresas del transporte (Fenatrano, Conatra, entre otras) y a los generadores eléctricos. Hay otros factores ocultos que pesan en el precio, para muestra un botón: usamos como referencia para fijar el precio de los combustibles la cotización del petróleo West Texas, el más caro del mercado, y que además no es el que consumimos.
En esa estructura están expresadas la visión recaudadora del sector público y la rentista de lo privado. El petróleo y sus derivados son la sangre de nuestra civilización. Es deber de los gobernantes utilizarlos como armas estratégicas para el progreso y no grilletes de acero.
El Estado dominicano debe proponerse reformular el sistema de precios de los hidrocarburos de modo que, sin afectar la estabilidad macroeconómica, la competitividad y el bolsillo de la gente, podamos tener unos combustibles con un precio que en ningún caso supere al promedio global que aporta el Banco Mundial.
Cuando una economía pertenece a un área de libre comercio, como es nuestro caso con el DR CAFTA, no se puede dar el lujo de ofrecer condiciones desventajosas con respecto a sus competidores.
Paralelamente, el gobierno debe implementar políticas orientadas a hacernos cada vez menos dependientes de los hidrocarburos. Por ejemplo, es necesario incentivar la importación de vehículos híbridos o que consuman gas natural, estimular ferias que los coloquen en bajo costo. Los impuestos siempre son odiosos, pero quizá si colocamos un gravamen progresivo a la importación de vehículos de seis a ocho cilindros, podríamos abrir las puertas a que nuestro parque vehicular además de amigable con el ambiente, sea de bajo consumo.
El ejemplo debe entrar por casa: ¿qué pasaría si el Estado dominicano dispone que toda su flotilla de vehículos para el traslado de su personal y funcionarios sea de cuatro cilindros o mejor aún, híbridos o a gas natural? Evidentemente, que una iniciativa de esa magnitud movilizaría a la ciudadanía de forma positiva para disminuir sus consumos de gasolina y, seguramente, crearía las condiciones para que el precio de la gasolina se aleje para siempre de la atención nacional.
Es tiempo de empezar a abordar con audacia y decisión los problemas de la gente.