En el mundo globalizado en que vivimos, las fronteras han devenido un espacio crítico para la seguridad nacional y ciudadana. Ellas constituyen un ecosistema complejo de interacciones, intercambios, transacciones, flujos de mercancías, personas, bienes sociales y servicios que producen beneficios y perjuicios a muchos.
Históricamente las fronteras terrestres han sido el espacio geopolítico más vulnerable, y el conducto de contrabando más redundante. Estas dinámicas ilícitas se sustentan en una realidad muy concreta: en las asimetrías económicas y sociales existentes entre los países; pero sobretodo, en los diferenciales entre los marcos legales y regulatorios entre las naciones. Este factor constituye un motivador crítico y un facilitador para los actores transgresores, porque lo que en un país se persigue como delito no necesariamente se percibe igual en otro país.
Las acciones criminosas descansan también en la existencia de permisividades o debilidades institucionales en cada país, por no mencionar el tema de las jurisdicciones exclusivas, que protegen a toda nación en su condición de entidad soberana dentro del sistema mundo, de ser intervenido por otra nación. Hace muchos años tuve la oportunidad de observar esta realidad cuando viajaba desde Argentina hacia Paraguay. Eran los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, y la frontera Argentino-Paraguaya funcionaba como un sistema de tráfico ilícito fluido, alimentado por un sistema de hormigueo, activado por una serie de redes de traficantes, y viabilizado por agentes oficiales corruptos. La experiencia más reciente que he tenido como investigadora social la viví esta semana mientras realizaba una investigación sociológica en la frontera dominico-haitiana.
La primera cuestión que llamó mi atención fue las formas de articulación y desarticulación de las fronteras, en plural. Porque, aunque concebimos la frontera entre Haití y la República Dominicana en términos singulares, la verdad es que cada punto de esa frontera tangible e intangible constituye en sí un subsistema particular, que trasciende el momento único del paso. Hay dinámicas que funcionan únicamente porque existe la frontera. Doy cuenta de que el lector podrá pensar inmediatamente en el Mercado Binacional, y ciertamente es ese un evento que tiene mucha significación en términos económicos, políticos y sociales para ambas partes de la frontera. El mercado binacional sucede cada semana y se rige por una serie de normas y regulaciones muy establecidas, pero también por dinámicas desreguladas que descansan en estructuras de oportunidades alimentadas por los factores que mencione anteriormente: las atribuciones y permisividades de las que se aprovechan actores criminosos diversos, es decir, oficiales corruptos, redes organizadas de contrabando ilícito, y otros actores oportunistas, por el simple hecho de que ellos gozan de poder económico e influencia política y burocrática para hacerlo.
En adición a este evento, existen otras dinámicas cotidianas que escapan al control fronterizo oficial. Estas afectan el diario vivir de las personas. En los encuentros sostenidos en las comunidades, los habitantes hablan de prácticas criminales: robos de motocicletas y otras propiedades, desfalco, trasiego de animales, tráfico de drogas y armas, trata de personas, que se dan en el borde dominicano, en el que están involucrados no sólo haitianos, sino también dominicanos, aprovechando el hecho de que pueden pasar esas mercancías hacia el otro borde sin mayores consecuencias. La queja explicativa que dan los moradores de las comunidades del lado dominicano es la siguiente: “imagínese, esta es una frontera abierta (porosa diríamos en nuestro argot sociológico), y es inevitable que estas cosas pasen”.
En este punto quiero detenerme un momento para analizar las subjetividades que se encuentran detrás de esta conflictiva situación. En la literatura sociológica se habla de los “no lugares” (Auge, M.1993 ) y también de “espacios ingobernados” (Clunan, A. & Trinkunas, H., 2010) para referirse a esas espacialidades sociopolíticas que se encuentran en un limbo, en lo que respecta a la autoridad que las rige. Paradójicamente hay una contradicción conceptual, y es que tales espacios ingobernados de hecho no existen. Cuando la autoridad legal es precaria o inexistente, su lugar es ocupado por autoridades alternas, algunas de ellas legitimadas de facto por aquellos que representan la autoridad formal, pero que se han autonomizado en la encarnación de su rol, para lograr su propio beneficio. Estas autoridades alternas controlan espacios, crean instituciones informales y mecanismos de sobrevivencia con un fin racionalmente pecuniario. Sabemos que a este fenómeno la gente lo conoce como corrupción, pero en realidad es mucho más que eso; es un tipo de acción criminal que socava la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos y deslegitima su representatividad. Estos actores autonomizados, junto a los actores y redes criminosas regulan efectivamente la vida económica, los micro-intercambios violentos y las relaciones conflictivas entre ellos y los pobladores de ambas partes de la frontera.
Al inicio de este articulo mencione que la frontera constituye un ecosistema. Después de recorrerla en su parte norte, concluyo que existen sub sistemas económicos que vinculan estrategias de vida y adaptaciones socio-culturales con especificaciones espaciales. Entre los agentes económicos que ofertan y demandan hay procesos sinérgicos, especialmente en aquellos lugares donde hay intereses económicos compartidos, como es el caso del sector urbano metropolitano de Dajabón. Allí las dinámicas de generación de valores, fruto del intercambio principalmente comercial están muy establecidas, razón por la cual probablemente la interacción entre dominicanos/as y haitianos/as no es confrontacional per se (aunque puede ser conflictiva), sino por el contrario, simbiótica. En cambio, en otras áreas espaciales periféricas del mismo Dajabón, en las comunidades donde no llegan los beneficios directos de la actividad económica y en donde los recursos y servicios sociales son más escasos, la competencia que genera esa escasez, complementada con la precaria institucionalidad, se traduce en relaciones más contrapuestas entre grupos sociales y nacionales.
Lo mismo sucede con otras subregiones de la frontera, como es el caso de Manzanillo, y Pepillo Salcedo, donde la actividad económica se concentra en los sectores agroexportadores del banano y en los productivos de arroz. En estas comunidades, en contraste con la diversidad que generan los mercados de intercambio, como el de Dajabón, la actividad económica se reduce a la pesca y a la contratación de mano de obra para las operaciones del puerto en Pepillo Salcedo. Estas actividades económicas generan limitados beneficios para el pueblo de Pepillo Salcedo, debido a que no gravan las actividades operativas a los usuarios del puerto (ni aun con impuestos de rodaje) con el fin de crear incentivos a los productores agrícolas privados. Como bien lo observo una persona entrevistada, “no tenemos ni siquiera el beneficio del contrabando”.
Finalmente, en el título de este articulo califiqué este ecosistema como transgredido, pero también se ha convertido en un ecosistema transgresor. Muchos de los fenómenos transgresores que se dan al día de hoy se retrotraen dos siglos atrás, en los tiempos de los caudillos y cuatreros. Muchas de las cosas que he visto en esta semana, podría decirse que son un eco de fenómenos que de manera rudimentaria se producían desde los tiempos de Ulises Heureaux hasta Desiderio Arias. Fenómenos que afectaban entonces a los habitantes del borde, como lo era la crianza libre y los conflictos por los deslindes de terrenos, siguen presentes en una realidad demasiado distante de la vida moderna que bulle en las metrópolis de Santo Domingo y las ciudades secundarias de Santiago y La Romana. El desamparo y la precariedad siguen siendo una costumbre que agobia a los residentes, al margen de su estatus legal. Sin embargo, entonces se trataba de una frontera precariamente securitizada, ahora se trata de una seguridad precaria de la frontera. En este punto quiero ser bien clara, cuando hablo de una seguridad precaria no me refiero en absoluto a la necesidad de remilitarizar la frontera e imponer un régimen inhumano de tratamiento a los connacionales. Muy por el contrario, me refiero a la necesidad de proveer y garantizar el acceso a recursos economicos, servicios sociales y justicia a las poblaciones vulnerables, constituidas por campesinos cada vez más empobrecidos, trabajadores agrícolas, inmigrantes temporales, comunidades haitianas establecidas y dominico-haitianas, población LGTB, envejecientes, niños en situación de calle, mujeres víctimas de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar