El gobierno luce decidido a impulsar una reforma fiscal como parte de un paquete de transformaciones que abarcarían cambios radicales en la Policía Nacional y modificaciones al texto de la Constitución, entre una propuesta general de cambios que incluyen otras diez reformas, la mayoría de las cuales no se conoce a fondo.
Solo una de ellas, la referente a la Policía, ha sido objeto de discusión pública. Aunque la transformación de ese cuerpo ha adquirido carácter de urgencia debido a una serie de hechos de sangre que han involucrado a miembros de la institución, es obvio que los cambios planteados son de una naturaleza tan profunda que requerirán de mucho tiempo y de un gran respaldo nacional que al parecer cuenta por el momento.
En el caso de la reforma fiscal, como en las demás, el presidente Luis Abinader ha asumido el liderazgo de la discusión, asumiendo así todo el riesgo político que esas iniciativas podrían significar, sean aprobadas o queden en el laberinto insondable de muchos otros esfuerzos de esa naturaleza intentados en el pasado reciente.
Si algo es evidente es que no está claro que el clima político sea el propicio para lograr el éxito de las iniciativas presidenciales, a despecho de la mayoría oficialista en el Congreso. Las primeras señales sobre el contenido de la propuesta fiscal, por ejemplo, han encontrado resistencia de la clase media y los sectores más vulnerables. Y el peso de la tradición de reformas anteriores aumenta los temores de que la parte gruesa de las cargas tributarias recaiga sobre quienes han tenido siempre que llevarlas a cuesta.
El caso es que a despecho de la aparente férrea decisión del presidente Abinader de liderar esa y otras reformas, el ambiente político sugiere la imposibilidad de un gran acuerdo nacional que las haga factibles, con las fuertes premociones que seguirían a una imposición unilateral en las actuales circunstancias.