Si el argumento de la fiscal del Distrito Nacional para desestimar la investigación de la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández tiene asidero legal y lógica jurídica, creo que el gobierno debe suprimir el Departamento de “Persecución” de la Corrupción Administrativa (ex Depreco) y la Comisión de Ética y “Combate” a la Corrupción.

Si no hay base jurídica para investigar una querella que imputa blanqueo de dinero proveniente del erario, los organismos establecidos para perseguir la corrupción son una gran pantalla para rendir homenaje a la hipocresía y quienes ahí están nombrados son poco menos que come sueldos que nada pueden hacer.

Quizás por eso en los últimos 20 años hemos visto muchos encierros de primera (banqueros, mandaderos y queridas de narcotraficantes, lobbistas y figuras de la farándula) pero ni un solo político pese a que algunos son padrinos o socios de aquellos.

Que contratistas y suplidores del Estado donen fondos –que provienen de pagos del Estado- a un gobernante que está saliendo del poder no parece ser un delito de blanqueo de dinero para la fiscal Yeni Berenice Reynoso, porque “no existe en República Dominicana un marco legal que tipifique y sancione las donaciones recibidas por funcionarios públicos”.

La representante del Ministerio Público decidió no investigar la querella en contra de Fernández y Funglode porque “por la deficiencia del sistema legislativo dominicano en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas”.

Si la sociedad dominicana, la comunidad jurídica, las academias, los dirigentes políticos, dignatarios religiosos y la prensa nacional aceptan y saludan esa decisión del Ministerio Público, no entiendo para qué sigue abierto el ex Depreco y la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción a sabiendas de que es imposible conseguir un enjuiciamiento con apego al derecho.

Si es como dice la fiscal Reynoso, el presidente Danilo Medina debe ordenar cerrar el ex Depreco y la Comisión de Ética -que ya sabemos que tienen las manos atadas legalmente para investigar- y dedicar el dinero que les pagan a esas personas a la construcción de nuevas cárceles para meter allí a la legión de tontos que se dedica a robar salami y a despojar a damas de cadenas de oro y carteras.

Está más que claro que si la cosa es como dice la fiscal, la existencia de estos “organismos” no se justifica porque no pueden someter a nadie y nada explica que a esos funcionarios se les regale un sueldo para no hacer absolutamente nada.

¿Para qué sirve el ex Depreco y la Comisión de Ética si hay un vacío legislativo para enjuiciar la corrupción?

Las incoherencias están a simple vista… y esto que no me interesa ir al fondo de tema, porque eso corresponde a los juristas a falta de ciudadanos conscientes de su responsabilidad.