El sistema judicial dominicano debe hacer un constante esfuerzo de modernización y mejoramiento del servicio público que ofrece al usuario, siendo más eficiente en el procesamiento de los casos, optimizando sus recursos y actuando de acuerdo con los criterios de legalidad, independencia y eficiencia en la impartición de justicia.
Un sistema judicial efectivo es esencial para el funcionamiento del mercado interior y las relaciones con nuestros socios comerciales y estratégicos en el mundo. Es un derecho fundamental poder resolver las controversias en un espacio de entendimiento y confianza con los jueces, pues una justicia fuerte, calificada e independiente garantiza crecimiento económico, fomento de la inversión y es vital para el desarrollo.
Recientemente el Consejo del Poder Judicial emitió la norma 020/2019 para regular entradas y salidas a las salas de audiencia e instalaciones de oficinas de los tribunales y un manejo de los jueces totalmente distante de las partes y abogados, prohibiendo, incluso, el acceso a zonas de administración no catalogadas como públicas.
Pero, cuidado porque la justicia es un servicio público. El juez aséptico, indiferente y cerrado no es por esto mejor y más imparcial que el de puertas abiertas. Si se habla de prohibición de acceso al juez para conocer de manera directa asuntos con las partes interesadas del caso también se deberían tocar los temas del mejoramiento del acceso primario al sistema para que sea menos burocrático, se potencien los mecanismos de agilización de las decisiones judiciales y, sobre todo, la definición del verdadero perfil del juez democrático.
Exploremos la modernización de las administraciones judiciales, mejor comunicación y consultas donde el papel de la tecnología es fundamental, capacitación del personal judicial y administración de justicia centrada en el usuario.
El problema de la parcialidad o falta de independencia judicial no se resuelve con tribunales de puertas cerradas que, mal entendidos, generan más endiosamiento de jueces. El verdadero juez solo debe tener un traje de amianto ético, de integridad y de autenticidad. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin proponérselo, quizás esté escondiendo la basura debajo del mueble y prolongando el verdadero problema. Cuidado magistrado Luis Henry Molina, la fiebre no está en la sábana.