La declaración jurada de bienes, viene desde el año 1961. El texto legal obligaba a los funcionarios públicos, sean entrantes o salientes, jurar por escrito sobre los bienes que poseían al asumir el cargo y los que poseen al salir del mismo.
Para ser exacto, en la República Dominicana, este mecanismo legal de fiscalización y control se estableció en la Ley 5729, del 29 diciembre de 1961. Desde ese año sólo se conoce la declaración de bienes de Juan Bosch junto a su esposa, doña Carmen Quidiello.
El juramento se hizo 7 días antes de Bosch asumir la jefatura del Estado. Es decir, el 5 de marzo de 1963, aproximadamente. El Notario Público que certificó la declaración fue el Dr. Fabio García Mota.
¡Lea bien! En la historia dominicana sólo Juan Bosch, en 1963, hizo su declaración antes de asumir la Presidencia de la República.
¿Y qué declaró don Juan y doña Carmen como sus bienes?
Que no poseen ninguna clase de bienes muebles ni inmuebles, propiedad rural ni urbana, ni acciones en ninguna Compañía ni fondos en dinero u otra especie en la República Dominicana ni en el extranjero.
Como suele ocurrir en nuestro sistema legal, la Ley 5729 se puso vieja sin apenas cumplirse. Por esa razón, diez años más tarde, el 4 de abril de 1971 se aprobó la Ley 144. Pero no sirvió de mucho, porque surgió natimuerta. Entonces fue derogada por otra nueva, la Ley 82-79, de diciembre de 1979. Ésta obligaba a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado, de todos los bienes que en ese momento constituían su patrimonio.
El régimen 82-79 estuvo vigente hasta que se promulgo la Ley 311-14, promulgada el 8 de agosto del año 2014. Esta nueva reglamentación instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
Es preciso aclarar que la Ley No. 311-14, vigente, no obliga a que se declaren los bienes antes de asumir la función. El artículo 5.- consigna que “Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta (30) días siguientes a su toma de posesión”.
Más adelante el mismo artículo establece que “la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”. Es decir, que la declaración de Margarita Cedeño, debió incluir los bienes de su esposo, el expresidente Leonel Fernández. ¿O será que están incluidos?
Si es así, entonces ahora es menos creíble el juramento hecho por la ex vicepresidenta.
Igual que las leyes anteriores, la 311-14 dispone que “La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público, el cual se publicará por cualquier medio, electrónico o impreso”.
El juramento se deposita en La Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Este será, según el artículo 4, “el órgano responsable del control, fiscalización y aplicación de la presente ley”. El articulo 10, por otro lado, “crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos”… como organismo especial de la Cámara de Cuentas.
Una de las funciones de este organismo especial, según el artículo 10, es “Comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas”.
Es por estos postulados legales que las declaraciones de bienes de los funcionarios actuales y los que se fueron parecen el libreto de una farsa. Algo que sería una comedia picante, si no existiera la proverbial pobreza de un gran segmento del pueblo dominicano. Por ejemplo:
Margarita Cedeño declaró 52 millones de pesos, sin saberse si están incluidos los bienes de Leonel Fernández, en su declaración. Danilo Medina juró que tiene unos 25 millones y el Presidente Luis Abinader declaró más de 4 mil millones. Las pertenencias de la ministra de la juventud, Kimberly Taveras, una joven que viene del mundo político de Pedro Brand, ascienden a 72 millones.
Con todo ese derroche danzante de millones, la Magistrada Mirian German, sirviendo toda su vida al Estado en la administración de justicia, no alcanza los 7 millones de pesos.
Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero la lista sería interminable. Lo que si llama la atención es la declaración de bienes de la ex senadora Sonia Mateo. Declaró más de 3 mil millones de pesos, sólo en electrodomésticos. Pero luego rectificó y bajó la suma a un poco más de 3 millones, teniendo ahora un total de unos 18 millones de pesos. No declaró vehículos de su propiedad.
Le comenté esto último a mi vecino.
— Po será que dipué de peidei, agora anda en burra—dijo.