“Hay tarea al menos para una generación. No solo hará falta un liderazgo político firme y lúcido, sino también la implicación de buena parte de la sociedad. Los primeros y últimos responsables somos los ciudadanos”. Cayetana Álvarez de Toledo.
La solidaridad del dominicano está presente en todos los escenarios de desastres, y ha sido por años el sostén psicosocial de una sociedad carente de respuestas por parte de un Estado pantomima y de autoridades indiferentes, deficientes e inoperantes. Ese elemento intangible, es hoy como lo fue ayer, la sostenibilidad emocional de nuestra nación. Se ha constituido en innúmeras ocasiones, en nuestra marca distintiva, y, en la fuerza moral para salir adelante ante situaciones adversas.
Vivir en medio de una crisis como la actual, provocada por la pandemia del Coronavirus, es un momento para reeditar, como en otras épocas, esa noble condición de dar sin esperar y entregarlo todo a cambio de una sonrisa. Nos ayuda a ver el mundo partiendo de distintos matices. Nos recuerda que somos parte individual de un cuerpo colectivo y que lo material, aunque genere bienestar, sucumbe frente al interés humano.
Perder este rasgo diferenciador de una comunidad sui generis, como la nuestra, por ambición o por ignorancia de los que aprovechan las medidas gubernamentales para provocar artificialmente escasez de productos básicos que luego alteran sus precios. Es una arbitrariedad que nos podría provocar una crisis de proporciones incalculables y otros daños colaterales inadvertidos por los usureros e ignorados por el gobierno.
En el artículo 8 del texto Sustantivo de la nación se establece la Función esencial del Estado, que apela según el constituyente, “a la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social”. Lo que significa, que los poderes han de estar vigilantes ante cualquier anomalía social que vulnere la condición de dignidad por cualquier circunstancia.
Como vemos, la naturaleza de la norma fundamental, está concentrada en la protección del hombre hacia el hombre. Dentro de un marco legal basado en las prácticas que generen una situación donde reinen equidad e igualdad. Y, en consecuencia, dinamitar la adquisición de productos de primera necesidad con precios abusivos, limita la capacidad de compra de un pueblo en desgracia, siendo la más brutal de las violaciones al "estatuto general" de la Nación en cuanto a la incubación de desigualdad.
Si no se limitan algunos derechos sobre los cuales el comerciante se ampara para colocar los precios de los productos que ofrece, el Estado correría el riesgo de que se normalice en este escenario, una cultura basada en el engaño y la usura. Peor aún, una ruptura con el pacto social y la posibilidad de eliminar el hombre colectivo y sustituirlo por un -yo individual- carente de conciencia social e imbuido por la vorágine de un capitalismo salvaje que nos hace creer que el mercado puede regir la conducta humana.
Pudiera parecer que veinte años de políticas neoliberales liderados por el comesolismo, ha provocado en el criollo la extinción de la solidaridad y se ha establecido la protección del recurso económico por encima de la vida humana. Dando pie a la acumulación perversa de capital, lo que, sin dudas, es un elemento potenciador de la baja calidad de vida de aquellos que apenas pueden comer. De igual forma, que se institucionalizó el culto al individualismo y se puso de manifiesto, la desprotección estatal y la falta de estabilización de precios.
Solo resta apelar al sentido humano, de quien pretende convertir una crisis humanitaria, en una oportunidad para engrosar las arcas. Ese ser despiadado e inconforme que altera los artículos de consumo masivo, empobreciendo más a los dominicanos, sumidos de antaño en la fluctuante economía informal y en la incapacidad de generar recursos que les garantice el sustento diario de sus familias. Y que el gobierno utilice los mecanismos legales para detener un abuso que provoca: hambre, desesperación y miseria.