Los bienes comunes son distintos a los bienes públicos, y estos últimos son diferentes a los bienes privados y los tres son diferentes entre sí. Los bienes comunes son aquellos cuya disposición individual para la explotación afecta al conjunto de las personas o la sociedad, porque tienen vocación colectiva y no se pueden apropiar indiscriminadamente de forma privada, sin reglas y sustentabilidad.
La disposición para la explotación racional de los bienes comunes puede implicar que dada a unos tal posibilidad de explotación ésta no exista para otros. Los bienes comunes son divisibles y suministrárselo a uno no implica que exista una provisión igual para que otros la exploten, una característica que no tienen los bienes públicos. En los casos de los bienes comunes no se puede dar la exclusión, elemento esencial para asignar un valor de mercado o para considerarlos como bienes privados o bienes de mercado
Todas las personas deben tener acceso a los bienes comunes. Aquellos que pueden obtener beneficios de los bienes comunes deben realizarlo junto con los beneficios y disfrute de los demás, sin prescindir de los otros. No se puede disponer del agua de los ríos y de la naturaleza quitando el acceso al agua a los demás, como sucedió en Bolivia, que se privatizó hasta el agua de lluvia.
Tampoco se pueden explotar nuestras playas para uso y disfrute exclusivo de los turistas excluyendo a los dominicanos de un bien común como este. Nadie puede explotar los bosques eliminando los beneficios que estos ofrecen a todos los individuos y la posibilidad de disfrute de estos. Los principios que rigen la explotación de los bienes comunes se fundamentan en la reciprocidad que conlleva “tomar sin quitar” y “dar sin perder”.
Los dominicanos no sabemos bajo qué reglas se nos excluye de las playas y los beneficios que conlleva tal exclusión para aquellos que las usufructúan, ni los costos de las obras de infraestructuras útiles a los fines del turismo y quiénes las pagan cuando estas se proveen a través del gasto público y los beneficios derivados de las exoneraciones o exenciones de impuestos y los montos de impuestos dejados de pagar por ese sector
Explotar los bosques no debe implicar que nos dejen sin árboles y la tierra arrasada para obtener ganancias a corto plazo, disponer del agua de la naturaleza para tener beneficios privados no puede realizarse dejando a los demás sin aguas como elemento vital, en el presente y el futuro. Los beneficios de los empresarios de los hoteles no pueden obtenerse sobre la base de dejar a los dominicanos sin playas, confinados a unas piscinas insalubres en las vías públicas los días de semana santa.
Tampoco se puede disponer de los materiales de los lechos de los ríos provocando su extinción ni usar los ríos como vertederos cloacales o para cualquier otro tipo de disposición y así alguien tenga beneficios. No se pueden tirar todas las disposiciones de la ciudad a las costas contaminado el mar porque es más fácil, en vez de construir planta de tratamiento para las disposiciones sanitarias.
Garrett Hardin, en el 1968, planteó lo que llamó la “tragedia de los bienes comunes”. Este sostiene que los bienes comunes, por ejemplo los bosques, terminan destruidos por el interés particular de obtener beneficios a corto plazo El individuo o los grupos de individuos en principio sólo tienen como finalidad la obtención de ganancias, aunque su actuación pueda ser racional en función de sus intereses terminan destruyendo los bosques o desapareciendo ese bien común sin dejar nada.
Hardin habla de la degradación del ambiente cuando muchos individuos explotan un recurso común Las hambrunas que pueden ocurrir con la degradación de las tierras cultivables sólo porque en el presente alguien obtiene grandes beneficios y desde ese punto de vista inmediato para él resulta racional ganarse un dinero sin importar los demás y el futuro, como se hace tomando tierras cultivables para urbanizaciones.
Los individuos en la obtención de sus beneficios individuales tienden a estar más motivados para la consecución de sus objetivos que el conjunto de la sociedad para actuar y evitar los daños causados, porque los beneficios obtenidos por cada individuos en el conjunto es menos que los obtenidos por quienes explotan un bien común para sí, pero al final el conjunto social será afectado con la desaparición o destrucción de los bienes comunes. Los individuos no actúan para lograr intereses comunes, sino para lograr sus intereses individuales, lo que dificultad la acción colectiva, según decía Mancur Olson, en su trabajo sobre: “La Lógica de la Acción Colectiva”.
Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de economía de 2009, por sus trabajos sobre el gobierno de los bienes comunes como los bosques y los recursos hidrológicos. Sus escritos tratan sobre los principios y las instituciones necesarias para la gestión de los bienes comunes. Ostrom establece que las prescripciones para la protección y explotación de los bienes comunes no deben fundamentarse en metáforas o en la defensa de instituciones idealizadas excesivamente simplificadas, haciendo referencia a una institucionalidad sin instituciones. Un sistema de leyes y reglamentos complejos no sirven de nada si no hay quien lo haga cumplir y si no existe la posibilidad de poner un inspector o agente donde se necesite.
La premio Nobel no toma como dogmas cuasi teológicos las bondades de la gestión centralizada o de la gestión privada. Una regulación centralizada, según Ostrom, dice poco de cómo debe estar constituido el órgano de control, los límites de su autoridad y como obtendría la información. También la centralización nada dice sobre la selección de sus agentes y su supervisión. En el caso que se resuelva por los derechos propiedad o la gestión privada poco se dice sobre la definición de tales derechos, cómo se medirán los atributos de los bienes comunes y quiénes pagarán los costos de impedir el acceso a los no propietarios y cómo se resolverían los conflictos.
Los dominicanos no sabemos bajo qué reglas se nos excluye de las playas y los beneficios que conlleva tal exclusión para aquellos que las usufructúan, ni los costos de las obras de infraestructuras útiles a los fines del turismo y quiénes las pagan cuando estas se proveen a través del gasto público y los beneficios derivados de las exoneraciones o exenciones de impuestos y los montos de impuestos dejados de pagar por ese sector. Tampoco sabemos los límites de la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y como este decide que hacer o no hacer con los bosques y con el agua de las montañas. Si no hay una preocupación colectiva, del conjunto de la sociedad por los bienes comunes, no la esperemos de aquellos que hoy se benefician.